Países miembros del Acuerdo de Escazú aprobaron Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

Un Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe fue aprobado hoy durante la segunda jornada de la Tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo de Escazú, que se celebra del 22 al 24 de abril de 2024 en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago, Chile.

El objetivo del Plan de Acción es poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 sobre Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

El artículo 9 del tratado establece, entre otras cosas, que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio para que las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Y que deberá tomar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.

En la última década, casi 2.000 personas que defienden el ambiente fueron asesinadas en el mundo, y 3 de cada 4 de esos asesinatos sucedieron en algún país de América Latina y el Caribe, aseguró Marcelo Cousillas, Director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay y Presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, en la inauguración de la COP 3 el lunes.

El Plan de Acción fue preparado por un Grupo de Trabajo de composición abierta con la significativa participación del público, especialmente de los Pueblos Indígenas y comunidades locales, coordinado por Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis, y sometido a consideración de los 15 Estados Partes del Acuerdo. Su plazo de ejecución es de seis años: de abril de 2024 a abril de 2030.

El Plan se estructura en cuatro ejes prioritarios interrelacionados y complementarios entre sí: generación de conocimiento; reconocimiento; fortalecimiento de capacidades y cooperación para la implementación nacional del Plan de Acción, y evaluación, seguimiento y revisión. A su vez, cada uno de los ejes prioritarios incluye un conjunto de acciones estratégicas que se propone impulsar para el logro de los objetivos.

Durante la sesión, delegados de gobiernos, funcionarios internacionales y representantes del público y de los Pueblos Indígenas coincidieron en que, además de dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo, el Plan de Acción era de máxima urgencia y relevancia política para América Latina y el Caribe, y un imperativo ético insoslayable, dada la dramática situación que viven las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en la región.

En la segunda jornada del encuentro también se presentaron informes de la Mesa Directiva (Presidida por Uruguay), de la Secretaría (ejercida por la CEPAL) y de los representantes electos del público.

Se realizó, de igual forma, una sesión sobre la implementación nacional del Acuerdo de Escazú, en la que los Estados Partes dieron cuenta de sus avances en esta materia y adoptaron una decisión en la materia.

Específicamente, siete países de la región -Ecuador, Argentina, Santa Lucía, Belice, México, Uruguay y Chile- compartieron sus planes nacionales, en construcción o ya aprobados, para una efectiva y progresiva implementación del tratado. Estos planes incluyen diversas estrategias y acciones tendientes a dar a conocer ampliamente los pilares y alcances del Acuerdo, actualizar y armonizar la normativa interna y coordinar la labor de las distintas instituciones y actores involucrados.

Durante sus intervenciones, los países destacaron su gran compromiso con el tratado y sus disposiciones, agradecieron la asistencia técnica provista por la CEPAL en los procesos de implementación nacional, subrayaron la necesidad de generar sinergias internas y llamaron a acelerar los esfuerzos para dar cabal cumplimiento al Acuerdo.

Finalmente, tuvo lugar una sesión especial sobre el acceso a la información ambiental enfocada en sistemas de información ambiental y registros de emisiones y transferencia de contaminantes, con la participación de destacados expertos en la materia.

El miércoles 24 de abril se efectuarán sesiones especiales sobre el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la participación pública en procesos de evaluación de impacto ambiental, además de la presentación de informes del Comité de Apoyo a la Aplicación y al Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, y la lectura de las decisiones aprobadas de la COP 3.