La República Dominicana todavía está a tiempo de actuar con visión estratégica. No para cerrar las puertas a la solidaridad, sino para impedir que la improvisación sustituya a la política de Estado.

Las fronteras terrestres sometidas a presión migratoria se han convertido en una de las nuevas realidades estratégicas del siglo XXI.

Así lo demuestran, con características propias, la frontera entre Marruecos y España en Ceuta, la frontera entre Haití y la República Dominicana y la frontera sur de los Estados Unidos.

Durante décadas, los estrategas militares enseñaban que quien dominaba los grandes estrechos marítimos controlaba buena parte del comercio mundial. Gibraltar, Suez, Ormuz, Malaca y Panamá aparecían en todos los mapas de geopolítica como puntos decisivos para el equilibrio internacional.

Esa realidad continúa siendo válida, pero hoy se suma otra dimensión estratégica: las fronteras terrestres sometidas a intensas presiones migratorias.

Lo ocurrido en Ceuta demuestra que la inmigración irregular ha dejado de ser únicamente un fenómeno social o humanitario. En determinadas circunstancias, puede convertirse en un instrumento de política exterior y en un mecanismo de coerción entre Estados.

La historia ofrece numerosos ejemplos de países que han utilizado los movimientos de población para alcanzar objetivos políticos.

Sin embargo, hoy esa práctica forma parte de lo que los especialistas denominan guerra híbrida: una combinación de presión económica, campañas de desinformación, ciberataques, sabotaje de infraestructuras críticas, coerción diplomática y utilización de flujos migratorios para desestabilizar al adversario sin recurrir formalmente a la guerra.

La reciente crisis de Ceuta constituye una advertencia para todas las naciones. Miles de personas fueron utilizadas como instrumento de presión política en medio de un complejo conflicto que involucra a Marruecos, España, Argelia, la Unión Europea, Israel y los Estados Unidos.

Los migrantes fueron las víctimas visibles. La verdadera confrontación se desarrolló entre los gobiernos.

La República Dominicana no debe contemplar ese episodio como si se tratara de un problema lejano.

Nuestra realidad geográfica, histórica y política nos obliga a extraer enseñanzas antes de que una situación semejante pueda sorprendernos.

Compartimos la isla con un Estado que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia contemporánea. Haití enfrenta el colapso de gran parte de sus instituciones, la expansión de las bandas armadas, el deterioro de la economía, una grave emergencia humanitaria y un desplazamiento constante de población.

Ese drama golpea, en primer lugar, al pueblo haitiano. Pero sus consecuencias trascienden inevitablemente las fronteras de Haití y alcanzan a toda la región, comenzando por la República Dominicana.

Nuestro país ha recibido durante años una intensa presión migratoria procedente del vecino Estado.

Esa realidad exige sensibilidad humana, pero también una visión estratégica.

Ningún Estado puede ignorar indefinidamente un flujo migratorio irregular de grandes dimensiones sin afectar su gobernabilidad, la capacidad de sus servicios públicos, su mercado laboral, su sistema educativo, su infraestructura sanitaria y, en determinadas circunstancias, su propia seguridad nacional.

Por ello, la defensa de la frontera dominico-haitiana no debe interpretarse como una política contra Haití, sino como una responsabilidad fundamental del Estado dominicano.

Defender una frontera nunca debe confundirse con rechazar la dignidad de las personas.

Los migrantes no son enemigos. En su inmensa mayoría son seres humanos que escapan de la violencia, de la pobreza o de la desesperanza.

Precisamente por esa vulnerabilidad pueden convertirse en instrumentos involuntarios de intereses políticos, económicos o criminales que los sobrepasan.

La experiencia de Ceuta demuestra hasta qué punto los movimientos migratorios pueden ser utilizados para presionar a otro Estado.