Un cuarto de los migrantes irregulares de la UE acepta el retorno voluntario

Madrid (EuroEFE).- Uno de cada cuatro de los cerca de 500.000 inmigrantes irregulares que llegan a la UE cada año se acoge a la estrategia europea de retorno voluntario e integración enmarcada en el Pacto sobre Migraciones y Asilo de los Veintisete.

Ese acuerdo, que se puso en marcha en abril de 2021, cifra en 560 euros el coste de cada migrante que decide volver al país de origen voluntariamente, frente a los 3.414 euros por persona que cuesta la repatriación forzosa, según los datos de la Comisión Europa.

Es por ello que el Pacto prevé un incremento financiero en el periodo 2021-2027 para los Estados miembros y promover el aumento de dichos retornos voluntarios desde la Unión Europea, que alcanza el 27 por ciento de esas entradas irregulares.

En España, estos programas los gestiona el Gobierno por medio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y, antes de la puesta en marcha del nuevo plan europeo, ya acumulaba 22.639 viajes de vuelta entre 2009 y 2021 de extranjeros no comunitarios, tanto en situación administrativa regular como irregular.

«Cerca del 80 % logra la integración familiar no traumática», indica a Efe Yolanda Villavicencio, presidenta de la ONG Aesco (entidad colaboradora), en relación con la vulnerabilidad que experimentan los solicitantes de este regreso, muchos bajo el umbral de la pobreza, que se enfrentan a los estigmas de sus allegados una vez han vuelto a su país.

La demanda ha aumentado significativamente en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia, con un flujo de solicitudes que se produce cada día, según comentan a Efe organizaciones radicadas en España.

Una de ellas es la Fundación Cepaim, que afirma haber atendido alrededor de unas 600 solicitudes esta temporada, que va de junio a junio, y que ya tiene comprometido el presupuesto del próximo año con las personas que tienen expediente abierto.

Desde esta organización, se han gestionado 287 regresos voluntarios asistidos en 2021-2022, apunta Eliana Rincones, técnica de proyectos.

Además, como estimó Bruselas en el Pacto, se busca “establecer vínculos más estrechos con otras iniciativas, desarrollar la capacidad y la responsabilización de terceros países para reintegrar a sus propios nacionales y hacer sostenibles los sistemas”.

RETORNO VOLUNTARIO PRODUCTIVO

Es precisamente en este marco donde se sitúa la otra variante de retorno voluntario: el productivo, que se basa en la compra de billetes de avión, ayuda de viaje de 50 euros por persona, ayuda de reintegración de 400 euros por persona hasta un máximo de 1.600 por familia y hasta 5.000 para la inversión, formación y asesoramiento gratuito, y gastos imprevistos justificados.

En total, 1.388 personas han vuelto voluntariamente desde España del 2010 al 2021 con este tipo de retorno, la mayoría de ellos a Colombia (445), seguido de Senegal (277) y Ecuador (192), y en menor medida a países como Bolivia, Camerún o Nicaragua.

Guillermo González es uno de ellos. Desde hace dos meses regenta una tienda de alimentación en la ciudad de Pereira (Colombia).

Su local, con estanterías repletas de productos, podría pasar inadvertido, pero esta tienda no es nada ordinaria: ha sido financiada por el Gobierno de España.

Después de tres años residiendo en España, González se asesoró sobre esta posibilidad y presentó un plan de empresa viable. El proyecto siguió adelante y, tras reformar el establecimiento y habilitarlo, hoy en día es una realidad.

No sabe qué le deparará el futuro pero de momento sigue en contacto con AESCO, la asociación intermediaria a la que tuvo que mandar las facturas, los documentos y un vídeo del local.

Para poder acceder a la prestación es necesario pasar cuatro fases: información, formación de 20 horas entre tutorías y planes de empresa, comunicación de la resolución (los proyectos viables los aprueba el Ministerio, que tiene en cuenta requisitos como estar libre de causas penales), y finalmente, el retorno al país de origen, acompañamiento y seguimiento.

Asimismo, el compromiso de no volver en 3 años a España para residir es un requisito indispensable, todo ello enmarcado dentro de una política europea que sigue protegiendo sus fronteras.