Migración en Colombia: desafíos y oportunidades

Este texto resume la conversación en ‘El Mundo es un Pañuelo’ de Radio Nacional de Colombia con Xiomin las Heras Leizaola y María Clara Robayo del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario de Bogotá, sobre el estudio ‘El reto de la integración: desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026’ (Encuéntralo aquí)

Colombia es el segundo país expulsor de migración de América del Sur después de Venezuela y el cuarto con mayor recepción de población migrante en las Américas luego de Estados Unidos, Canadá y Argentina.

Desde 2016, Colombia es el principal receptor de migrantes, refugiados y retornados procedentes de Venezuela, la más grande del mundo con 6.805.209 migrantes y refugiados. El 84,3 por ciento reside de manera permanente en América Latina y el Caribe: 36,4 por ciento en Colombia; 18, 9 por ciento en Perú, 7,37 por ciento en Ecuador y 6,5 por ciento en Chile–.

Por ello, es fundamental conectar la gestión migratoria con la política exterior colombiana e ir más allá: asumir como país el liderazgo en los ámbitos multilaterales, regionales y binacionales. Se requiere una gestión migratoria bajo el principio de corresponsabilidad y con la canalización adecuada y oportuna de los recursos de la cooperación internacional.

Este texto resume la conversación en ‘El Mundo es un Pañuelo’ de Radio Nacional de Colombia con Xiomin las Heras Leizaola y María Clara Robayo del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario de Bogotá, sobre el estudio ‘El reto de la integración: desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026’ (Encuéntralo aquí)

Colombia es el segundo país expulsor de migración de América del Sur después de Venezuela y el cuarto con mayor recepción de población migrante en las Américas luego de Estados Unidos, Canadá y Argentina.

Desde 2016, Colombia es el principal receptor de migrantes, refugiados y retornados procedentes de Venezuela, la más grande del mundo con 6.805.209 migrantes y refugiados. El 84,3 por ciento reside de manera permanente en América Latina y el Caribe: 36,4 por ciento en Colombia; 18, 9 por ciento en Perú, 7,37 por ciento en Ecuador y 6,5 por ciento en Chile–.

Por ello, es fundamental conectar la gestión migratoria con la política exterior colombiana e ir más allá: asumir como país el liderazgo en los ámbitos multilaterales, regionales y binacionales. Se requiere una gestión migratoria bajo el principio de corresponsabilidad y con la canalización adecuada y oportuna de los recursos de la cooperación internacional.

Crece la vocación de residencia en Colombia

Hoy, 2.477.588 migrantes de Venezuela viven en Colombia con vocación de residencia permanente: 51 por ciento son mujeres; 29, 2 por ciento, menores de dieciocho años; 980.000 colombianos retornados y 162.000 migrantes en tránsito hacia otros países. El 72 por ciento es población económicamente activa. El porcentaje de mujeres y menores de dieciocho años podría indicar una alta proporción de casos de reunificación familiar.

En siete años, entre 2014 y 2022, el número de migrantes con vocación de permanencia, pasó de apenas 23.573 a la desafiante cifra de 2.477.588. Durante marzo y abril de este año el flujo disminuyó comparado con los mismos meses de 2021, lo que podría indicar una aparente desaceleración de la corriente migratoria, pero se mantiene el incremento de migración irregular en tránsito hacia América del Norte, lo cual indica que no hay intención de retorno a Venezuela.

Las proyecciones del DANE pronostican que la población colombiana pasará de 51,6 millones en 2022 a 61,9 millones en 2050; los mayores de sesenta del 14 al 24,7 por ciento y la llegada de migrantes crecerá de 0,86 por ciento a 1,3 migrantes por 1.000 habitantes.

Colombia consolida un modelo seguro

El ‘Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos’ (ETPV) puesto en marcha el 1 de marzo de 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, logró reducir el carácter irregular de la migración en 70 por ciento, conforme a los reportes de Migración Colombia entre enero de 2021 y febrero de 2022.

El EPTV es un mecanismo complementario de protección internacional.  A partir de la identificación biométrica del migrantes se abre la ruta de regularización por diez años, la más en el mundo. El reto es grande: requiere acompañamiento estatal a nivel nacional y local y un gran esfuerzo de articulación interinstitucional con diferentes sectores de la sociedad colombiana.

Pasos en la dirección correcta

• El Permiso de Protección Temporal (PPT) que es válido para consolidación de títulos que contribuye a eliminar barreras para la integración de profesionales venezolanos en el mercado laboral.
• La Visa R para venezolanos bajo el ETPV y su operatividad digital a partir del 1 de junio de 2023 que, en otros beneficios, permite al titular solicitar visa para beneficiarios.
• El reconocimiento del PPT como documentos para solicitar el registro tributario en Colombia. Con él se les facilita, entre otros asuntos, realizar trámites aduaneros, inscribirse en el registro nacional de tránsito y solicitar licencias de conducción, tan necesarias para actividades que generan ingreso y trabajo.

El Plan Nacional de Desarrollo y el aprendizaje acumulado

El cambio de gobierno en Colombia, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales, y la reapertura total de las fronteras, son factores que pueden coadyuvar a la concertación de esfuerzos regionales y binacionales de gestión migratoria.

Colombia acredita siete años de aprendizaje y ha avanzado en la comprensión y gestión de las dinámicas migratorias intrarregionales, ha construido marcos legales, ha establecido política pública de impacto, cuenta con un importante desarrollo institucional y un acervo de buenas prácticas. Ese acumulado puede ser estratégico si se le incorpora adecuadamente en el Plan Nacional de Desarrollo que servirá de ruta al gobierno de Gustavo Petro.

Pero también hay un acervo de información importante. La plataforma ‘Visibles’ de Migración registraba en septiembre de 2022 a 2.460.277 migrantes, de los cuales 2.341.116 figuraban en la Encuesta de socio caracterización; 1.946.017 ya tenían registro biométrico; y 1.587.234 contaban con PPT, de los cuales 1.440.235 ya habían sido entregados.

Fortalecer la inscripción el Estatuto Temporal de Protección

El Gobierno debe continuar la implementación del Estatuto Temporal de Protección a migrantes venezolanos (ETPTV), que tendrá vigencia de diez años.

El plazo para inscribirse en el registro único (RUMV) venció el 28 de mayo de 2022 para quienes se encontraban en el país antes del 31 de enero de 2021. Quienes hayan ingresado después de esa fecha, de manera regular, podrán registrarse hasta el 28 de mayo de 2023.  Para los niños, niñas y adolescentes venezolanos matriculados en el sistema educativo colombiano el registro estará abierto hasta el 31 de mayo de 2031.

Reforzar y ampliar las políticas con enfoque de género

Aunque representan el 51 por ciento de la migración venezolana, las mujeres tienen menos ocupación laboral y más baja remuneración que los hombres. Las que están al cuidado de sus hogares requieren apoyos institucionales para buscar, acceder y mantener un trabajo remunerado. Las víctimas de violencia sexual, trata de personas o actividades sexuales pagas inducidas requieren más información y acceso a los programas de atención estatal.

Desarrollar una política integral para los colombianos retornados

El número de colombianos en el exterior puede oscilar entre cinco y ocho millones. Hoy se desconoce el número total de los retornados desde Venezuela. En 2018, había cerca de 3.400.000 inscritos en los consulados colombianos en el vecino país. Entre 2015-2020 tan solo 19.161 se registraron en el Registro Único de Retornados (RUR).

La Plataforma Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes de Venezuela proyectaba en 2021 la cifra de 980.000 retornados, de los cuales 625.000 con necesidades insatisfechas en 2022.

Fortalecer el sistema de protección de refugiados

En este campo, paradójicamente, el Estado colombiano está en deuda. De 42.103 solicitudes de refugio presentadas hasta el 30 de abril de 2022 solo había concedido 1.300.

El Gobierno de Gustavo Petro debería reconsiderar los artículos 16 y 17 del Decreto 216/2021 según los cuales, para obtener el PPT, los migrantes venezolanos deben renunciar a la solicitud de asilo y al derecho a ser reconocidos como sujetes de protección internacional. Lo lógica es que tengan el PPT hasta que sea resuelta la solicitud de refugio.

Robustecer la atención en salud a la población migrante

Actualmente, 924.931 migrantes venezolanos (37,3 por ciento del total) están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud (75,8 por ciento en régimen subsidiado y 24,2 por ciento en régimen contributivo).

Es urgente desplegar campañas de promoción de servicios e información sobre acceso a la atención médica, incluida la población con discapacidades o con vulnerabilidades por salud mental; y sobre ingreso al SISBEN y la afiliación al sistema de salud, el cual debería incluir en el servicio de urgencias para la atención en salud sexual y reproductiva.

Garantizar acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo

En junio de 2022, había 573.846 niños, niñas y adolescentes venezolanos en el sistema educativo de Colombia, pero todavía una parte sigue desescolarizada. En 2020, el 17,2 por ciento entre 6 y 11 años, no sabía leer ni escribir; y el promedio de años de educación era de 3,8 años, es decir, tenían un rezago escolar de 1,2 años.

Darles prioridad a niños, niñas y adolescentes

En los últimos cinco años (2017-2022) hay registro de 169.182 partos de mujeres venezolanas en Colombia.

En febrero de este año, 602.467 menores de dieciocho años hacían parte del registro previo en el Estatuto Temporal. Esto significa que, al menos, el 24,3 por ciento del total de la migración venezolana en Colombia corresponde a niños, niñas y adolescentes. El 42,1 por ciento es menor de ocho años y el 57,8 por ciento se encuentra entre los ocho y los diecisiete años.

En custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentran 3.453 menores en procesos administrativos activos de restablecimiento de derechos.

Alcanzar la integración socioeconómica y productiva

Este es un factor determinante en el éxito o fracaso de la política migratoria del Estado colombiano. Su inclusión en el tejido social y productivo es condición necesaria para bienestar económico individual y familiar y una oportunidad para la economía y la productividad colombiana.

Es una población heterogénea, proveniente de diversas regiones y con niveles socioeconómicos muy dispares; muchos son profesionales, algunos con nivel de postgrado; otros son bachilleres; los hay con apenas educación básica y también algunos que no saben leer ni escribir.

Un sector vive en condiciones de vulnerabilidad extrema. Otros entran en la categoría de profesionales, empresarios, emprendedores y académicos. El abordaje debe ser novedoso y muy 

amplio.

Fortalecer los territorios y la gobernanza local

La migración venezolana está presente en el 97 por ciento de los municipios colombiano. La mayoría se ubica en ciudades capitales: Bogotá (19,9 por ciento), Medellín (7,7 por ciento), Cúcuta (6,7 por ciento), Cali (4,9 por ciento) y Barranquilla (4,5 por ciento).

En los departamentos de frontera, la movilidad es más dinámica. En febrero de 2022 tenían el 25,8 por ciento de los migrantes con vocación de residencia permanente.

Los municipios fronterizos con mayor presión por estas dinámicas migratorias son: Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú y Patios, en Norte de Santander; Maicao, Riohacha, Fonseca, San Juan del Cesar y Uribia, en La Guajira; Valledupar, en Cesar; Arauca y Saravena, en Arauca; Puerto Carreño, en Vichada; San Miguel, en Putumayo; Ipiales, en Nariño; y Acandí y Necoclí, en Chocó.

Abordar la xenofobia y la seguridad ciudadana

Prevenir la xenofobia y combatirla es una obligación de toda la sociedad colombiana y de las instituciones responsables de garantizarles sus derechos y su integridad.

Según un estudio de la encuestadora Invamer, en agosto de este año, el 59 por ciento de los colombianos desaprueban que el Gobierno entregue permisos de protección temporal por diez años a los venezolanos indocumentados y el 61 por ciento tiene una opinión desfavorable sobre ellos.

Es urgente que, en la lucha contra las estructuras, organizaciones y grupos criminales, las autoridades del orden nacional y local protejan la dignidad de los migrantes venezolanos y eviten generalizaciones estigmatizantes.