La pandemia por COVID-19 impactó significativamente el crecimiento de la región, la paralización de actividades económicas productos de las medidas de contención del virus propiciaron el cierre de empresas, destrucción de plazas de empleo, impacto en las cadenas globales de suministro y colapso de los sistemas de salud a nivel regional. Cabe destacar, que países de la región venían experimentando tasas de crecimiento negativas previo a la llegada de la pandemia, lo que colocó a las economías en una situación mucho más vulnerable. De esta forma, el crecimiento promedio de la región se ubicó en 0,2% en 2019. Con la llegada de la pandemia, el escenario regional para 2020 resultó en una contracción de -7,0%. No obstante, la previsión para 2021 es más favorable, las medidas de estímulo tomadas por los Gobiernos para dinamizar sectores claves de las economías han surtido efecto, en este sentido la tasa de crecimiento para el cierre de año se estima en 6,3% según cifras del FMI. En este contexto, el eje temático: Recuperación Económica, contempla la siguiente meta: Dinamizar el crecimiento económico mediante el fortalecimiento de los procesos de integración regional, la contribución al diseño de políticas públicas que faciliten el comercio y la promoción del ecosistema empresarial Pymes.

Son múltiples las bondades del uso intensivo y generalizado de las tecnologías digitales. Favorecen la competitividad, democratizan el acceso a la información y fortalecen las capacidades del sector público, permitiendo en última instancia alcanzar un mayor crecimiento económico, estadios superiores de bienestar y mejores oportunidades para todos. Asimismo, la inversión en infraestructura tiene múltiples canales por los cuales afecta la calidad de vida de los ciudadanos, la productividad de las empresas y la eficiencia de la economía en general. Su impacto específico en la creación de empleo es especialmente relevante debido a su vinculación con los objetivos de política de creación de actividad económica local, incremento de ingreso de las poblaciones vulnerables y la reducción de desigualdad. Sin embargo, la materialización de estos beneficios no ha sido posible dado que las brechas digitales y de infraestructura que excluyen a quienes no tienen acceso ni habilidades para su aprovechamiento. De hecho, a escala global las desigualdades se han profundizado, la movilidad social se ha estancado y la productividad se ha debilitado. En el contexto específico de América Latina y el Caribe, estas brechas son especialmente visibles. Se estima que 32% de la población no tiene acceso a internet, 67% de las escuelas no tienen una velocidad de conexión suficiente y 50% de los países no tienen una agenda de digitalización avanzada. En términos generales, el desarrollo de un ecosistema digital se ubica en una etapa intermedia como expresión de la variada gama de tareas pendientes. De igual forma, pese a los avances en inversión de infraestructura en servicios públicos como agua potable, saneamiento y electricidad realizados en la región, la heterogeneidad en el acceso y calidad de los servicios es alta. Por ejemplo: a pesar de que la cobertura de agua potable se sitúa en torno al 80% en la mayoría de los países, menos del 60% de las personas opta por beber agua del grifo. Por su parte, el acceso al servicio eléctricos en la región es superior al 90% en promedio; sin embargo, existe una alta disparidad en la calidad del servicio (intermitencia) y su acceso en zonas rurales.