La movilidad humana en América Latina y el Caribe así como en otras partes del mundo, muestra que cada día es más intensa la presencia de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las/os adolescentes LGBTIQ+ viviendo en situaciones de vulnerabilidad con necesidades específicas.

Por un lado, están expuestas a riesgos y vulneraciones de sus derechos humanos tanto en su país de origen como durante el proceso de movilidad. Entre los mayores riesgos se encuentran la discriminación y la violencia por motivos de género, la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual y laboral, desempleo, pobreza, mendicidad, malnutrición, falta de acceso a comida o medicinas, entre otros. Estos riesgos se exacerban si se encuentran en situación irregular.

Por otro lado, enfrentan mayores barreras de acceso a derechos y servicios de salud sexual y reproductiva, educación, vivienda y trabajo debido a la falta de documentación, xenofobia, trámites administrativos engorrosos, dificultades en reconocimiento y homologación de títulos educativos, falta de información, e inseguridad en las rutas de tránsito.

Las niñas y adolescentes representan alrededor del 20% del flujo de movilidad humana femenina de la región (PNUD, 2020).

Entre el colectivo más vulnerable se encuentran las niñas y adolescentes no acompañadas y/o separadas, incluidas las que viajan con niños pequeños (propios o hermanos), niñas embarazadas, en riesgo o en situación de calle, cuyas necesidades tienden a ser más invisibles porque se recopila muy poca información sobre las necesidades y amenazas específicas y variadas que enfrentan, dado que es menos probable que busquen ayuda y apoyo.

Los desafíos más comunes en torno a la violencia de género en contextos de movilidad humana incluyen la falta de servicios de prevención y respuesta de calidad en áreas peligrosas, remotas o fronterizas; la falta de capacitación para los proveedores de servicios de salud y psicosociales en la prevención y respuesta a la violencia de género y otros enfoques especializados.

Cuando hay programas disponibles, éstos rara vez están diseñados para apoyar a las personas en movimiento y, por lo general, no están diseñados para niñas y adolescentes. Asimismo, la ausencia de redes de apoyo aumenta los riesgos de victimización ante diferentes formas de violencia de género, especialmente la violencia sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual.

Es necesario desarrollar acciones que reconozcan las necesidades diferenciadas de niñas y adolescentes, y el grado de afectación e impacto que sobre ellas tienen las diferentes formas de violencia de género.

Pese a este hostil contexto, las mujeres, niñas y adolescentes que migran son agentes de cambio y de desarrollo para sus familias. Por ello, es clave fortalecer su participación y organización en espacios de toma de decisiones, así como potenciar su resiliencia y sus capacidades como parte de las estrategias de respuesta y recuperación.