El Gobierno de Panamá y la canadiense First Quantum Minerals alcanzaron un acuerdo final de contrato de concesión a 20 años prorrogables para la explotación de una gran mina de cobre, que establece ingresos mínimos de 375 millones de dólares al fisco y amplios poderes de supervisión estatal a la operación, entre otros.

Este convenio del “texto final del contrato de concesión para el proyecto ‘Cobre Panamá’” se alcanzó tras más de un año de arduas conversaciones entre las partes que ya, en enero de 2022, habían anunciado un acuerdo al respecto, después de cuatro meses de negociaciones, sin que se llegara a concretar la firma de este.

El acuerdo anunciado en enero de 2022 incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, “10 veces más” de lo que aportó la empresa anteriormente y el pago de impuestos hasta ahora exentos.

En ese contexto, el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo había ordenado en enero pasado la suspensión de la operación de la mina, y la Minera Panamá S.A. (MPSA), la filial de First Quantum, solicitó a finales de febrero pasado la suspensión de más de 4.000 contratos laborales, lo que fue rechazado por el Ejecutivo. Las partes habían anunciado además litigios en la esfera internacional.

Un comunicado conjunto del Gobierno panameño y First Quantum precisó que, bajo los términos del contrato final acordado, “se espera alcanzar unos ingresos mínimos para el Estado de 375 millones de dólares” anuales, al mismo tiempo que se “garantiza” que Minera Panamá S.A. (MPSA), la filial de la empresa canadiense, “recibirá un rendimiento comercial por su inversión en Panamá”.

Otros de los aspectos “más destacados” del contrato son la existencia de “mayores protecciones laborales y al medioambientales; disposiciones anticorrupción; obligaciones para Minera Panamá de hacer transición hacia fuentes de energía más limpias; amplios poderes de supervisión del Estado; y el derecho del Estado a adoptar medidas contra la evasión fiscal reconocidas internacionalmente”.

El contrato acordado por las partes “estará disponible al pueblo panameño durante un proceso de consulta pública” que desarrollarán durante un período no precisado, tras lo cual será sometido al Consejo de Ministros, para ser llevado primero para “revisión y refrendo del Contralor General” y después ante el Parlamento para su aprobación y posterior promulgación por parte del Ejecutivo.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá, la más grande a cielo abierto de Centroamérica, en base a esta decisión el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo entabló la negociación del nuevo contrato.

La mina Cobre Panamá, con una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019.

La operación en Panamá representa el 50% de la producción global de First Quantum y el 3,5% del producto interno bruto (PIB) panameño, según datos del Deutsche Bank citados la semana pasada por el rotativo local La Prensa.

El presidente Cortizo dijo que las largas y conflictivas discusiones con First Quantum estaban “en la recta final”, aunque advirtió que no cedería a presiones.