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La corrupción es un fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo, realidad de la que no escapa la región de América Latina y el Caribe (ALC).  Sus graves consecuencias afectan la estructura productiva y el desarrollo socioeconómico de los países, así como la estabilidad de las instituciones democráticas y el estado de derecho. En muchos países de ALC la corrupción es vista como consecuencia inevitable del ejercicio de poder.  Causas de este mal endémico son variadas, pero sobresalen la debilidad institucional, la opacidad en el manejo de los recursos por parte del sector público, y la apatía de la población en la defensa de sus intereses.   En los últimos años la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes y diversas formas de manifestarse. Sus modalidades penetran a los sectores público y privado en forma de prácticas de soborno, fraude, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, desvío de recursos, nepotismo, hasta el uso de información privilegiada para fines personales, entre otras.  En el caso del sector público se presenta principalmente en las áreas de contratación pública; infraestructura pública; empresas estatales; administración de aduanas; y servicios públicos, de acuerdo con el Banco Mundial (BM).[1]  Los impactos de la corrupción son universalmente conocidos, pero al abarcar a sectores del Estado, como contrataciones e infraestructura públicas, sus implicaciones son más graves para los países de bajos ingresos por su incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB).  Los contratos sin licitaciones, la ausencia de competidores, los sobrecostos excesivos de tiempo y dinero, el poco o ningún mantenimiento, obras monumentales sin concluir, y la baja calidad de las obras finalizadas terminan afectando negativamente el crecimiento económico, el alivio a la pobreza, y la inversión privada, en particular las inversiones de las empresas multinacionales cada vez más sometidas a la competencia internacional. Consecuencias graves también se generan del trato preferencial por parte del Estado. Se abusa del manejo de fondos para subsidios directos e indirectos, amortizaciones de deudas y exenciones fiscales y compensaciones para llevar a cabo objetivos no comerciales, que pueden ser desviados para beneficio personal o político. Como el caso de las empresas estatales en quiebra que suelen disfrutar del fácil acceso a préstamos sin fines de lucro por parte de bancos estatales para mitigar los daños causados. La corrupción en las aduanas no es diferente. Se afecta la capacidad de un país para beneficiarse de la economía global al haber retraso en el procesamiento de las importaciones y exportaciones. Igualmente actúa como desincentivo para los inversores extranjeros al aumentar los costos de hacer negocios, y reducir la competitividad de las empresas. No menos importante son los efectos de la corrupción en la prestación de servicios que deberían estar garantizados por el Estado. Se erosiona la gestión pública y el funcionamiento administrativo del Estado cuando se altera el normal cauce de los trámites administrativos para la obtención de un servicio público debido a un soborno.  La complejidad de este flagelo demanda respuestas integradas. La comunidad internacional ha hecho esfuerzos en este sentido al adoptar primeramente la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), primer instrumento jurídico internacional en este campo que reconoce la trascendencia internacional de la corrupción y la necesidad de promover y facilitar la cooperación entre los Estados.  Posteriormente, fue adoptada la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), instrumento internacional anticorrupción jurídicamente vinculante. Sin embargo, las aristas de la corrupción son tan diversas que estas herramientas no han sido suficientes para el logro de una solución duradera.  Se necesita algo más que redoblar la cooperación internacional para ejecutar satisfactoriamente las principales áreas de dichos instrumentos como son: prevención de la corrupción, penalización y aplicación de la ley, cooperación internacional y recuperación de activos. Más allá de identificar las buenas prácticas de algunos países que contribuyen al diseño de estrategias globales y al fortalecimiento institucional de la capacidad de respuesta a este problema mejorando el papel y la eficacia de las agencias anticorrupción, las administraciones tributarias y de auditoría y los sistemas de justicia, los gobiernos están obligados a implementar políticas públicas que ataquen la raíz del problema y sus devastadores efectos en la estructura productiva y en la sociedad.  Son muchos los desafíos que enfrentan los gobiernos al abordar la corrupción, entre ellos identificar qué instrumentos tienden a funcionar y por qué.  No sólo se trata de contar con instituciones sólidas y la creación de marcos legales dirigidos a perseguir y penalizar a los que hacen un uso indebido de los recursos públicos sino también en lograr una mayor transparencia pública, mejor gestión gubernamental, participación ciudadana e inclusión social. De igual importancia es dotar de herramientas tecnológicas a los gobiernos para que apunten a reformas dirigidas a sentar las bases de una gestión gubernamental con un espíritu de transparencia, integridad, inclusión y colaboración.  Se debe profundizar en la digitalización global de gobiernos y ciudadanos para cambiar el rostro de la gobernanza del sector público y sus efectos en la lucha contra la corrupción.   El acceso a la información y una mejor colaboración entre el Estado y la sociedad son herramientas claves para el logro de tal propósito. La falta de información sobre el presupuesto y la gestión administrativa de los recursos públicos impide la contraloría social sobre las actividades y resultados de los gobiernos facilitando así las condiciones para el surgimiento de corruptelas.   En este contexto, el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe requiere de estrategias que promuevan la participación ciudadana y su colaboración activa en la formulación de políticas públicas específicas y que atiendan a sus necesidades.  El progreso que se alcance en estas áreas dependerá de las herramientas que se adopten. El fortalecimiento de la capacidad institucional y el Estado de derecho de la región son elementos indispensables en la lucha contra la impunidad de los actos de corrupción.  La promoción de la adopción de tecnología y la innovación para el monitoreo de los recursos públicos, así como el aumento de la movilización de recursos de las entidades financieras internacionales pueden hacer la diferencia en este sentido. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación también son herramientas de monitoreo que fortalecen la noción de la transparencia y la rendición de cuentas al favorecer la simplificación administrativa reduciendo las oportunidades de corrupción al evitarse el contacto con funcionarios públicos con un comportamiento discrecional en los procesos administrativos.  En conclusión, las consecuencias sociales y económicas de la corrupción afectan de forma negativa el desarrollo de los países. Por una parte, generan pérdidas en el crecimiento productivo como consecuencia del mal uso de los recursos públicos o la concentración de estos fondos en manos corruptas.  Por otra, producen desigualdad social, en la medida que son favorecidos sectores de la población vinculados a las altas esferas políticas con acceso a la administración de los recursos del Estado.    Entre los impactos de la corrupción en las diversas estructuras de los países, destacan los siguientes: Socavamiento de las inversiones y agravamiento de la pobreza. Distorsión de incentivos a la inversión privada local o extranjera lo cual reduce la eficiencia económica y en consecuencia la producción a largo plazo. Exceso de inversión gubernamental en proyectos de capital por la facilidad de captar las rentas de la contratación pública y reducir el retorno de la inversión. Deterioro del ambiente de negocios en el sector privado. Se prefiere invertir en actividades de ganancias rápidas y excesivas en corto tiempo en lugar de las netamente productivas. Falta de visión e innovación en el sector empresarial. La producción de las empresas no depende de su competitividad sino de su capacidad de influencia en los tomadores de decisiones respecto a la regulación o el destino de su actividad productiva. Desarrollo de estructuras monopólicas u oligopólicas en los mercados en el sentido que por lo general el mismo grupo de empresas es el favorecido en la asignación de contratos. Fuga de capitales en la medida en que los beneficios de actividades corruptas son depositados en el extranjero, o están asociados con procedimientos relajados contra el lavado de dinero. Provisión de infraestructura deficiente, lo que aumenta los riesgos de accidentes y costos de desgaste, así como el pago de impuestos adicionales sobre los ciudadanos. Freno a la innovación y el desarrollo creativo al desproteger la propiedad intelectual. Las empresas al pagar sobornos para mantener su competitividad, ya sea con la reducción o exención arancelaria o créditos subvencionados, dejan de invertir en patentes o permisos de funcionamiento. Distorsiones sociales y políticas. Las sociedades pueden enfrentar una pérdida de valores al ver como natural este tipo de actividad. Asimismo, pueden ver seriamente afectados sus sistemas políticos al ser penetrados en la búsqueda de cómplices. Desviación de recursos. Parte del gasto público se destina, ya sea para la lucha contra la corrupción o para el aprovechamiento de actividades corruptas, en lugar de actividades con fines socialmente más productivos como la educación y salud. Disminución significativa de la recaudación de ingresos del gobierno. El BM estima que entre el 30%-50% de los ingresos fiscales totales en países en desarrollo se ven comprometidos por las prácticas corruptas. Afectación de las administraciones aduaneras en cuanto a la facilitación del comercio y protección de las fronteras incluyendo la puesta en riesgo de requisitos de seguridad para el tráfico de mercancías ilícitas, incluyendo armas y narcóticos. Alto costo para la sociedad. El contribuyente que se somete al pago de sobornos paga por la ineficiencia en la prestación de servicios, y varias veces por el mismo servicio. Perjuicio para el consumidor. Cuando la corrupción se vuelve necesaria para adquirir un insumo productivo o evitar controles de calidad mínima, los mercados reciben bienes y servicios en cantidades insuficientes, de menor calidad o más costosos. [1] (http://documents.worldbank.org/curated/en/986521600118147288/Executive-Summary)

La pandemia por COVID-19 trajo consigo un cambio en la dinámica comercial de las empresas, la paralización de la actividad económica mundial, producto de las medidas de contención propició la perdida de numerosas plazas de empleos, cierres de empresas, reducción de los flujos comerciales y de inversión. En este sentido, es necesario la aplicación de medidas y estrategias por parte del sector público para mitigar los efectos negativos de esta dinámica a nivel económico y social. La pequeñas y medianas empresas de la región enfrentan múltiples obstáculos para su funcionamiento y desarrollo. Entre ellos, destaca el limitado acceso al financiamiento, poco valor agregado en su producción, reducidos niveles de capacitación en materia empresarial, altos niveles de informalidad y limitado acceso a mercados internacionales (exportaciones). En este sentido, el diseño e implementación de políticas públicas que atiendan estas necesidades son requeridas con mayor premura. La post pandemia se vislumbra como un escenario con significativas restricciones presupuestarias donde deben existir medidas de contingencia para los sectores más vulnerables y las pymes son uno de ellos. En efecto, la selección de hacia cuáles sectores deben dirigirse los recursos y acciones sigue siendo una prioridad en la agenda pública regional. El SELA en el marco de su Programa para la promoción y desarrollo de las Pymes en América Latina y el Caribe, continúa desarrollando asistencias técnicas a los países de la región. La metodología de identificación de nichos productivos potenciales se ha transformado en una herramienta de trabajo que facilita el diseño de políticas públicas que promuevan el fortalecimiento del ecosistema empresarial. En esta oportunidad, el SELA presentará los resultados de mapeos de nichos obtenidos por Paraguay, así como un diagnóstico de rutas comerciales basados en complementariedades productivas de los países de la región. De esta manera, la Secretaría Permanente brindará un espacio de discusión para evaluar las potencialidades comerciales de las Pymes a nivel regional.

Previo a la situación de emergencia por el COVID-19, el desempeño económico de los países de América Latina y el Caribe manifestaba visibles signos de desaceleración como resultado del estancamiento de los niveles de productividad, el deterioro de la competitividad y un inestable contexto internacional. Con la irrupción de la pandemia, los desafíos se han multiplicado y la región se encuentra frente a la peor crisis de su historia contemporánea. Así lo demuestran las cifras de los organismos internacionales, que además proyectan para 2021 una recuperación inferior al promedio mundial y alertan sobre las amenazas de una nueva década perdida para América Latina y el Caribe. En sus esfuerzos por contener los efectos inmediatos de la recesión, los países han combinado acciones económicas y sanitarias haciendo uso de sus limitados recursos disponibles. No obstante, para evitar la materialización de sus consecuencias a largo plazo será necesario emprender sin demora una agenda de reformas estructurales que sean el resultado de nuevos pactos económicos y sociales. En el marco de estas transformaciones, favorecer la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituye una tarea de primer orden para reconstruir el tejido empresarial e impulsar un crecimiento inclusivo. Estas unidades productivas son un componente central en el entramado económico y social de la región. Constituyen la gran mayoría de las empresas, son proveedoras de una porción significativa de bienes y servicios, generan la mayor proporción del empleo, y son la principal fuente de ingresos de los hogares. Así mismo, las MIPYMES amplían el abanico de opciones para la fuerza laboral con bajos niveles de capacitación y menores oportunidades, convirtiéndose en un mecanismo para acelerar la movilidad intergeneracional, reducir la pobreza, y fortalecer la cohesión social. En virtud de esta relevancia, las empresas de menor tamaño han sido una clara prioridad en el proceso de formulación de estrategias para impulsar el rendimiento económico de la región. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados y las brechas con las grandes empresas se han ampliado como señal de que persisten barreras que limitan su nacimiento y desarrollo. Al respecto, vale la pena enfatizar en tres de los principales retos que enfrenta la región. El primero de ellos, es la creciente informalidad que afecta con mayor vehemencia a los más vulnerables. Su persistencia, tiene fuertes implicancias sociales al restringir el acceso a los sistemas de protección social, y notables efectos económicos al reducir la recaudación fiscal y la eficiencia de los factores productivos.  El segundo, se halla en sus dificultades para acceder a fuentes formales de financiamiento. Con ello, se impide la ejecución de emprendimientos con amplio potencial de éxito, se obstaculizan las decisiones de innovación y exportación, y se reducen las oportunidades de sobrevivencia de las empresas durante períodos de crisis como los actuales. Finalmente, se requiere apoyar la transformación digital de las MIPYMES como factor catalizador de la productividad y de su inserción en las cadenas de valor. La adopción de tecnologías digitales puede ser especialmente útil en la modernización de los procesos, la ampliación de los vínculos comerciales y el incremento en las escalas de producción. Trabajar en la superación de estas limitaciones es un paso en la dirección correcta y redundaría en grandes dividendos económicos y sociales para la región. No obstante, alcanzarlo exigirá un mayor trabajo colaborativo y la formulación de un renovado cuerpo de argumentos y recomendaciones que orienten las acciones. En este sentido, y en el contexto de estos tres desafíos, la Secretaría Permanente del SELA emprende la organización de esta reunión con el objetivo central de construir una hoja de ruta que guíe los esfuerzos de apoyo a las MIPYMES en el corto y mediano plazo, fortaleciendo la sinergia y la coordinación entre los actores que hacen vida en la región.

El tema migratorio es multidimensional y se proyecta al ámbito socioeconómico, cultural y político de los países de origen, tránsito y recepción de migrante, por lo que debe ser estudiado en sus múltiples dimensiones. En este sentido nada mejor para presentar el Observatorio de Migraciones del SELA que la participación de tres expertos  de alto nivel en diferentes aspectos del tema, para abrir el debate sobre como abordar la migración y el establecimiento de mejores prácticas migratorias en los países de la región: la perspectiva de una gestión ordenada y humana de la migración, la promoción de los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente y la transformación de los desafíos de la migración en una oportunidad de desarrollo para los países de América Latina y el Caribe.

En el ejercicio de sus potestades públicas, los organismos de la administración del Estado están sujetos a la legislación de libre competencia de los países. Si bien, las actuaciones de los organismos públicos que están expresamente normadas por ley, no constituyen un ilícito anticompetitivo per se, no están exentos del escrutinio legal en situaciones donde exceden sus atribuciones adoptando decisiones que pueden afectar la libre competencia en los mercados.  A su vez, en el ejercicio de sus funciones, los servicios públicos tienen una constante e importante interacción con los agentes económicos, por lo que muchas de sus decisiones pueden tener repercusión en la competencia de los mercados en que dichos agentes participan. De esta manera, es de vital importancia discutir la razonabilidad de los elementos que fundamentan las decisiones de los organismos públicos, así como los potenciales efectos que aquéllas puedan tener en el buen desempeño del proceso competitivo. Asimismo, los organismos del sector público deben cautelar que sus actuaciones (normativas o actos administrativos) no distorsionen la libre competencia en los mercados, por lo tanto, garantizar que las fundamentaciones de sus decisiones estén basadas en criterios de libre competencia así como adoptar medidas preventivas suficientes para comprender y gestionar los riesgos de libre competencia en el sector público. La Libre competencia en el sector público  responde a: Los Órganos de la Administración del Estado u organismos del sector público en el ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de los fines para los que fueron creados interactúan con los mercados.  Estas interacciones pueden adoptar diversas formas –actuando como agente económico (por ejemplo, comprando bienes o servicios para su operación), en la ejecución de planes y programas propios de sus funciones, o en el ejercicio de su potestad normativa y regulatoria–las cuales dan lugar a una constante y esencial influencia sobre las decisiones de otros agentes económicos. Por ello, las actuaciones de los Órganos de la Administración del Estado generalmente tienen efectos sobre la competencia en los mercados. En determinadas situaciones, estas actuaciones pueden afectar negativamente la competencia y, por esta vía, afectar el bienestar de los consumidores, el ambiente competitivo y la sociedad en general. Por esto, es especialmente importante que en el ejercicio de sus funciones, los Órganos de la Administración del Estado consideren los potenciales impactos de sus decisiones en la libre competencia. Así, surge la necesidad de unificar esfuerzos entre el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)  y el Programa  de Libre Competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile para capacitar a organismos públicos cuyas decisiones inciden directamente en mercados de suma importancia para la sociedad (e.g., telecomunicaciones, salud, infraestructura pública). Para ello, se propone una capacitación online a directivos de organismos públicos de todo Latinoamérica y el Caribe.

Los servicios basados en el conocimiento (SBC) son actividades dinámicas, con potencial de crecimiento y capacidad de atraer inversiones, incrementar las exportaciones, generar empleo de calidad y contribuir al desarrollo regional. Esto ha motivado a muchos países a implementar políticas para promoverlos. El potencial y atractivo de estas actividades se acentuó en el contexto de la pandemia de COVID-19 como consecuencia de la aceleración de la transformación digital, la “economía de la distancia”, la necesidad de reconfigurar cadenas de valor y la posibilidad que ofrecen los SBC de contribuir a una recuperación más rápida de la economía. El desempeño y relevancia de estas actividades en las prioridades de política ha sido heterogéneo entre los países de América Latina (LATAM). A pesar de estas diferencias, en todos los casos existen retos y oportunidades relevantes. Estas economías cuentan con ventajas importantes como el huso horario y la similitud cultural e idiomática para exportar a Estados Unidos, Latinoamérica y Europa occidental. En algunos casos también se destaca la disponibilidad de capital humano calificado a costos competitivos, buena infraestructura de conectividad, así́ como la existencia de distintos mecanismos de apoyo para estos sectores. Sin embargo, surgen grandes desafíos para la inserción internacional de los SBC. En los casos donde el desarrollo de estas actividades es incipiente suelen existir limitaciones en materia de capital humano, financiamiento, infraestructura y apoyo institucional, entre otros aspectos relevantes. En los países con mayor presencia de estos servicios los retos se vinculan a dificultades para escalar, la necesidad de adecuaciones regulatorias y los cuellos de botella de capital humano en algunos segmentos, entre otros. Asimismo, existen desafíos comunes para gran parte de LATAM. Ejemplos de ello son el escaso desarrollo del comercio intrarregional y el bajo aprovechamiento de las oportunidades vinculadas a la exportación indirecta, es decir la incorporación de SBC a otros bienes y servicios de exportación.

Nota de la Secretaria Permanente De conformidad con el numeral 2 del artículo 15 del Convenio de Panamá, es atribución del Consejo Latinoamericano elegir al Secretario Permanente. El Secretario Permanente es electo por un período de cuatro años. El actual titular del cargo, Embajador Javier Paulinich, fue elegido por aclamación en junio de 2017 y asumió el 1° de agosto del mismo año. En este sentido y de acuerdo con la Agenda de esta reunión, el Consejo Latinoamericano en su XIII Reunión Extraordinaria a realizarse el próximo 21 de junio de 2021 (presencial y virtual) deberá proceder a elegir a un nuevo Secretario Permanente para el período 2021-2025. La Secretaría Permanente cumple con informar a los Estados Miembros que, hasta la fecha, sólo se ha recibido la candidatura del Dr. Walter Clarems Endara Vera, para el cargo de Secretario Permanente, presentada por el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Nota VRE.DGRM-UPOI-Cs_508/2021 del día 1 de junio de 2021. El presente documento recoge los artículos del Convenio de Panamá relativas a la elección de Secretario Permanente, así como la nota de postulación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia del Dr. Walter Clarems Endara Vera.

La economía del comportamiento es una perspectiva dentro de la ciencia económica que estudia la gestión de recursos para el logro de bienestar mediante la extensión del conocimiento económico convencional con los fundamentos sobre el comportamiento humano derivados de disciplinas como la psicología, la sociología y la neurociencia[1]. En este sentido, este enfoque se concentra en analizar los factores conductuales que hacen que los individuos tomen decisiones que parecieran irracionales, según la teoría económica convencional, pero que en realidad resultan coherentes con la forma en que las personas piensan y se relacionan en su cotidianidad. Para tales efectos, la economía del comportamiento hace uso del conocimiento existente en otras áreas científicas que estudian el comportamiento humano y centra los esfuerzos de investigación en el estudio empírico de las decisiones económicas mediante métodos experimentales o cuasiexperimentales[2]. Las investigaciones en economía del comportamiento han brindado resultados con implicaciones interesantes para las políticas públicas en general. En primer lugar, este enfoque señala nuevas herramientas de política, como el cambio de opciones preestablecidas o el replanteamiento de incentivos en términos de pérdidas, que pueden emplearse para incentivar a los individuos a tomar ciertas decisiones que conduzcan a una mejora en su bienestar. En segundo lugar, al incorporar los rasgos reales de conducta de las personas, la economía del comportamiento brinda mejores predicciones respecto al impacto de cualquier tipo de políticas que los gobiernos se encuentren realizando. Por último, esta perspectiva destaca nuevas implicaciones sobre el bienestar social al identificar las brechas de utilidad resultantes de ciertos sesgos típicos en la conducta de las personas[3]. Este enfoque se ha estado introduciendo en América Latina y el Caribe a través organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Behavioral Government Lab en conjunto con MineduLAB del Ministerio de Educación de Perú, el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento (IMEC), entre otros. En el mandato del SELA está implícito contribuir a los esfuerzos existentes en materia de difusión y formación en economía del comportamiento para mejores políticas públicas en América Latina y el Caribe. Por tal motivo, la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe se ha planteado la realización de este taller, enfocándose en los conceptos e instrumentos necesarios para llevar a cabo mejores políticas económicas en la región.   [1] Ian M. McDonald, «Behavioural Economics», Australian Economic Review 41, n.o 2 (junio de 2008): 222-28, https://doi.org/10.1111/j.1467-8462.2008.00503.x. [2] Nick Wilkinson y Mathias Klaes, An Introduction to Behavioral Economics, 2.a ed. (Palgrave Macmillan, 2012). [3] Raj Chetty, «Behavioral Economics and Public Policy: A Pragmatic Perspective», American Economic Review 105, n.o 5 (mayo de 2015): 1-33, https://doi.org/10.1257/aer.p20151108.  

Las emergencias y desastres por peligros naturales o de origen antrópico pueden generar la interrupción de las operaciones de las instituciones públicas y de la sociedad, poniendo de manifiesto lo vulnerable que son las operaciones del gobierno, la prestación de servicios públicos esenciales tales como agua, electricidad, comunicaciones, entre otros, y la protección a los más vulnerables. En este contexto, la pandemia del COVID-19 reforzó la necesidad de perfeccionar los planes estratégicos y operacionales ante posibles eventos catastróficos de esta naturaleza. En circunstancias de esta índole, se aspira a que los países cuenten con políticas públicas dirigidas a manejar estas situaciones adversas, garantizar la estabilidad y permanencia de las instituciones públicas y suministrar servicios esenciales a la población afectada y en situación de vulnerabilidad. Los costos económicos y sociales que deben asumir los países producto de los daños por desastres son una carga muy pesada para sus economías. El desarrollo económico y social de la región podría verse obstaculizado a causa de los desastres si no se adoptan las medidas preventivas necesarias para mitigar su impacto negativo. Los conceptos de Continuidad de Operaciones y Continuidad de Gobierno se plantean como políticas de Estado útiles para mitigar los efectos de los escenarios de riesgo. Con el principio de Continuidad de Gobierno (COG) se establecen protocolos, procedimientos y legislación que facilita a los países garantizar sus operaciones esenciales en casos de acontecimientos catastróficos. Mientras que la Continuidad de Operaciones (COOP) contribuye a garantizar que el trabajo de las instituciones públicas y de la sociedad no sea interrumpido ante la ocurrencia de una crisis, o en su caso, facilita el inmediato restablecimiento de las actividades sustantivas. La experiencia demuestra que en la región de América Latina y el Caribe es necesario fortalecer los protocolos, los procedimientos y la legislación para asegurar la continuidad de gobierno cuando se afecten la cadena de mando y la gobernabilidad, así como la prestación de servicios públicos esenciales. Es igualmente importante la cooperación y coordinación que se deben realizar al interior de cada país y hacia afuera con los países vecinos para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales, el apoyo que deben recibir las instituciones del sector privado, y la atención a los ciudadanos para garantizarles todos los servicios públicos necesarios, especialmente, los servicios de salud. Con la continuidad de gobierno se pone de relieve la importancia de la preparación y la respuesta ante un desastre como las labores de rescate, salvamento y atención médica de las víctimas. Asimismo, se acentúa la necesidad de rehabilitar servicios públicos críticos y esenciales y el mantenimiento de la seguridad y el orden público, para lo cual es determinante contar con un nivel de continuidad de operaciones e institucionalidad que permitan que las organizaciones, tanto públicas como privadas, se mantengan funcionando, evitando el colapso en el funcionamiento del Estado y sus instituciones públicas, y garantizando que el sector privado pueda apoyar y complementar las labores de recuperación. Esos escenarios demandarán la existencia de protocolos que garanticen que las autoridades y los funcionarios estén disponibles para asumir sus roles durante la emergencia, puedan anticipar locaciones alternativas, dotación de equipos, el acceso expedito a la tecnología y a las comunicaciones requeridas, y la protección de información gubernamental vital, entre otros. La preparación de las instituciones de protección social, así como de las instituciones de seguridad social, ante situaciones catastróficas es imprescindible para garantizar un nivel de protección y bienestar mínimo entre la población. Es así como los planes y protocolos de COG y COOP necesariamente deben incluir a las instituciones a cargo de prestaciones y servicios sociales que favorezcan la rápida recuperación económica y social de un país afectado por catástrofes naturales.   Las respuestas a los escenarios de emergencia y desastre deben ser integrales. El proceso de planeación, estrategia y atención requiere estrategias que faciliten y garanticen la continuidad operativa e institucional de los actores sociales y las instituciones para enfrentar los riesgos. Elementos que se plasman en protocolos o planes operativos de planeación. Con los protocolos se garantiza que las instituciones estén en capacidad de identificar sus funciones críticas o tareas esenciales; que las autoridades y los funcionarios estén disponibles para asumir sus roles durante la emergencia, que conozcan sus interdependencias con otras organizaciones, particularmente del sector privado; o, cuáles puestos tendrán autoridad delegada por el liderazgo de la institución para propósitos de emergencia específicos. Los procesos de planeación garantizan además la funcionalidad de un país, protegen su estabilidad económica, y ofrecen un nivel de seguridad integral a la población. Por su parte, la previsión social intenta garantizar que las personas puedan seguir satisfaciendo sus necesidades mínimas proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados servicios. El fin último de toda institución de seguridad social es la protección de la población y garantizar comunidades seguras y resilientes, capaces de enfrentar, operar y reponerse ante escenarios adversos, lo cual es posible en la medida de la preparación de este sector clave. En conclusión, las instituciones gubernamentales deben mantener su capacidad de respuesta ante escenarios catastróficos. De allí la importancia de establecer políticas públicas que incorporen la previsión anticipada y la disminución del factor sorpresa en los incidentes desfavorables, principalmente en el sector de la protección y seguridad social, estrechamente vinculados a los gobiernos, así como al sector privado. Entre mejor preparada se encuentre la institución con programas o protocolos, mejores serán sus condiciones para responder a las situaciones de desastres.