Son múltiples las bondades del uso intensivo y generalizado de las tecnologías digitales. Favorecen la competitividad, democratizan el acceso a la información y fortalecen las capacidades del sector público, permitiendo en última instancia alcanzar un mayor crecimiento económico, estadios superiores de bienestar y mejores oportunidades para todos.
Asimismo, la inversión en infraestructura tiene múltiples canales por los cuales afecta la calidad de vida de los ciudadanos, la productividad de las empresas y la eficiencia de la economía en general. Su impacto específico en la creación de empleo es especialmente relevante debido a su vinculación con los objetivos de política de creación de actividad económica local, incremento de ingreso de las poblaciones vulnerables y la reducción de desigualdad.
La materialización de estos beneficios no ha sido posible dado que las brechas digitales y de infraestructura excluyen a quienes no tienen acceso ni habilidades para su aprovechamiento. De hecho, a escala global las desigualdades se han profundizado, la movilidad social se ha estancado y la productividad se ha debilitado.
En el contexto específico de América Latina y el Caribe, estas brechas son especialmente visibles. Se estima que 32% de la población no tiene acceso a internet, 67% de las escuelas no tienen una velocidad de conexión suficiente y 50% de los países no tienen una agenda de digitalización avanzada. En términos generales, el desarrollo de un ecosistema digital se ubica en una etapa intermedia como expresión de la variada gama de tareas pendientes.
De igual forma, pese a los avances en inversión de infraestructura en servicios públicos como agua potable, saneamiento y electricidad realizados en la región, la heterogeneidad en el acceso y calidad de los servicios es alta. Por ejemplo: a pesar de que la cobertura de agua potable se sitúa en torno al 80% en la mayoría de los países, menos del 60% de las personas opta por beber agua del grifo. Por su parte, el acceso al servicio eléctricos en la región es superior al 90% en promedio; sin embargo, existe una alta disparidad en la calidad del servicio (intermitencia) y su acceso en zonas rurales.
Específicamente, la inclusión de este eje temático en el Programa de Trabajo 2022-2026 apunta a contribuir en el cumplimiento de las siguientes metas:
Impulsar la inclusión digital y el desarrollo de infraestructura sostenible en la región, así como promover la conectividad digital, impulsar y el uso de energías verdes
Las brechas digitales se entienden en tres dimensiones: acceso, asequibilidad y calidad. Para abordar todos estos problemas, la provisión de infraestructura de conectividad es una condición necesaria, aunque no suficiente, como factor habilitante para el uso y explotación de las tecnologías. Los principales desafíos identificados para lograr un mayor despliegue de infraestructura digital incluyen estimular el interés del sector privado en proyectos con rentabilidad incierta, promover la cooperación regional e internacional para aprovechar oportunidades técnicas y financieras, y crear esquemas eficientes de colaboración público-privada. Además, la adopción del Acuerdo de París en 2015 en la COP 21 por 195 países más la Unión Europea es sin duda uno de los mayores esfuerzos jamás realizados por la comunidad internacional en materia de cambio climático. La región de América Latina y el Caribe ha experimentado mejoras significativas desde 2000 en términos de acceso a la electricidad: la proporción de hogares que tienen acceso a la electricidad aumentó del 87% en 2001 al 95,1% en 2019. Sin embargo, estas cifras tan positivas pueden ocultar diferencias significativas. en el acceso entre subregiones, países y grupos sociales. Además, la matriz energética de América Latina y el Caribe sigue siendo predominantemente de combustibles fósiles (energía no renovable: petróleo, gas y carbón) en un 70%. Pese a ello, las energías renovables han avanzado en los últimos años. La energía solar y eólica aumentaron del 4,1% al 14,4%, y la energía derivada de la caña de azúcar aumentó del 19,5% al 28,4% entre 2000 y 2019, respectivamente. En este contexto, el desarrollo de este programa se centrará en promover la consecución de los siguientes objetivos:
06 de noviembre de 2024
