La pandemia del COVID-19 continúa su avance por el mundo, dejando tras de sí lamentables pérdidas en el orden social y económico. Ante la sorprendente capacidad de propagación del virus y su letalidad, las principales medidas de contención han sido el aislamiento social y la paralización de sectores no esenciales, en un intento por aplanar la curva de contagio exponencial.

La incertidumbre que acompaña las circunstancias actuales han neutralizado las respuestas globales frente a la epidemia. Sin embargo, en la medida en que progresivamente se conocen sus características ha sido posible mejorar las herramientas de diagnóstico, construir escenarios para la medición del impacto económico y estructurar esquemas de retorno a la vida laboral.

Si bien es cierto que las medidas de cuarentena colectiva han sido acertadas, ante la parálisis económica se presenta el dilema de salvar vidas del coronavirus o protegerlas de la pobreza y del hambre. Por este motivo, es una tarea de primer orden replantear las estrategias de acción ante la crisis, fortaleciendo al unísono la atención a la salud, la protección social y la actividad productiva.

De acuerdo al más reciente pronóstico del FMI, se estima que en 2020 la economía global caerá cerca de -3%, pero en 2021 se recuperará el crecimiento con un rebote de 5,8%. Además de los daños de la crisis, el mundo deberá reinventarse ante los cambios en los patrones de consumo y de producción, y lidiar con el escepticismo reinante en los mercados.

En el caso de América Latina y el Caribe, los efectos de la pandemia junto a la caída en los precios de las materias primas y la reducción en el flujo de las remesas, dibujan un escenario más complicado y desafiante. Las cifras del FMI apuntan a una severa caída de -5,2% en 2020 y una menor recuperación de 3,4% en 2021, provocando la configuración de una nueva “década perdida” por el estancamiento del PIB por habitante.

A pesar de este panorama sombrío, la evolución de la crisis estará sujeta a las decisiones que se tomen y a la celeridad con la cual se actúe. En el entendido de que para enfrentar una catástrofe de las proporciones descritas se requieren medidas integrales en materia de salud, seguridad y economía, en este artículo se ofrecen sólo algunas nociones para su abordaje desde la óptica de la política fiscal.

Esta crisis tiene su génesis en un shock de oferta como resultado de las medidas de cierre de los centros de trabajo. No obstante, ante la prolongación del aislamiento y la ruptura de los circuitos de pagos, se ha suscitado simultáneamente un shock de demanda agregada que podría desembocar en una caída estructural de magnitudes nunca antes conocidas.

En este sentido, las decisiones de políticas deberán estructurar apoyos para levantar la producción y la demanda, con énfasis en garantizar los ingresos y el consumo de los más vulnerables que resienten con mayor fuerza los estragos de la pandemia.

Para incentivar al sector empresarial, la comprensión de sus principales necesidades y aspiraciones es un elemento central que podría guiar las acciones. En la actualidad, estas están centradas en sobrevivir con el menor daño posible a través del aprovechamiento de los apoyos gubernamentales, la búsqueda de mayor liquidez para pagar la nómina y la maximización de las capacidades para trabajar a distancia.

Con esta información, y tomando en cuenta que los recursos son escasos, las autoridades deberán priorizar sus intervenciones. A continuación, se identifican algunas áreas estratégicas con acciones de carácter fiscal para atenuar la crisis:

1. Fortalecer el sistema de salud: la principal medida fiscal es aumentar las partidas del sector salud para robustecer el sistema de atención y reducir así el tiempo de espera para reabrir la economía. Para ello, se podría optar por reasignar partidas de gasto público desde áreas no prioritarias.
2. Garantizar el acceso a bienes y servicios de los más vulnerables: de esta manera se mitigaría una fuerte contracción en la demanda que provoque una recesión de largo plazo. Las decisiones deben buscar fortalecer los programas de transferencias condicionadas, la creación de programas de apoyo a los trabajadores informales y la ampliación de ayudas a nuevos sectores que han sido reclasificados al segmento de vulnerabilidad a causa de la crisis (como ejemplo, las personas de la tercera edad, jóvenes desempleados y trabajadores por cuenta propia).
3. Apoyar a las empresas a mantener el empleo: el desempleo es un enemigo que debe evitarse a toda costa pues sus consecuencias suelen ser persistentes. La estructuración de créditos privados condicionados con esquemas de garantías públicas y la postergación del pago de impuestos de las empresas, podrían suministrar recursos para evitar despidos.
4. Reactivar estratégicamente el aparato productivo: en esta crisis algunos sectores han podido mantener su dinamismo mientras otros se han visto muy aminorados. Por esa razón, los incentivos crediticios, subsidios y programas de compras públicas deberán dirigirse inicialmente hacia sectores que pueden mantenerse en marcha (como las tecnologías de la información y la comunicación o las industrias de la salud) y que tengan alta capacidad de arrastre y empuje para construir sólidas cadenas de suministros.
5. Solicitar Cooperación Internacional: con ello se suman recursos presupuestarios y de reservas para diversificar los riesgos.

Tiempos especiales requieren medidas excepcionales, y poner en marcha estas acciones es un desafío de grandes proporciones. Más aún en los países de América Latina y el Caribe cuyas finanzas públicas se encuentran en posiciones vulnerables. Ante ello, los entes públicos están obligados a incrementar su eficiencia para atender la emergencia sin comprometer la estabilidad social, la sostenibilidad fiscal y procurando poner en práctica las lecciones aprendidas en crisis pasadas.

* Eduardo Piña, es Economista y Especialista de Estudios y Propuestas de la Secretaría Permanente del SELA