Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes) son un componente fundamental del tejido empresarial en América Latina y el Caribe, lo que se manifiesta en su participación en el número total de empresas; la región cuenta en la actualidad con alrededor de 12,9 millones de MiPymes distribuidos en 17 países, así como en la creación de empleo, ya que estas son responsables de más del 60% del empleo formal, según estudios de la CEPAL.

La comparación con la Unión Europea es significativa, en los países que forman parte de esa comunidad de Estados, las MiPymes constituyen un componente fundamental, dinámico e integrado de la estructura productiva. Además, las políticas implementadas para esas empresas han sido consideradas, en más de una oportunidad, una referencia de buenas prácticas para las estrategias de fomento en el mundo.

La estructura productiva heterogénea y la especialización en productos de bajo valor agregado, que caracterizan a América Latina y el Caribe, influyen de manera decisiva en el desempeño de estas empresas y se manifiestan en la brecha de productividad y en una baja participación en las exportaciones. Adicionalmente, factores como el alto nivel de informalidad, el precario o nulo acceso a financiamiento y la baja digitalización, son los principales obstáculos para el desarrollo de las Pymes. Estos rezagos representan uno de los aspectos de la elevada heterogeneidad estructural de las economías de la región (CEPAL, 2010).

Dicha heterogeneidad es también una de las causas de la aguda desigualdad social a nivel regional. De esta manera, las elevadas diferencias de productividad (entre sectores y entre empresas) reflejan y refuerzan las brechas en lo que se refiere a capacidades, incorporación de progreso técnico, poder de negociación, acceso a redes sociales y opciones de movilidad ocupacional ascendente a lo largo de la vida laboral.

La pandemia del COVID-19 colocó en evidencia la necesidad de acelerar el proceso de transformación digital[1] de las empresas, con el objetivo de adaptarse al entorno adverso y poder seguir con su funcionamiento. En este contexto heterogéneo, cabe preguntarse ¿Cuál es el estado de este proceso de transformación digital en las MiPymes de la región?, para luego pensar en cómo ayudar a que este proceso se mantenga y potencie en el tiempo.

En este sentido, el SELA en su misión de impulsar la cooperación y la integración entre los países de América Latina el Caribe a través de estrategias económicas y sociales que favorezcan a la región, firma un acuerdo de cooperación con Gia Consultores para colaborar en la realización de un estudio sobre madurez digital de las MiPymes de América Latina.

El propósito de esta alianza estratégica fue medir el nivel de madurez digital de las empresas, a través de un conjunto de indicadores agrupados en dos grandes conceptos: el primero se refiere a Capacidad digital, que es la fuerza de la base digital de la organización. Este aspecto va más allá de la infraestructura de tecnología física, abarca todos los aspectos de la organización que le permiten obtener valor de la tecnología y así crear una cultura ágil e innovadora. El otro concepto es el vinculado con Impacto digital, que va referido a cómo se aprovechan las tecnologías digitales para responder a la demanda de los consumidores y los cambios en el mercado a través de mejores ofertas de productos y servicio.

Cabe señalar que, este estudio es un paso necesario para conocer las fortalezas y debilidades del proceso de transformación digital regional y así poder avanzar en el diseño de políticas que ayuden a su consolidación.

[1] El Índice de Digitalización DiGiX 2020 de BBVA Research, que mide el grado de digitalización en 99 países del mundo, da cuenta de la mejora de algunos países de la región respecto a 2019, ubicándose en la posición 42 con Chile, seguido de Uruguay (53), Costa Rica (54), México (65) y Brasil (64).