Parlamentarios de América Latina y el Caribe se comprometen a mejorar la legislación que protege la seguridad alimentaria

Más de 70 parlamentarios de América Latina y el Caribe asumieron durante un foro regional en esta capital chilena el compromiso de trabajar en sus respectivos países por incrementar y mejorar la legislación que protege la seguridad alimentaria.

“Nos comprometemos a proteger la seguridad alimentaria desde una perspectiva transversal de género y con una atención especial a los pueblos indígenas y afrodescendientes», declaró la diputada costarricense Sonia Rojas.

Rojas fue elegida como coordinadora general del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe en la décima edición del foro, el miércoles 14 de junio. En ese frente han participado durante una década más de 400 legisladores de la región.

En su declaración final, el foro también expresó el compromiso de adoptar una perspectiva climática en la legislación relacionada con el derecho a la alimentación.

De su lado, el diputado portugués Pedro Do Carmo, dijo que “ratificamos nuestro compromiso de seguir impulsando una alianza parlamentaria iberoamericana por la seguridad alimentaria para todos y todas, una colaboración tripartita entre el Frente, España y Portugal”.

El foro se reunió en vísperas de la segunda Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, a celebrarse en esta ciudad con el impulso de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Mario Lubetkin, representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, dijo que “mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición no será posible sin la voluntad política y el trabajo de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre”.

“Cuando las políticas públicas y los programas están respaldados por legislaciones adecuadas, las cifras del hambre y la malnutrición pueden disminuir significativamente”, opinó Lubetkin.

El también subdirector general de la FAO ha destacado que la región, con menos de 700 millones de habitantes, tiene actualmente capacidad para producir alimentos para 1300 millones de personas, y sin embargo el hambre muerde a 56 millones de personas.

Entre otras causas, el impacto económico y social de la covid-19 acrecentó la situación de hambre en la región, que antes de la pandemia afectaba a 43 millones de personas.

Además, 130 millones de personas no pueden acceder a una dieta saludable, para la que se estima un costo diario promedio per cápita de 4,23 dólares en el Caribe, 3,61 dólares en América del Sur y 3,47 dólares en América Central.

“Hablamos de la región del mundo con la dieta saludable más costosa, lo que afecta sobre todo a las poblaciones vulnerables, como pequeños agricultores, mujeres rurales y comunidades indígenas y afrodescendientes”, ha señalado Rossana Polastri, Directora regional del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

Al destacar la importancia del trabajo parlamentario en favor de la alimentación, Lubetkin recordó que “en América Latina, los parlamentos han votado al menos 80 leyes que tienen que ver con elementos de seguridad alimentaria, lo que sin duda ha ayudado a millones de personas”.

Entre las más recientes están la Ley de Alimentación Escolar en Guatemala (2017), la Ley de Compras Públicas a la Agricultura Familiar en Colombia (2020) y la Reforma a la Ley Agraria en México (2022).

El propósito del frente regional es impulsar en los parlamentos nacionales políticas y leyes que promuevan la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, la distribución equitativa de los alimentos y las dietas saludables.