Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que América Latina y el Caribe concentran el 8% de los 150.000 millones de dólares producidos por la trata de personas al año, con la explotación sexual como el motivo más frecuente.

La trata de personas es la tercera actividad delictiva más lucrativa del mundo, solo después del narcotráfico y las falsificaciones, concluye el informe La Trata de Personas en América Latina y el Caribe que es el resultado de las discusiones de la Serie de Diálogos Técnicos de Trata de Personas (2020-2022) del organismo interamericano.

El documento de 34 páginas, que fue publicado al finalizar el mes de julio, consta de cuatro partes: diagnóstico actual, algunas acciones de fortalecimiento y respuestas de países al problema, abordaje desde una perspectiva integral y multisectorial y algunas acciones claves para fortalecer las capacidades de respuesta de las instituciones.

Venezuela no está incorporada al análisis del problema en el seno del BID. El gobernador designado en 2019, el economista, investigador y profesor universitario Ricardo Hausmann renunció a su cargo, que se le había reconocido como representante del gobierno interino de Juan Guaidó ese mismo año. En su lugar, está Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino en Estados Unidos.

En diciembre de 2020, el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone y la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), Ghada Waly, se encargaron de inaugurar los debates con el objetivo de analizar desafíos y encontrar soluciones para combatir la trata de personas en América Latina y el Caribe.

El estudio precisa que desde el año 2003 el número de víctimas identificadas y de tratantes condenados ha aumentado a nivel global y en América Latina y el Caribe (ALC). Esto puede ser resultado de un aumento de los casos, de una mayor capacidad para detectar a las víctimas por parte de las autoridades, o de ambos.

Las estimaciones de organismos internacionales dan cuenta de un fenómeno en el que los tratantes «consideran a las personas como mercancía, manteniéndolas bajo control a través de un círculo vicioso de intimidación, abuso, violencia y degradación», que abarca alrededor de 40 millones de personas a nivel mundial, cuyas víctimas corresponden en un 65% a mujeres con fines de explotación sexual, en la que una de cada cuatro víctimas es menor de edad.