Con el propósito de fortalecer el rol de las agencias de competencia frente a los desafíos del comercio global, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), en alianza con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PRO-COMPETENCIA) de República Dominicana y ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD), realizó este jueves la XIII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe (GTCC-ALC).

El encuentro de alto nivel, realizado en Santo Domingo, República Dominicana, bajo una modalidad híbrida, reúne a autoridades comerciales, reguladores sectoriales, organismos internacionales y expertos académicos para debatir en torno al lema central: «Reducir barreras no arancelarias, ampliar oportunidades, promover competencia e integración regional».

Superar las barreras invisibles del comercio regional

Durante el acto inaugural, la Coordinadora de Recuperación Económica del SELA, Karla Sánchez, advirtió que si bien los aranceles tradicionales han acaparado la atención en las negociaciones comerciales internacionales, las barreras no arancelarias constituyen hoy uno de los obstáculos más severos para el intercambio y la competitividad.

Destacó que el costo de cumplir con requisitos no arancelarios por ejemplo, en productos agroalimentarios equivale en promedio a un arancel del 17 %, mientras que la UNCTAD ha advertido que estas medidas generan mayores costos de exportación que los propios aranceles en el 88 % en los países analizados. En este contexto, la Coordinadora enfatizó el rol que desempeñan las agencias de competencia para equilibrar las exigencias normativas sin asfixiar la dinámica del mercado:

«No se trata de desconocer los objetivos legítimos que persiguen muchas regulaciones en materia de salud, seguridad, sostenibilidad o protección del consumidor. Se trata de identificar cuándo esas disposiciones generan restricciones innecesarias, elevan injustificadamente los costos de entrada o terminan favoreciendo a determinados operadores en detrimento de otros», puntualizó la representante del SELA.

Asimismo, insistió en que para lograr una verdadera armonización regulatoria es indispensable fortalecer la articulación de las autoridades de competencia con las instituciones responsables de comercio, agricultura, salud e industria.

Institucionalidad y reglas claras para competir por mérito propio

Por su parte la Presidenta de PRO-COMPETENCIA, María Elena Vásquez Taveras, subrayó en su conferencia magistral que la eficacia de los mercados no depende exclusivamente de contar con un marco jurídico en el papel, sino de la solidez de las instituciones para traducir dichos principios en soluciones reales. En este sentido, recalcó que «las oportunidades económicas necesitan condiciones que permitan a los agentes participar, innovar y competir por sus propios méritos», para lo cual se requiere no solo prevenir prácticas anticompetitivas de forma temprana, sino garantizar reglas claras e instituciones capaces de actuar dentro de sus atribuciones. Además, enfatizó la importancia de generar conocimiento a través del análisis de competencia para formular recomendaciones precisas a los órganos estatales en favor de estas prácticas.  

Articulación institucional y apoyo a las PyMEs

La XIII edición del GTCC-ALC, espacio técnico que cumple 15 años consolidando buenas prácticas en la región pone especial énfasis en el impacto diferenciado que el cumplimiento regulatorio ejerce sobre las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), actor fundamental del tejido productivo regional.

Durante las sesiones de trabajo programadas para el 5 y 6 de noviembre, los delegados debaten sobre el panorama regional de las barreras no arancelarias, la regulación en servicios públicos e infraestructura estratégica, la facilitación del comercio transfronterizo y las nuevas exigencias ambientales y de sostenibilidad.

Con la realización de este foro birregional, el SELA reitera su compromiso de articular esfuerzos con los Estados miembros para superar la brecha del comercio intrarregional, promover la convergencia normativa, así como impulsar y consolidar nuevos mercados más abiertos, justos y competitivos en América Latina y el Caribe.