La seguridad alimentaria constituye uno de los desafíos estructurales más complejos para América Latina y el Caribe, en un contexto caracterizado por presiones simultáneas sobre los sistemas agroalimentarios derivadas del cambio climático, la volatilidad de los mercados, la persistencia de desigualdades territoriales y la necesidad de avanzar hacia modelos productivos ambientalmente sostenibles. Si bien la región mantiene un papel relevante como oferente de alimentos a nivel mundial, continúan registrándose brechas significativas en el acceso, la estabilidad y la asequibilidad de los alimentos, particularmente entre poblaciones rurales y hogares de menores ingresos.

De acuerdo con estimaciones recientes, la inseguridad alimentaria moderada o grave afecta a más de una cuarta parte de la población de la región, mientras que el costo de una dieta saludable continúa siendo el más elevado a nivel global. Estas cifras evidencian que, más allá de los avances parciales registrados en los últimos años, la seguridad alimentaria sigue representando un reto estructural para América Latina y el Caribe, estrechamente vinculado a factores productivos, ambientales y socioeconómicos.

En este escenario, la problemática ya no puede abordarse únicamente desde la expansión de la producción, sino que exige un enfoque integral orientado a impulsar la productividad agroalimentaria con sostenibilidad, entendida como la capacidad de aumentar la producción y la eficiencia sin comprometer la base de recursos naturales ni expandir la frontera agrícola, fortaleciendo al mismo tiempo la resiliencia frente a los impactos del cambio climático. La evidencia regional indica que el crecimiento agroalimentario reciente ha estado asociado, en gran medida, al incremento en el uso de insumos, más que a mejoras sostenidas en la productividad total, lo que plantea riesgos económicos, sociales y ambientales a mediano plazo.

A ello se suman los efectos crecientes del cambio climático, que ya están incidiendo sobre los rendimientos agrícolas, la estabilidad del abastecimiento y los medios de vida rurales, particularmente en territorios con alta vulnerabilidad socioeconómica. En consecuencia, la productividad sostenible y la resiliencia climática se consolidan como condiciones indispensables para garantizar la seguridad alimentaria presente y futura de la región.

Paralelamente, los cambios recientes en el entorno internacional están reconfigurando los incentivos y requisitos que enfrentan los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe. El avance del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino sobre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur introduce exigencias crecientes en materia de estándares sanitarios y fitosanitarios, sostenibilidad ambiental y trazabilidad de las cadenas productivas. Estos elementos, lejos de constituir únicamente un debate comercial, tienen implicaciones directas sobre la productividad, la organización de las cadenas de valor y la capacidad de los Estados para traducir el dinamismo productivo y exportador en resultados efectivos de seguridad alimentaria.

Frente a este contexto, la cooperación regional emerge como un factor habilitante clave para fortalecer capacidades institucionales, promover la convergencia regulatoria, mejorar la disponibilidad y el uso de información, e impulsar la adopción y el escalamiento de innovaciones productivas sostenibles.

En este sentido, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA),  en cumplimiento de su mandato en  los ultimos años, ha creado una linea de trabajo progresiva en materia de seguridad alimentaria y sistemas agroalimentarios, impulsando espacios de análisis y diálogo orientados a identificar soluciones prácticas y replicables para los desafíos de la seguridad alimentaria en la región. En 2023, se promovió un espacio de análisis orientado a examinar los retos de la integración regional y la cooperación en seguridad alimentaria, con énfasis en la convergencia de políticas y la reducción de vulnerabilidades en los sistemas de distribución. Posteriormente, en 2024, el trabajo se profundizó mediante un seminario técnico centrado en los indicadores para la evaluación integral de la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios, particularmente en su dimensión comercial, incorporando aportes especializados de organismos internacionales. En 2025, esta trayectoria se amplió hacia el análisis de la modernización tecnológica, la biotecnología y la agricultura de precisión, como herramientas para mejorar la productividad y la sostenibilidad del sector agroalimentario regional.

En coherencia con estas prioridades adoptadas en el marco del Programa de Trabajo 2026-2029 (D-4-25) perteneciente al Programa I Desarrollo Sostenible y Resiliente, en su proyecto A Apoyo técnico para la cooperación y desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe, se concibe la Actividad I denominada IV Seminario Virtual de Seguridad Alimentaria: “Seguridad alimentaria, impulsando la productividad y la sostenibilidad de América Latina y el Caribe” como un espacio técnico regional orientado a examinar cómo la productividad agroalimentaria sostenible, la resiliencia climática y la cooperación regional pueden contribuir de manera efectiva a fortalecer la seguridad alimentaria. El seminario buscará aportar insumos analíticos y orientaciones de política pública que permitan avanzar hacia sistemas agroalimentarios más productivos, sostenibles e inclusivos, capaces de responder tanto a las necesidades internas de la región como a las exigencias de un entorno internacional cada vez más complejo.

La seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe presenta una trayectoria reciente caracterizada por avances parciales en la reducción del hambre, coexistiendo con niveles persistentemente elevados de inseguridad alimentaria y dificultades de acceso a dietas saludables, lo que confirma la naturaleza estructural y multidimensional del desafío. Los impactos acumulados de la pandemia, la inflación alimentaria, la volatilidad de los mercados y los efectos del cambio climático continúan siendo elevados y heterogéneos, condicionando el desempeño de los sistemas agroalimentarios y la capacidad de los hogares para garantizar una alimentación adecuada. 

De acuerdo con el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en América Latina y el Caribe 2024 (FAO et. al 2025), la prevalencia de la subalimentación (PoU)[1] en la región se situó en 6.6 % en 2022, reduciéndose a 6.2 % en 2023, lo que evidenció una recuperación gradual en términos de disponibilidad de energía alimentaria mínima. En el mismo orden de ideas, estas estimaciones son consistentes con las presentadas por la FAO (et.al. 2024) en su informe  SOFI 2024 [2], que ubica la PoU regional en un rango cercano al 6.1 % para el período 2022–2023[3], confirmando una estabilización del indicador en niveles aún superiores a los observados antes de la pandemia.

La actualización más reciente, contenida en el SOFI 2025 (FAO et al. 2025), muestra que esta tendencia descendente se mantuvo en 2024, cuando la PoU alcanzó el 5.1 % de la población regional. Si bien este resultado representa un avance significativo, continúa reflejando la persistencia de bolsas estructurales de hambre en la región.

No obstante, la evolución favorable de la subalimentación contrasta con los niveles aún elevados de inseguridad alimentaria moderada o grave, medida a través de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES)[4]. En 2023, este indicador afectó al 28.2 % de la población de América Latina y el Caribe, según el Panorama Regional (2024), cifra que coincide con las estimaciones del SOFI (2024), que sitúa la inseguridad alimentaria moderada o grave regional en un rango entre 28 y 29 %. En 2024, según FAO (2025) reporta una reducción al 23.3 %, lo que equivale a más de una quinta parte de la población regional. Esta diferencia entre la mejora en la PoU y la persistencia de niveles elevados de FIES pone de manifiesto que el aumento de la disponibilidad agregada de alimentos no se traduce automáticamente en un acceso estable y adecuado para amplios segmentos de la población.

Uno de los factores estructurales que explica esta brecha es la limitada asequibilidad de las dietas saludables, medida a partir del indicador de costo de una dieta saludable (CoHD)[5] y de la proporción de la población que no puede permitirse una dieta saludable. Bajo la misma premisa se identifica que América Latina y el Caribe registra el costo promedio más alto del mundo, estimado en USD 4.56 (PPA) [6]por persona por día, superando el promedio global y el de otras regiones en desarrollo. Como consecuencia, 182.9 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable en 2023, según FAO (et al. 2024). Esta situación se mantiene en 2024, que estima que el 27.4 % de la población regional, equivalente a aproximadamente 180.3 millones de personas, continúa sin acceso económico a una alimentación saludable, datos de FAO ( SOFI 2025). Estos datos confirman que el desafío de la seguridad alimentaria en la región está estrechamente vinculado a la interacción entre precios de los alimentos, ingresos de los hogares, estructura de los mercados agroalimentarios y políticas públicas.

Desde una perspectiva estructural, el desempeño productivo del sector agroalimentario revela limitaciones significativas en términos de productividad sostenible. Diversos análisis coinciden en que el crecimiento agrícola en América Latina y el Caribe ha estado históricamente sustentado en la expansión del uso de insumos, tierra, agua, fertilizantes y energía. Dando como resultado un esquema de más aumentos sostenidos de la productividad total de los factores (PTF).[7] Entre 2001 y 2020, la contribución de la PTF al crecimiento del valor agregado agropecuario de América Latina y el Caribe fue inferior a la observada en otras regiones en desarrollo, lo que incrementó la presión sobre los recursos naturales y redujo la capacidad de los sistemas productivos para absorber choques externos. Este patrón de crecimiento extensivo compromete la sostenibilidad económica y ambiental del sector y afecta de manera directa la estabilidad del abastecimiento alimentario a mediano y largo plazo.

Los indicadores internacionales de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible refuerzan este diagnóstico. En particular, el análisis del indicador ODS 2.4.1,[8]presentado en el informe Tracking progress on food and agriculture-related SDG indicators (FAO, 2025), evidencia que ningún país ha alcanzado plenamente los criterios asociados a una agricultura simultáneamente productiva, resiliente y ambientalmente sostenible. América Latina y el Caribe se ubica en un nivel intermedio de avance, con progresos insuficientes para cumplir las metas establecidas, enfrentando desafíos como la degradación de suelos, el uso ineficiente del agua y los nutrientes, la limitada adopción de prácticas productivas sostenibles y brechas en capacidades técnicas y estadísticas, particularmente entre pequeños productores.

A estas restricciones estructurales se suman los impactos crecientes del cambio climático, que actúan como un factor de estrés adicional sobre los sistemas agroalimentarios. Evaluaciones científicas recientes señalan que el aumento de la temperatura media, la mayor frecuencia e intensidad de sequías, inundaciones y eventos climáticos extremos ya están generando pérdidas de rendimiento en cultivos clave y afectando la ganadería, especialmente en sistemas de agricultura de secano y en territorios con alta vulnerabilidad socioeconómica. En ausencia de medidas de adaptación, se prevé que estos impactos se intensifiquen, incrementando la volatilidad de la producción, los precios de los alimentos y los ingresos rurales, con efectos directos sobre la seguridad alimentaria y la estabilidad de los medios de vida.

En paralelo, la coyuntura internacional introduce elementos adicionales que inciden sobre los sistemas agroalimentarios de la región. El avance del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino sobre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, autorizado para su firma en 2026, consolida un marco comercial de gran escala que involucra un intercambio de bienes superior a EUR 110.000 millones (aprox. USD 120.000 millones) y de servicios por encima de EUR 50.000 millones (aprox. USD 55.000 millones) anuales. Este acuerdo incorpora compromisos en materia de comercio y desarrollo sostenible, cooperación regulatoria y estándares de calidad, que inciden directamente en la organización, los costos y la competitividad de las cadenas agroalimentarias.

Desde una perspectiva técnica, este nuevo entorno refuerza la necesidad de elevar la productividad con sostenibilidad, más que de expandir volúmenes de producción. Las exigencias asociadas a la trazabilidad, la gestión ambiental y la transparencia en las cadenas productivas plantean desafíos relevantes para los países y productores de la región, particularmente para aquellos de menor escala, que enfrentan brechas en capacidades técnicas, institucionales y financieras. Sin políticas públicas adecuadas y mecanismos de cooperación, estas exigencias pueden profundizar asimetrías y limitar la capacidad de los sistemas agroalimentarios para contribuir de manera efectiva a la seguridad alimentaria interna.

La evidencia disponible demuestra que el fortalecimiento de la inserción internacional de los sistemas agroalimentarios no garantiza, por sí solo, mejoras en la seguridad alimentaria. Es posible observar la coexistencia de un dinamismo exportador con elevados niveles de inseguridad alimentaria, bajos ingresos rurales y alta vulnerabilidad frente a choques externos. De ahí la necesidad de alinear las estrategias de productividad, sostenibilidad y comercio con objetivos explícitos de seguridad alimentaria, desarrollo rural inclusivo y resiliencia climática, mediante enfoques integrados y basados en datos.

En este contexto, la cooperación regional adquiere un papel estratégico para abordar desafíos que trascienden las capacidades nacionales. El fortalecimiento de capacidades productivas sostenibles, la mejora de los sistemas de información y medición, la convergencia regulatoria y el intercambio de prácticas e innovaciones requieren respuestas coordinadas. Desde esta perspectiva, el abordaje de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe demanda espacios técnicos regionales que permitan profundizar el análisis de las brechas estructurales y coyunturales existentes y generar orientaciones de política pública basadas en evidencia y experiencias comparadas.

[1] La Prevalencia de la Subalimentación (PoU) es el principal indicador global para medir el hambre, el cual forma parte del marco de seguimiento de las Naciones Unidas. Específicamente, es el indicador oficial 2.1.1 dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2. Se mide mediante un modelo estadístico que estima la probabilidad de que la ingesta calórica habitual de una persona de esa población sea insuficiente para cubrir sus necesidades energéticas mínimas, basándose en la disponibilidad total de alimentos y su distribución.

[2] El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo (SOFI), es un informe publicado anualmente por la FAO y agencias aliadas, que monitorea el progreso hacia el Hambre Cero y analiza los costos de dietas saludables a nivel global y regional.

[3] Es importante notar que las cifras se presentan como estimaciones puntuales redondeadas en lugar de valores únicos, situándose dentro de un intervalo de confianza ue oscila entre el 5,9 % y el 6,3 % (FAO et al. 2025).

[4] La Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) es el estándar métrico de la FAO para medir la gravedad de la inseguridad alimentaria mediante la percepción directa de las personas. Se calcula a través de un cuestionario de ocho preguntas que indagan sobre experiencias vividas por falta de recursos (e.g., preocupación por los alimentos, reducción de calidad o cantidad, y el hambre extrema). Estadísticamente, estas respuestas se procesan con el Modelo de Rasch, que convierte datos cualitativos en una escala cuantitativa comparable globalmente. Este sistema es el indicador oficial 2.1.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), diseñado para monitorear el cumplimiento de la Meta 2.1 de la Agenda 2030, orientada a erradicar el hambre y garantizar el acceso físico y económico a una alimentación nutritiva (FAO et al. 2025).

[5]  El CoHD evalúa la asequibilidad económica de una dieta nutritiva de 2,330 kcal, calculando el precio local más bajo de seis grupos de alimentos esenciales definidos por las Guías Alimentarias (GABA). Como herramienta de monitoreo de la Meta 2.1 de los ODS, este indicador permite identificar si la inseguridad alimentaria se debe a la falta de disponibilidad física de productos o a la insuficiencia de ingresos de los hogares (FAO et al. 2025).

[6]La paridad de poder adquisitivo(PPA) es el tipo de cambio al que la moneda de un país tendría que convertirse en la de otro para comprar la misma cantidad de bienes y servicios en cada país.» Fuente: FMI, Guía sobre Paridad de Poder Adquisitivo.

[7]La Productividad Total de los Factores (PTF) se define como la relación entre una medida de volumen de la producción y una medida de volumen de los insumos combinados. Se concibe habitualmente como el componente del crecimiento del producto que no puede ser explicado por el crecimiento de los insumos (capital y trabajo), reflejando la eficiencia y el cambio tecnológico. Fuente: OCDE (2001), Manual de la OCDE sobre la medición de la productividad.

[8]El indicador 2.1.4 mide la proporción de la superficie agrícola dedicada a una agricultura productiva y sostenible bajo dimensiones económicas, ambientales y sociales. Debido a la complejidad en la obtención de datos globales, la FAO utiliza actualmente una medida «proxy» basada en siete métricas (como el valor de producción, eficiencia en nitrógeno y estrés hídrico) para monitorear el progreso hacia la Meta 2.4, la cual busca garantizar sistemas de producción de alimentos resilientes y sostenibles (FAO, 2025).

• Analizar los desafíos estructurales y coyunturales de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, con énfasis en el fortalecimiento de la productividad agroalimentaria sostenible, la resiliencia climática y la cooperación regional, a fin de generar orientaciones técnicas y de política pública que contribuyan a mejorar el acceso efectivo a alimentos suficientes, nutritivos y sostenibles en la región.
• Examinar los desafíos estructurales que limitan la productividad agroalimentaria en la región, con énfasis en el bajo crecimiento de la productividad total de los factores y sus implicaciones para la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas productivos.
• Evaluar el grado de avance y las principales brechas asociadas a la agricultura productiva y sostenible, a la luz del indicador ODS 2.4.1, considerando el uso eficiente de los recursos naturales, la adopción de prácticas sostenibles y las capacidades técnicas e institucionales.
• Analizar los impactos actuales y proyectados del cambio climático sobre los sistemas agroalimentarios, particularmente en términos de rendimientos, estabilidad productiva y vulnerabilidad de los medios de vida rurales, y su incidencia sobre la seguridad alimentaria regional.
• Examinar las implicaciones del entorno internacional y del comercio agroalimentario, incluidos los compromisos derivados del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino sobre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, para la productividad, la sostenibilidad y la organización de las cadenas agroalimentarias.
• Identificar áreas prioritarias de cooperación regional orientadas al fortalecimiento de capacidades productivas sostenibles, la mejora de los sistemas de información y medición, la convergencia de enfoques de política pública y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en seguridad alimentaria.

• ¿Cómo se explica la coexistencia en América Latina y el Caribe de una reducción reciente de la prevalencia de la subalimentación (PoU) con niveles aún elevados de inseguridad alimentaria moderada o grave (FIES), y qué implicaciones tiene esta brecha para el diseño y la focalización de las políticas públicas de seguridad alimentaria?
• ¿En qué medida las limitaciones estructurales de la productividad agroalimentaria en particular el bajo crecimiento de la productividad total de los factores están condicionando la sostenibilidad económica, ambiental y social de los sistemas agroalimentarios, así como la estabilidad del abastecimiento alimentario en la región?
• ¿Cuáles son las principales brechas que enfrenta América Latina y el Caribe para avanzar hacia una agricultura productiva y sostenible, de acuerdo con el indicador ODS 2.4.1, y qué capacidades técnicas, institucionales y de información requieren ser fortalecidas para cerrar dichas brechas?
• ¿Cómo están afectando el cambio climático y el aumento de la variabilidad climática a los rendimientos agrícolas, la estabilidad de la producción y los medios de vida rurales, y qué enfoques de adaptación resultan más relevantes para fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios?
• ¿De qué manera el entorno internacional y los compromisos derivados del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino sobre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur inciden sobre la productividad, la sostenibilidad y la organización de las cadenas agroalimentarias, y cómo pueden alinearse estos procesos con objetivos de seguridad alimentaria interna?
• ¿Qué áreas de cooperación regional ofrecen mayores oportunidades para fortalecer la productividad agroalimentaria sostenible, mejorar los sistemas de información y medición, promover la convergencia de políticas públicas y facilitar el intercambio de prácticas e innovaciones en materia de seguridad alimentaria?

IV Seminario Virtual de Seguridad Alimentaria: Seguridad alimentaria, impulsando la productividad y la sostenibilidad de América Latina y el Caribe

Modalidad: Virtual.

Participantes: FAO; CELAC; CAF; PMA; FIDA; UE; IICA (por confirmar).

Idioma: español, con traducción simultánea al inglés.

Fecha: 25 de febrero del 2026.

Enlace de registro ZOOM:

Tiempo: 10:30 am – 13:20 hora local Caracas, Venezuela.

Para información adicional contactar al Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)

• Gustavo Herrera Caballero, Coordinador del Área de Desarrollo Social
  correo electrónico: gherrera@sela.org

• Luis Emilio Martínez, Analista del Área de Desarrollo Social
  correo electrónico: lmartinezm@sela.org