Cada año, la inestabilidad económica y política de algunos países de América Latina y el Caribe empuja a miles a emigrar. Pero 2022 fue testigo de fluctuaciones sin precedentes en las rutas, en especial las más arriesgadas como el difícil paso del Darién, entre Colombia y Panamá. Los anuncios contradictorios relativos a la admisión en Estados Unidos a través del Título 42 y la novena Cumbre de las Américas en junio, sin anuncios concretos, no contribuyeron a mejorar esta crisis humanitaria, que en cambio se agudiza en las fronteras.

«Buscar una vida mejor». Detrás de esa fórmula existen diversos motivos para abandonar su país. Desde huir de la caída sistemática de un sistema político y económico, refugiarse de la persecución política, hasta escapar de la violencia criminal o de los efectos del cambio climático; 2022 ofreció una variedad de argumentos para tomar la decisión de irse. 

Y para millones de personas en tránsito en América este año, esa búsqueda de una vida mejor significó perseguir el sueño de coronar el ingreso a Estados Unidos. Un sueño que no tarda en tornarse pesadilla frente al número de trabas impuestas por la naturaleza, los gobiernos o los grupos delictivos en el camino hacia la nación norteamericana. 

La siempre llena de peligros selva del Darién 

El epicentro de esta crisis humanitaria es sin duda el Tapón del Darién. Un trayecto de 266 kilómetros a lo largo del río Panamá y fronterizo con Colombia, que constituye uno de los tramos de selva más impenetrables del mundo. 

Y, aún así, es utilizado desde hace décadas como vía de ingreso irregular a Panamá por personas procedentes de todo el mundo. Con tendencia al alza, y récords este año. Solo en octubre, 59.773 migrantes recorrieron esta peligrosa ruta, según el Servicio Nacional de Migración panameño. 

Gracias a la valiente labor de varios reporteros de distintos medios conocemos ahora un poco más sobre los peligros que se esconden dentro de esa barrera natural entre América del Sur y del Norte.  

Por un lado, están los rigores de la naturaleza: las elevadas temperaturas, la humedad y el frío en época de lluvia; esa misma que agiganta los ríos. Y cuando sus corrientes no se llevan vidas humanas, provocan enfermedades intestinales a quienes les faltó agua potable. 

Roberto Saldana cuenta que el Darién también deja cicatrices permanentes: «Yo perdí tres uñas de los dedos de los pies. Los perdí porque las botas se pudren con el barro y la humedad. ¡Y corrí con suerte que nada más fueron tres!» 

Dentro de la jungla también se cuentan las caídas provocadas por un terreno resbaloso, que causan lesiones o abortos espontáneos de mujeres embarazadas. Además de la topografía, los migrantes están a merced de animales salvajes como serpientes venenosas y grupos criminales. 

Un cementerio al aire libre 

Históricamente, el Urabá y el Chocó colombianos han sido territorios disputados por actores armados en el marco del conflicto interno. Y hoy en día se sigue entrecruzando en esta zona la geopolítica de la exportación de cocaína con el nuevo y florido mercado de la migración. 

El Clan del Golfo, considerada como la mayor banda del narcotráfico en Colombia, es señalada de controlar la ruta dentro del Darién. A sus miembros, los migrantes deben pagar los pasajes de lancha desde Necoclí hasta Acandí y también la entrada a ese impenetrable infierno.

Una vez ingresados, los migrantes no están a salvo de la violencia de esta organización criminal, especialmente conocida por robos y abusos sexuales a mujeres y menores de edad. «Una noche tuvimos que parar antes de llegar a un campamento porque mis niños tenían fiebre. Todavía me acuerdo de los gritos de una mujer que pedía auxilio», contaba Némisis a France 24 en noviembre, después de cruzar el Darién con sus dos hijos pequeños. 

A lo largo del periplo que oscila entre tres y 15 días –con un coste medio de entre 100 y 200 dólares– los viajeros tropiezan regularmente con cráneos, fémures y otros restos de quienes les precedieron, como recordatorios de los peligros mortales a los que se enfrenta todo aquel que se adentra a la jungla. 

Y en medio de esos elementos, una rareza surgió ese año: migrantes que cuentan en la red social TikTok su travesía de la selva. 

Actualmente no existe una cifra oficial de personas fallecidas y desaparecidas en el Darién debido a que muchas víctimas no llegan a ser identificadas. Sin embargo, un registro realizado por un grupo de familiares, así como periodistas, ya contabilizaba 76 venezolanos desaparecidos en la selva, solo hasta mitad de año. Y los que logran salir del espeso bosque no solo llegan con lesiones e infecciones, sino también con estrés postraumático. 

Tapachula, el muro burocrático de Estados Unidos 

Las dificultades de los migrantes en América no se limitan a lodo y serpientes. También se materializan con políticas. Y existe un rincón en el sur de México, pegado a Guatemala, que funciona como el muro que soñaba Donald Trump, pero sin cemento ni vallas. 

En Tapachula, el verdadero verdugo de los migrantes es el ‘tortuguismo’. 80.000 personas de distintas nacionalidades están varadas allí, estimaban las autoridades de la región en septiembre. Dado que la población cuenta con 350.000 tapachultecos, una de cada cinco personas que se encuentran en este momento en el pueblo son migrantes. 

También es donde se registra el 70% de las solicitudes de asilo, un documento que permite, en teoría, no ser deportado hasta alcanzar Estados Unidos. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) es quien otorga ese permiso, pero en Chiapas el organismo lucha con un presupuesto escaso y por tanto una capacidad operativa limitada. 

«Sin ampliar el presupuesto de la COMAR, que está haciendo el mejor trabajo posible con lo que tienen, no se puede mejorar el sistema de tratamiento de solicitudes», sentencia Maureen Meyer, vicepresidenta de los Programas para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en una entrevista con France 24. «Si México realmente quisiera ser un país de asilo, daría más margen de acción a la COMAR», añade.

Tapachula y la estrategia del desgaste 

La COMAR también se enfrentó este año a una llegada en masa de haitianos. Ocupan el tercer lugar en solicitudes de asilo en México, con casi el 14% de las 97.973 solicitudes recibidas entre enero a octubre de 2022. De habla francesa y criolla, ponen a prueba a los escasos traductores de la organización. 

Lo anterior se traduce en una sobrecarga de trabajo para esta oficina y por ende meses de espera para las personas solicitantes de asilo. «Los retrasos para las personas que sí quieren quedarse en México son tan largos, que ellas terminan abandonando sus casos. Son políticas diseñadas para desesperar a la gente», complementa Maureen Meyer.

Si no es una política oficial, es el resultado de múltiples procesos legales demorados por omisiones gubernamentales, que deja a las personas en movilidad en condiciones de vulnerabilidad. «Nosotros sentimos que Tapachula es más difícil que el Tapón del Darién. Los alquileres caros, la acumulación de gente, los procesos interminables, migración que te quiere sacar el ojo: ¡es una persecución al migrante!», denunciaba Franklin Segundo Ferrer, a quien France 24 conoció en junio mientras trataba de sacar un permiso en Tapachula. 

Los alquileres por las nubes y las oportunidades laborales inexistentes hacen de Tapachula un hogar de paso poco favorable para los solicitantes de asilo. 

Y, sin embargo, la normatividad mexicana exige que esperen la resolución de sus casos en el Estado donde hicieron la solicitud, en ese caso Chiapas: el estado más pobre de todo el país. 

Las caravanas de la desesperación 

Todo ello, y la incapacidad de seguir avanzando, ha convertido a Tapachula en una olla a presión. Que explota regularmente, como en febrero, cuando protestas de migrantes exigiendo celeridad a las autoridades migratorias en los trámites, terminaron en un choque contra las fuerzas de la Guardia Nacional. 

Otra muestra de esa desesperación: las caravanas. Este año, el modelo no ha sido muy eficaz y ninguna lograr ir más allá del Estado de Oaxaca.

«Las autoridades les dejaron hacer un poquito de camino y luego los detuvieron, una vez que ya caminaron unos 90 km, con esa misma estrategia de cansar a la gente», recuerda Maureen Meyer de WOLA.

La caravana más notable de 2022 ocurrió en junio. Alrededor de unas 4.500 personas, según el conteo de la prensa local, avanzaron entre los pueblos de Chiapas en un momento simbólico: en el marco de la Cumbre de las Américas, donde los líderes del continente debatían sobre su destino y el de otros miles. Las decisiones posteriores de los diferentes gobiernos de América demostraron que esa cumbre no desembocó en un enfoque más humanitario de la crisis migratoria. 

Limbo administrativo al pie de Estados Unidos

A más de 3.000 kilómetros de Tapachula, otro muro. De cemento esta vez. Se erige como el duodécimo trabajo de Hércules, pero igual que en la leyenda griega, ese último obstáculo no es el más fácil.

Efectivamente, después de cruzar medio continente, queda la hostil frontera de México con Estados Unidos. «Este año, tu probabilidad de ser expulsado si eres mexicano es del 86%; del 63% si eres de Guatemala, del 67% si eres de Honduras, del 58% en el caso de El Salvador y del 25% si eres de Haití», contó Adam Isacson, director de Supervisión de la Defensa de WOLA en octubre. 

Y efectivamente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo en el año fiscal de 2022 un número inédito de más de 2,76 millones de indocumentados. 

Este año, la política migratoria de Estados Unidos fue marcada por un ir y venir del Título 42. Instaurado al inicio de la pandemia durante el gobierno del presidente Donald Trump, la regla migratoria habilitaba la expulsión de adultos solteros y familias que cruzaran sin autorización las fronteras terrestres de Estados Unidos, con la intención oficial de frenar el avance del virus. 

«Pero claramente en 2022 se confirmó que es un instrumento de control migratorio y no de salud pública. Todo indica que te dejan entrar según el país de donde vienes y no según tus necesidades», recalca Maureen Meyer.

La trabajadora de WOLA estuvo en la frontera entre Arizona y Sonora a finales de noviembre y contó a France 24 la delicada situación que conocen de los albergues en esa zona: «Los servicios están al límite de su capacidad, llenos de gente expulsada que se está preguntando ‘¿Y ahora qué sigue? ¿Qué opciones tengo?’. Es un mar de personas en espera, en una gran confusión».

De esta confusión se aprovechan varios actores en la frontera: «Los sectores de la agricultura o la industria en algunos puntos de la frontera se están abriendo de manera informal a los migrantes. Pero está la otra realidad: el crimen organizado que busca cómo lucrarse con ellos». 

De una política de «puertas abiertas» a una reticencia a acoger 

El fin de año también fue testigo del desmantelamiento por policías antimotines de un campamento improvisado en Ciudad Juárez. Las autoridades aseguraron que procedieron por condiciones de salubridad, posibilidad de incendio, e incluso de ahogamiento en el río Bravo.