Hoy, en este recorrido que vamos haciendo por las distintas dimensiones de las desigualdades y por los ejes estratégicos que CLACSO está trabajando, vamos a tocar la temática de las migraciones. Gran parte de las personas que emigran lo hacen bajo condiciones de extrema vulnerabilidad. La última estimación de la OIM (Organismo Internacional para las Migraciones) habla de aproximadamente 90 millones de personas que fueron desplazadas de sus lugares de origen de manera forzosa por conflictos políticos, sociales o armados en 2021. De ese total, más de 26 millones, además, son considerados refugiados. También la OIM nos muestra que en los últimos años aumentó a su vez la cantidad de desplazados por catástrofes ambientales, ascendiendo a más de 30 millones de personas.
Las condiciones bajo las cuales muchas de estas personas logran trasladarse son de suma vulnerabilidad: la OIM estima que desde 2014, año en el que comenzó a llevar el registro, más de 40 mil personas murieron durante su viaje migratorio. Más de la mitad de estas muertes ocurrieron en el Mar Mediterráneo como varias situaciones que se han reflejado en la prensa a nivel internacional. La principal causa de este flagelo son las políticas expulsivas y anti migratorias de muchos países considerados receptores, que empujan a transitar en el marco de la ilegalidad a las personas migrantes.
A su vez, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó que cada año alrededor de 2,5 millones de personas son víctimas del tráfico ilícito de migrantes, una industria que mueve unos siete mil millones de dólares anuales. Otra actividad criminal que opera en este ámbito es la del tráfico de personas. De acuerdo con la OIT, más de 40 millones de personas son víctimas de trata con fines de explotación, de las cuales más del 80% son mujeres.
Por otro lado, en la región de América Latina y el Caribe, se estima que unos 30 millones de latinoamericanos y caribeños migraron a otras regiones: unos 25 millones hacia América del Norte y otros 5 millones hacia Europa.
Si miramos las situaciones por países, con alrededor de 11 millones de personas residentes en el extranjero, México es el país de la región con el mayor número de emigrantes y el segundo lugar del mundo, después de la India, entre los países con las mayores diásporas. En el tercer y cuarto lugar de la región se encuentran la República Bolivariana de Venezuela y Colombia, con más de 5 millones y más de 3 millones de emigrantes, respectivamente.
En la actualidad en nuestra región, los desplazamientos en América Central y Venezuela son los dos desafíos más importantes desde el punto de vista de América Latina y el Caribe.
Recordemos: la migración desde y a través de América Central obedece a un conjunto de factores muy complejos, como la inseguridad económica, la violencia, la delincuencia y también los efectos del cambio climático. Al final de 2020, Honduras, Guatemala y El Salvador tenían cerca de 900.000 personas desplazadas forzosamente, de las cuales más de medio millón habían cruzado fronteras en las llamadas caravanas de migrantes, como se denominan los movimientos transfronterizos de grandes grupos de personas por tierra, las cuales han aumentado en número y frecuencia desde 2018, y se han enfrentado al aumento de las restricciones por parte de las autoridades migratorias, principalmente la de Estados Unidos y también la de México.
Otro desafío es la migración venezolana. Sigue siendo un reto importante en este caso para los países de América del Sur. Desde 2015, más de 5 millones de personas salieron de la República Bolivariana de Venezuela. Más de 4 millones se han trasladado a otros países de América del Sur. Colombia es el país que tiene la cifra más alta de inmigrantes venezolanos que a julio de 2021 superaban los 1,7 millones. Los otros principales países de América del Sur de acogida de venezolanos son: Perú (más de 1 millón), Chile (cerca de 460 mil) y Ecuador (más de 360 mil). Los distintos países han implementado iniciativas en términos de la regularización masiva para apoyar la migración mayoritaria venezolana, de los que más de la mitad está en situación irregular o indocumentada.
Hemos sido testigos, en este último tiempo, de un fenómeno creciente y probablemente crucial, que es el aumento del trabajo migrante. En la última década, la cifra de trabajadores nacidos en el exterior se ha triplicado, a diferencia de la cifra total de migrantes, que ha permanecido bastante estable en torno a los 280 millones de personas (un 3.6% de la población mundial).
De acuerdo con la OIT, la cifra total de trabajadores migrantes a nivel mundial asciende hoy a casi 170 millones de personas, tres veces más que los 53 millones de personas que el mismo organismo estimaba en 2010. Los migrantes representan aproximadamente un 5% de la fuerza laboral mundial en la actualidad, en comparación con menos del 2% que representaban en 2010.
Se trata de un hecho con consecuencias que exceden los procesos de movilidad o de migración, porque tiene efectos en el sistema económico y social global.
Recordemos la importancia de las remesas de los trabajadores migrantes en los países receptores. Lo que quiero plantear es la contribución de las trabajadoras y de los trabajadores migrantes al desarrollo que excede al fenómeno de las remesas. Los migrantes estiman que aportan casi el 10% del PIB a nivel mundial. Y esto se explica porque las trabajadoras y los trabajadores migrantes en las condiciones que desarrollan su actividad, tienden a trabajar más horas, suelen estar ocupados en sectores que son esenciales o claves para la economía, como también el sector servicios y, por supuesto, por el factor de la migración calificada, que también debemos colocarla aquí, aunque tiene aristas o características particulares. Por ejemplo: los médicos que trabajan en Estados Unidos y en el Reino Unido, es decir, un tercio de esos médicos son extranjeros.
Entonces, nos muestra el aporte en términos de desarrollo y bienestar de las personas migrantes, también las barreras y los obstáculos de los países “receptores” a esta población migrante. Y nos plantea, en definitiva, un cuestionamiento que en CLACSO siempre estamos planteando: la migración y la movilidad humana como un derecho.
-Más allá de estos reclamos relacionados con que las migraciones y la movilidad humana estén enmarcadas en las lógicas de los derechos humanos más básicos, vemos cada vez más lógicas represivas. Se han visto endurecimiento en muchos lugares del mundo, en casi todos los movimientos migratorios hay sectores que se encargan de hacer medidas más represivas que de inclusión. Inclusive en algunos casos casi planteando como migraciones de primera y segunda, muy preocupados por algunos migrantes en Europa, muy pocos preocupados por otro tipo de migrantes. Esa dualidad me imagino que también está en análisis y es brutal.
-Absolutamente. Además, debemos recordar también cómo se volvieron más restrictivas todas estas políticas en el marco de los dos años de pandemia. Por supuesto, aquí estamos hablando del fenómeno masivo de la migración asociados a poblaciones que enfrentan grandes vulnerabilidades: esa es la migración que se ha vuelto más restrictiva, donde se ponen obstáculos o barreras y no hay respeto a los derechos. De todas maneras, debemos tener en cuenta a la otra migración, la calificada, donde no hay obstáculos o barreras, sino todo lo contrario: hay estímulos para que quienes están calificados dejen sus países de origen y migren generalmente hacia el Norte.