En medio del lanzamiento del Capítulo Colombia del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2023-2024, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) y el Gobierno nacional revelaron que, para este año, se necesitarán unos USD $665 millones para atender la situación de 1.6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, colombianos retornados provenientes de Venezuela y comunidades locales de acogida. Se reveló, además, el complejo panorama que vive esta población en lo que respecta a su salud.

“Es claro que ningún país puede encarar los retos que conlleva la movilidad humana de forma solitaria, por lo que debemos tener una agenda común que garantice la regularización, acceso a derechos y servicios, inclusión, la libre movilidad, el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas”, señaló la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil.

“El 47 % de las personas con vocación de permanencia solo tiene acceso a dos comidas al día, el 82 % señala problemas con las condiciones de su vivienda, el 51 % de los grupos de viajeros sufre inseguridad alimentaria severa y el 7 % de los niños y niñas entre 0 y 5 años está en riesgo de desnutrición aguda”, expuso el GIFMM en uno de sus más recientes informes. Los datos surgieron luego de entrevistar a unos 3.000 hogares de migrantes residentes en Colombia.

En lo que involucra al primer semestre del año 2022, se evidenció un aumento en afectaciones de salud respecto al año 2021. Así mismo, incrementaron otro tipo de situaciones dentro de esta comunidad. Esto quedó evidenciado así: intento de suicidio (+51 %), Violencia Basada en Género (+8,8 %), morbilidad y mortalidad materna (+50 %), VIH (+23 %), malaria (+9 %), tuberculosis (+25 %) y dengue (+98 %).

“Las personas refugiadas y migrantes en Colombia han sido fuertemente impactadas por el conflicto armado y expuestos a numerosos riesgos durante sus desplazamientos, entre ellos la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, la VBG, la vinculación y utilización de economías ilícitas, el reclutamiento y utilización de NNA por parte de actores armados ilegales”, señala el informe del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).

Según el reporte, el 84% de las personas venezolanas encuestadas en Colombia, para llegar al país, accedió a condiciones ilegales para ello, por ejemplo, acudió a un traficante o “coyote”. Estas personas fueron fundamentales en el paso de fronteras, por ejemplo, la de Panamá, Ecuador y Venezuela.

“Son múltiples las necesidades que afronta la población refugiada y migrante en Colombia, siendo los niños y las mujeres quienes tienen mayores condiciones de vulnerabilidad. Por tanto, de nuestros esfuerzos mancomunados depende, en gran medida, aliviar el drama que implica la decisión de muchas personas de salir de su país”, dijo Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia y Colíder del GIFMM.

De acuerdo con un reporte de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), codirigido por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para el 2022, unos 4,3 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela tienen dificultades para acceder a alimentación, vivienda y empleo formal, según concluye reporte.

“Las personas provenientes de Venezuela desean compartir sus habilidades y conocimientos, y aportar a las comunidades que las han acogido con generosidad. Muchas ya lo están haciendo” dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela.