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Las tecnologías digitales han transformado la vida económica y social de la humanidad. Los modelos de negocios, los mercados de trabajo, los medios de comunicación y la acción de los gobiernos, han sufrido vertiginosos cambios guiados por los avances de la digitalización, a tal punto que para disponer de los servicios más esenciales y apropiarse de los beneficios del proceso de desarrollo, es determinante un acceso de calidad a las redes de conectividad. Estas tecnologías tienen un enorme potencial para propiciar una mayor inclusión social y motorizar el crecimiento económico. Su uso extendido, en especial la masificación en el acceso a internet, ha sido un factor habilitante para el surgimiento de nuevos sectores productivos, la reducción significativa de los costos de transacción y la creación de condiciones para una mayor participación ciudadana en su relación con el Estado. Con la irrupción de la pandemia de la COVID-19 sus bondades han sido aún más evidentes, facilitando la generación de capacidades para reducir la propagación del virus y contener sus costos económicos y sociales. Sin embargo, y pese a todos los avances en materia de acceso y calidad de la conectividad, esta coyuntura también ha dejado al descubierto las enormes brechas digitales que impiden a una significativa porción de la población mundial insertarse en la nueva normalidad del teletrabajo y la teleeducación. Cifras del Banco Mundial revelan que sólo 40% de la población global tiene acceso a internet, apenas 20% tiene conexión banda ancha de alta velocidad y poco más del 27% no posee un celular. El panorama es aún menos alentador para los hogares de menores ingresos donde más del 71% carece de conexión a internet y 21% no tiene acceso a un teléfono móvil. En el contexto de América Latina y el Caribe, estadísticas de CAF (2020) muestran que 32% de la población no tiene acceso a internet. De estos, cifras de la CEPAL dan cuenta de una mayor afectación en las zonas rurales, donde 77% de los hogares no cuenta con conexión, mientras en las áreas urbanas esta proporción se reduce a 23%. Adicionalmente, IICA, BID y Microsoft (2020) señalan que sólo la mitad de los países de la región cuentan con una agenda de digitalización y 67% de las escuelas no disponen de una velocidad de conexión suficiente. A razón de este patrón de acceso a la digitalización, los efectos de la tecnología en la productividad, en la generación de mejores oportunidades para la superación de la pobreza y en la estabilidad política, han sido menores a los esperados. Las brechas han erosionado los dividendos digitales de las poblaciones con menores ingresos y ubicada en áreas remotas. En el caso particular de las zonas rurales, mejorar el acceso a las redes de conectividad puede redundar en cambios significativos en los niveles de vida de sus habitantes, permitiendo avances en materia de productividad, mayor provisión de servicios sociales, incrementos en las capacidades del sector público, y empleos de mayor calidad. Para hacer realidad todos los beneficios de la digitalización, la región deberá enfrentar una variada gama de desafíos que incluyen: a) masificar el acceso a las plataformas de conexión en condiciones de asequibilidad y calidad con un mayor despliegue de la infraestructura, b) actualizar los marcos normativos para impulsar el desarrollo de le economía digital, c) acelerar la implementación de agendas digitales, y d) impulsar la formación en habilidades digitales para el uso intensivo de las herramientas. El futuro será más digital. Más aún luego de la pandemia. Frente a ello, los países de la región deben activar los mecanismos de cooperación internacional, la integración regional y la colaboración público-privada como plataformas para la construcción de estrategias conjuntas, y el aprendizaje de prácticas exitosas. Esta reunión constituye un aporte en esta dirección. 

La atención a los impactos sociales de los riesgos por peligros naturales implica una constante evaluación de los planes de acción y, a su vez, del modelo de gestión predominante. Los peligros naturales son afrontados habitualmente con medidas para salvaguardar la vida de las personas y reordenar el territorio. Es así como el modelo de gestión tradicionalmente ha contado con dos pilares: la protección civil, y los sistemas nacionales y regionales de gestión del riesgo, que han desarrollado e implementado medidas efectivas de prevención, preparación y respuesta. Sin embargo, con la finalidad de contribuir al resguardo de la vida digna de las personas resulta conveniente reconsiderar el papel de las redes de protección social, que incluye a la seguridad social, entre los pilares del modelo de gestión del riesgo. De igual forma, la participación de los sectores estratégicos y la coordinación multisectorial alrededor del modelo de la gestión del riesgo es objeto de continua evaluación. En América Latina y el Caribe, el tratamiento de las condiciones de exposición a las amenazas de origen natural, principalmente hidrometeorológicas, así como de las condiciones de vulnerabilidad ante el riesgo de desastres por pobreza, desigualdad y acceso diferenciado a los servicios sociales abarca la participación y coordinación del sector salud, vivienda, educación, transporte, sector social, sector privado, y más.        En este sentido, los organismos internacionales, a través de los mecanismos de cooperación, cuentan con la capacidad y responsabilidad de promover el análisis del modelo de gestión del riesgo imperante en la región de América Latina y el Caribe. Es por ello que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, y la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ostentada por México, han unido sus esfuerzos para celebrar el seminario “Repensando el modelo de gestión del riesgo de desastres en ALC: riesgos sociales y vulnerabilidad” Este seminario es un espacio para el análisis del modelo actual de gestión del riesgo de desastres a partir de la mitigación de los riesgos sociales en América Latina y el Caribe. Los impactos de los peligros naturales afectan desproporcionadamente a las personas en situaciones de vulnerabilidad, debido a que suelen estar más expuestas a los riesgos y cuentan con menos activos para recuperarse. Es de particular interés la respuesta de protección social de los países y a nivel regional ante la crisis sanitaria por COVID-19. A su vez, este seminario es un espacio para identificar las experiencias regionales en la materia, y el nivel de preparación ante futuras crisis por rebrotes epidémicos y otros peligros naturales.

La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) tiene entre sus actividades de trabajo promover el  desarrollo en América Latina y el Caribe de capacidades negociadoras en la gobernanza del ciberespacio. Para cumplir con esta meta organiza, conjuntamente con el Instituto de Estudios Europeos Internacionales (IEEI), dos cursos de capacitación centrados en la  Ciberdiplomacia y la Techplomacia.  Por la innovación del planteamiento se inició un programa de capacitación con una sesión informativa sobre Ciberdiplomacia y una aproximación a la relación entre la diplomacia y la tecnología. Para posteriormente examinar la aplicación de la diplomacia a los problemas políticos y geopolíticos que surgen con los sectores de las tecnologías digitales. En este sentido, en una primera oportunidad, se realizó el Curso de Especialización sobre Ciberdiplomacia orientado a describir la aplicación de la diplomacia a los problemas políticos y geopolíticos que han surgido en el ciberespacio.  En una segunda etapa se abordará el Curso de Especialización de Techplomacia  dirigido a describir la interactuación entre los Estados y las grandes empresas del sector tecnológico y cómo estas cambian tanto el escenario geopolítico como el mundo empresarial. La referida capacitación continuará con el Curso de especialización en Techplomacia, el cual se presenta a continuación. 

La llegada de COVID-19 ha planteado un reto de enormes proporciones para el mundo en general y en particular para la región de  América Latina y el Caribe.  De acuerdo con el Informe  de la ONU sobre  impacto del COVID en la región, antes de la pandemia, el modelo de desarrollo de la región ya enfrentaba graves limitaciones estructurales: elevados niveles de desigualdad, limitaciones de las balanzas de pagos y exportaciones concentradas en sectores de baja tecnología, crisis cambiarias y de deuda recurrentes, bajo crecimiento, altos niveles de informalidad y de pobreza con  lo que esta crisis sanitaria ha exacerbado la situación profundizando las desigualdades y disparidades. Ya se estima que la pandemia del COVID-19 será la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Los gobiernos de la región se vieron obligados a hacer frente a la pandemia que afecta a todos los sectores de la sociedad a través de medidas de contención para evitar la propagación del virus y medidas de mitigación para manejar el impacto y mitigar sus efectos. Reaccionaron frente a la emergencia en todos los ámbitos, redefiniendo planes y reencausando recursos para responder a la crisis sanitaria, económica, social y ambiental, tomaron medidas para reforzar las capacidades de los sistemas de salud, proteger a los más vulnerables y apoyar la economía para evitar el colapso. Tal como lo señala el trabajo realizado por OCDE “Panorama de las Respuestas de los gobiernos a la crisis”, la magnitud de este efecto y la posible recuperación en los próximos años dependerán de la capacidad de los gobiernos de reactivar sus economías mitigando al mismo tiempo los desafíos sanitarios. La pandemia ha puesto de manifiesto las crónicas deficiencias de la acción del Estado y constituye una gran oportunidad para fortalecer la capacidad de respuesta de la región y corregir las disfunciones existentes.  Un año después del inicio de esta gran crisis, es necesario evaluar los resultados y plantearse políticas a largo plazo. Es por ello por lo que la OCDE y el SELA han considerado importante realizar un seminario online, para exponer la respuesta de la región ante la crisis del COVID-19, en el ámbito social, económico, sanitario, de gobernanza, que pueda servir de punto de inicio para un análisis de lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que se hizo bien, lo que se debe mejorar. Asimismo, se abordará el tema que hoy ocupa el centro de la atención de todos: las vacunas. Cómo se han planteado los países de la región el acceso a las vacunas y cómo se plantean  hacerla llegar a todos sus habitantes. La recuperación dependerá de la capacidad de los gobiernos para reactivar sus economías mientras atienden la crisis de salud pública, lo cual implica que la vacuna sea accesible a todos.

La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) por mandato del XLVI Consejo Latinoamericano tiene entre sus actividades de trabajo promover el desarrollo en América Latina y el Caribe de capacidades negociadoras en la gobernanza del ciberespacio. Para cumplir con esta meta organiza, conjuntamente con el Instituto Europeo de Estudios Internacionales (IEEI), dos cursos de capacitación centrados en la Ciberdiplomacia y la Techplomacia.  Por la innovación del planteamiento se propone iniciar un programa de capacitación con una sesión informativa sobre ciberdiplomacia y una aproximación a la relación entre la diplomacia y la tecnología. Para posteriormente examinar la aplicación de la diplomacia a los problemas políticos y geopolíticos que surgen con los sectores de las tecnologías digitales. En este sentido, en una primera oportunidad, se iniciará el Curso de Especialización sobre Ciberdiplomacia orientado a describir la aplicación de la diplomacia a los problemas políticos y geopolíticos que han surgido en el ciberespacio.  En una segunda etapa se abordará el Curso de Especialización de Techplomacia dirigido a describir la interactuación entre los Estados y las grandes empresas del sector tecnológico. La capacitación inicial comenzará con el curso sobre ciberdiplomacia, el cual se presenta a continuación. 

Esta actividad ha sido preparada por la Secretaría Permanente para apoyar la investigación académica, y externa, en el contexto de temas abordados en el Programa de Trabajo 2020, como la articulación productiva y la inserción de las PYMES en las cadenas regionales de valor. El análisis de la dinámica en el mercado del litio y sus aplicaciones nos muestra la relación entre la explotación del recurso y su intervención en cadena globales de valor. Por la importancia de las baterías de iones de litio, las aplicaciones relacionadas con la movilidad eléctrica permiten visualizar una oportunidad para la conformación de una cadena regional de valor. Sus posibilidades de concreción plantean interesantes desafíos que involucran la integración productiva, el desarrollo científico-tecnológico y la cooperación público-privada. Lo cual representa un verdadero ejercicio práctico de desarrollo regional.  En los últimos años, el aumento de la producción mundial del litio lo posiciona como un mineral estratégico global por su utilización en productos de alto valor tecnológico, especialmente relacionados con la movilidad eléctrica y las energías limpias. La presencia de este recurso en la zona de salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile, conocida como Triángulo del litio, plantea un escenario de oportunidad para la explotación del recurso y la inserción en las cadenas de valor de aquellos productos.  Ello interpela cierta característica tradicional de las economías latinoamericanas: aquella que, desde una consideración general y simplificada de su estructura, las presenta como proveedoras de materias primas, o productos primarios con escasa elaboración, destinados hacia otros mercados donde adquieren valor agregado. En consecuencia, cabe analizar las posibilidades de articular y consolidar una cadena regional de valor en torno del litio, en especial la relacionada con los productos de la movilidad eléctrica.

La Red Latinoamericana y Caribeña de Puertos Digitales y Colaborativos (Red DyC) es una iniciativa que desarrolla la Secretaría Permanente del SELA, desde el año 2014, con el apoyo de la CAF-banco de desarrollo de América Latina, mediante convenio de cooperación técnica y financiera con el que se han desarrollado actividades técnicas con los principales sistemas portuarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay; con el objetivo de identificar, fomentar y difundir las mejores prácticas institucionales, digitales y de innovación en el sector portuario de la región. Además de las actividades de capacitación a los puertos miembros, se han realizado cuatro (4) encuentros: Panamá (2016), Colombia (2017), Perú (2018) y Trinidad y Tobago (2019). Este último, se hizo en colaboración con la Universidad de Trinidad y Tobago (UTT), en el que participaron ejecutivos de la industria, funcionarios ministeriales y agencias públicas, consultores e investigadores de América Latina, el Caribe y España. El objetivo central del evento fue iniciar los trabajos para elaborar una propuesta de agenda 2030 para la transformación portuaria regional para los principales puertos; y reunir a representantes de las comunidades logísticas portuarias miembros de la RED, autoridades nacionales y locales que le darán continuidad a las definiciones estratégicas de mediano y largo plazo con equipos multidisciplinarios según prioridades de competitividad y sostenibilidad. Previo al IV Encuentro Regional Latinoamericano y Caribeño de Comunidades Logísticas Portuarias, se celebró el “III Coloquio de Investigación Científica en Cadena Logística Portuaria” cuyos participantes debatieron sobre la Importancia de las redes en la colaboración científica en logística portuaria regional, y adicionalmente, compartieron impresiones sobre algunos proyectos de investigación aplicada en la cadena logística portuaria. El país anfitrión mostró el funcionamiento del sistema portuario de Trinidad y Tobago. Los participantes debatieron sobre el rol de la transformación institucional y digital en el fomento y facilitación de las comunidades logísticas portuarias y sus perspectivas de impacto para la industria. Los principales sistemas portuarios regionales expusieron sus experiencias y visión en materia de gobernanza, tecnologías comunitarias, sustentabilidad y corredores logísticos de integración. Este año 2020, y debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia derivada de la enfermedad de la COVID-19, el V Encuentro se realizará de forma virtual a través de las plataformas tecnológicas utilizadas para tal fin. Se espera que este evento sea un lugar de encuentro de los principales actores de más alto nivel entre los ministerios, autoridades portuarias nacionales, comunidades logísticas, gremios logísticos, académicos y de cooperación técnica internacional, para conocer proyectos de implementación de soluciones de gestión del cambio en los entornos portuarios. Asimismo, se espera construir una hoja de ruta para la organización del trabajo de la red para el próximo año 2021.

La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) están organizando la “XXXI Reunión de Directores de Cooperación América Latina y el Caribe: Unidad y solidaridad frente a la Pandemia”. Esta actividad está orientada a evaluar las acciones de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia y analizar los mecanismos para hacerla más efectiva y eficiente en el corto plazo. Planilla de inscripción: https://bit.ly/3p5QmNd

Las relaciones entre Europa y los países de América Latina y el Caribe (ALC) están marcadas por profundos lazos históricos y culturales, los que por cierto siguen jugando un rol de preponderancia a la hora de definir la agenda bilateral entre los países de las dos regiones. Desde la década del noventa la Unión Europea (UE) comenzó a desplegar una estrategia de acercamiento con los países de la región a través de la firma de los denominados Acuerdos de Asociación. En particular, la UE comenzó firmando su primer acuerdo de Asociación con México en el año 1997, el que se encuentra vigente desde el año 2000. Dicho acuerdo culminó de renegociarse este año y se encuentra actualmente en proceso de revisión jurídica. Luego de México, la UE firmó otro acuerdo con Chile en 2002 que se encuentra vigente desde el año 2003. En 2008, los miembros del CARICOM suscribieron un tratado con la UE que se encuentra en aplicación provisional desde ese mismo año. En el año 2012 se cerró el Acuerdo Centroamérica - Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que está vigente desde el año 2013, mientras que también en 2012 la UE avanzó con los países andinos (Colombia, Perú y Ecuador), si bien las fechas de entrada en vigor difieren en el caso de Ecuador. Por último, en 2019 se suscribió el tratado entre el Mercosur (sin Venezuela) y la UE, el que al igual que en el caso de México se encuentra en proceso de revisión jurídica para iniciar el proceso de traducción (se apuesta a que el mismo sea firmado antes de fin de año). La firma de acuerdos con prácticamente todos los países de ALC (con la sola excepción de Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam), le otorga al bloque europeo un diferencial respecto a Estados Unidos y China, los otros dos principales socios comerciales de la región. La importante red de acuerdos anteriormente mencionados, podrían generar un mayor dinamismo en los procesos de convergencia entre los diferentes bloques comerciales de la región, caso del Mercosur con la Alianza del Pacífico, o incluso favorecer el acercamiento comercial entre países como México y Brasil. En un mundo marcado por la guerra comercial, hoy ya denominada Guerra Fría entre Estados Unidos y China, la profundización de las relaciones comerciales, políticas y de cooperación entre los países de ALC con la UE se torna cada vez más relevante y se le otorga desde ambos lados una importancia geopolítica de consideración, especialmente si se tiene en cuenta los desafíos que se enfrentarán en la agenda global en los próximos años. Por otro lado, avanzar en la firma de nuevos acuerdos comerciales y, renegociar los existentes, podría favorecer un nuevo impulso del comercio entre los dos actores y un aumento de las inversiones, además de seguir avanzando en la armonización de normas que regulen y faciliten los negocios internacionales. En este escenario, la firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE es un paso que abre definitivamente una nueva etapa en las relaciones birregionales.