Deportaciones como política migratoria
El pasado enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibía a sus homólogos norteamericano y canadiense para discutir la agenda trilateral en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Como no podía ser de otra manera, los asuntos migratorios figuraron como prioritarios en el encuentro entre los tres mandatarios.
Desde los años noventa, las deportaciones han sido una estrategia central en la política migratoria de los Estados Unidos. A partir de los años 2000s y con la ‘securitización’ de la migración a consecuencia de atentados terroristas, las deportaciones y también la externacionalización del control de fronteras han sido centrales a la política migratoria de diversas administraciones norteamericanas. El objetivo fundamental de esta política es disuadir a aquellos que consideran emprender el viaje hacia el norte. En un artículo reciente, hemos explorado las consecuencias que esta política tiene sobre las actitudes de los latinoamericanos hacia los Estados Unidos y las consecuencias que ese cambio de actitudes tiene sobre la política exterior de algunos estados, en particular, El Salvador.
Esta gráfica muestra el incesante aumento de las deportaciones hacia países latinoamericanos, especialmente México y el llamado Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala). En El Salvador, en concreto, desde los años 2000 las deportaciones han ascendido a más de doscientas cincuenta mil personas, suponiendo el 4% de su población. En otros países como México y Guatemala, esta cifra se eleva al 2% de la población. Cabe preguntarse sobre las consecuencias de esta política y en particular sobre el impacto que las deportaciones tienen en las relaciones internacionales.
Usar las deportaciones como política disuasoria no parece acertado. Más que disuadir, lo que las deportaciones parecen causar es una búsqueda de rutas alternativas, además de afectar a la circularidad de los movimientos migratorios. Las deportaciones tienen otras consecuencias perversas en varios frentes: no solo generan tensiones económicas en las comunidades de origen. Además, la deportación de convictos se asocia con el incremento de la violencia a nivel local, lo que a su vez genera nuevas presiones para emigrar. En definitiva, a pesar del incremento en las deportaciones, los intentos de ‘re-emigración’ no se reducen.
En particular, en nuestro artículo, analizamos las consecuencias que las deportaciones tienen sobre los sentimientos de los latinoamericanos hacia los Estados Unidos. Trabajos previos han mostrado que la emigración y las remesas que la acompañan son un factor que reduce la hostilidad hacia el vecino del norte. Las remesas monetarias son fundamentales para millones de hogares en América Latina, lo que hace que los parientes que se quedan estén interesados en una buena relación entre los países de origen y destino. Entre otras cosas, la presencia de sus familiares en el norte les hace prestar atención a la información que les llega del país, contribuyendo a disminuir los prejuicios contra los Estados Unidos.
Con las deportaciones, este flujo positivo tanto de información como de recursos financieros se ve interrumpido, lo que unido a las tensiones asociadas al retorno de deportados a nivel local se traduce en una pérdida de confianza y en un incremento de los sentimientos de hostilidad hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, un aliado histórico de los Estados Unidos incluso bajo gobiernos de izquierda se ha observado una pérdida importante de confianza hacia el norte. En el año 2000, más de un 92% de encuestados por el Latinobarómetro afirmó tener buenas o muy buenas opiniones de los Estados Unidos, casi 21 puntos porcentuales por encima de la media en América Latina. Sin embargo, en 2018, aquellos con buenas o muy buenas opiniones de los Estados Unidos se habían reducido a un 62%, prácticamente igualándose al resto de América Latina. En nuestro artículo mostramos cómo esta tendencia y el aumento de las deportaciones hacia municipios salvadoreños están relacionados.
Consecuencias de las Deportaciones para la Política Exterior
Las relaciones internacionales entre países dependen de múltiples factores; pero en América Latina, y sobre todo en América Central y México, la agenda migratoria ocupa un lugar preeminente en las relaciones bilaterales. El aumento de deportaciones y en general el recrudecimiento de las condiciones para emigrar legalmente generan malestar entre la opinión pública. Argumentamos que este malestar se presta a ser capitalizado por líderes políticos de corte populista.
El caso de Nayib Bukele en El Salvador nos sirve para ilustrar este punto. Bajo su mandato, El Salvador ha dado un giro geopolítico distanciándose de los Estados Unidos a pesar de la estrecha vinculación histórica y económica entre los dos países. Entre otras medidas, Bukele introdujo el bitcoin para poner fin a la dolarización de la economía salvadoreña; se ha aproximado a China en el contencioso sobre Taiwán; y se abstuvo junto a otros líderes latinoamericanos de la izquierda más radical en la declaración de las Naciones Unidas contra Rusia por la invasión de Ucrania. Sostenemos que este alejamiento está en parte avalado por el aumento del sentimiento anti-americano entre la opinión pública salvadoreña.
Sin duda, las deportaciones y el malestar que causan, lejos de solucionar el problema de la migración irregular, dan alas a los políticos populistas para embarcarse en aventuras geopolíticas cuando menos preocupantes.
