ara abril de 2022, en el mundo existen 6,1 millones de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo venezolanos, de acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. De esa cifra, cinco millones se encuentran en Latinoamérica y el Caribe, siendo Colombia, Perú y Ecuador los países con mayor cantidad.
En la actualidad, al menos 100 países en el mundo solicitan visa a los venezolanos. 23 de ellos se encuentran en Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo con el Índice de Pasaportes de Henley de 2022, hecho con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
Victoria Capriles, abogada y directora adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, así como Laura Dib, concuerdan en que imponer solicitud de visas a venezolanos es una tendencia en aumento y que no colabora a resolver la problemática de la migración irregular en la región.
“Hay una tendencia regional a imponer requisitos difíciles de cumplir a esta población migrante, como en Chile, Perú, Ecuador y México, que son países donde cada vez más imponen estos trámites de visas con eufemismos de visa de responsabilidad democrática, o humanitaria, y de humanitaria no tiene nada, si no lo que impone es más trabas a los venezolanos”, señala Laura Dib.
Los Estados deben brindar protección a los migrantes venezolanos
Para las expertas, si bien cada Estado tiene la posibilidad de establecer su legislatura y control sobre las migraciones, estos deben seguir las recomendaciones de los organismos internacionales en el área de derechos humanos, migrantes y refugiados. Entre ellos, las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
“La imposición de visas no es una solución para detener el flujo irregular de migrantes venezolanos, sobre todo si se toma en consideración que estas son personas que estas son personas con necesidad de protección internacional”, explica Laura Dib, quien señala que Acnur y la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) indican que los flujos migratorios mixtos de Venezuela, en su mayoría, son de personas con necesidad de resguardo internacional, bajo la Declaración de Cartagena.
En el caso venezolano, las juristas explican que la Declaración de Cartagena de 1984 es una rectificación de la Convención de Ginebra, que fue utilizada para atender la situación de América de ese momento en el ámbito migratorio producto de las situaciones políticas de la época. Este busca proteger internacionalmente a los refugiados en la región, apoya el principio de “no devolución” al país de origen y la promoción de soluciones para la integración social de los migrantes. Bajo este tratado, los venezolanos deben tener resguardo internacional.
Aunque se trate de uno vinculante, y que solo sea aplicado por Brasil y México, las juristas apoyan la postura de los organismos internacionales respecto a la situación migratoria de los venezolanos, que es promover medidas que apoyen su protección e integración a la sociedad de acogida. No obstante, para ellas, la cantidad de requisitos solicitados, incluyendo la imposición de visas a los oriundos de Venezuela van en contra de ese sentido, debido a que se trata de “más trabas” que limitan la regularización de su estatus migratorio.
La abogada Victoria Capriles cree que esta situación de barreras “solo genera una mayor migración irregular”. El ejemplo de ello lo menciona con el incremento de venezolanos que están cruzando el Tapón de Darién, número superior en los primeros meses de 2022 a la cifra acumulada que reportó Panamá en todo 2021.
Los Estados y gobiernos, no solo los de Latinoamérica frente a los venezolanos, sino también en Europa, con la crisis migratoria en Siria, y en otras partes del mundo, tienen que dejar de ver a la migración como un problema de seguridad nacional. La migración es un problema de seguridad humana”,señala Capriles.
Laura Dib señala que la CIDH también reconoció como parte del corpus iuris (cuerpo jurídico) internacional de manera ampliada a las personas refugiadas bajo la Declaración de Cartagena. “A pesar de que hubo retornos importantes durante la pandemia por covid-19, la gente no dejó de ingresar por trochas, en el caso de Colombia. Lo que demuestra que la gente seguirá ingresando a estos países irregularmente a pesar de que se soliciten visas”, dice la abogada.
Los Estados están obligados a garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas que estén bajo su jurisdicción, incluyendo los migrantes irregulares. Laura señala que esto incluye el no rechazar en sus fronteras a personas que “huyen porque su vida o libertad personal corren peligro en su país de origen”. Allí es aplicable la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo del año 1967, “que son obligaciones que los Estados no pueden eludir”, explica Dib.
El discurso político de los líderes de la región no está en concordancia con sus acciones para atender a migrantes venezolanos
Laura resalta que México es uno de los dos países en Latinoamérica que atiende a los migrantes venezolanos bajo la Declaración de Cartagena de 1984, es decir, les brinda protección internacional, porque huyen de un país con graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. “Por eso México aprueba poco más del 99 % de solicitudes de asilo de venezolanos”, dijo la directora del Centro de DD HH de la Unimet.
Aun así, la imposición de visa puede constituir una violación del derecho humano al asilo subraya Victoria. Por eso, a pesar de esa situación, desde el momento en que las autoridades migratorias impusieron la solicitud de visa este año, “con características que prácticamente ningún venezolano puede cumplir”, la solicitud de asilo se ve entorpecida y se le hará más complicado a los migrantes formalizar su estadía. “Por ello se puede decir que México está violentando el derecho a solicitar asilo. Eso también ocurre en otros países que hacen lo mismo”, sentencia Capriles.
Además de México, Estados Unidos, en Norteamérica; Trinidad y Tobago en el Caribe; y Chile en Suramérica, son algunos de los países que solicitan visado a venezolanos. “Vemos una tendencia en toda la región de imponer más requisitos y visas, cuestión que contradice el discurso político en contra del régimen de Nicolás Maduro y las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en este país”, completa Laura Dib.
Las acciones a su juicio inadecuadas de los países de la región incluyen también la devolución individual o grupal a Venezuela, que puede ser de manera directa o a través de terceros países. Capriles menciona que ha recibido denuncias de devoluciones que han realizado autoridades de Chile a Venezuela, de Estados Unidos a México o a Colombia, y estos a su vez a Venezuela.
Tenemos denuncias en México, con el Instituto Nacional de Migración. Las personas venezolanas son retenidas durante horas o días por los funcionarios, sin permitirles el ingreso. Lo mismo puede suceder en Estados Unidos, donde luego no se puede dar acceso a su territorio”,revela Victoria Capriles.
Las consecuencias inmediatas de la imposición de barreras legales y visados a los venezolanos en los países de acogida, agrega la abogada, incluyen mayores riesgos debido a que su tránsito incluye vías alternas irregulares. “La solicitud de visado no para el flujo, por ejemplo, de las personas que se arriesgan a caminar hacia el norte, o hacia el sur de América y mueren deshidratadas en el desierto de Atacama (Chile), atropelladas en el camino, mueren de frío en el páramo de Berlín en Colombia, o mueren ahogadas intentando llegar a Trinidad y Tobago”, ejemplifica Capriles.
Los beneficios de integrar a los migrantes a las sociedades de acogida
Las expertas consideran que la regularización de migrantes colabora al desarrollo de los países de acogida. “Los migrantes y refugiados apoyan al desarrollo, humano, social y económico en sus países de recepción. Hay que verlos desde un punto de vista de la seguridad humana. Es también una cuestión de empatía y solidaridad”, exhorta Capriles.
Además, la directora de la Clínica de Migrantes de la ULA en Colombia indica que para los Estados es beneficioso conocer dónde están los migrantes y que estos estén de forma regular, no solo porque les permite acceder a servicios de salud o al trabajo formal, sino porque promueve la prevención de negocios ilícitos, que “se aprovechan de estas poblaciones migrantes en condiciones de vulnerabilidad”, explica Dib, como la trata de personas, el reclutamiento forzado y la prostitución.
“Hemos visto que hay un ejercicio forzado de actividades sexuales pagas, en la que la mayoría de los casos hay una profunda explotación de las mujeres migrantes”, denuncia Laura. Para ella, los sistemas de asilo en la región no operan adecuadamente, a pesar de que existen avances significativos.
“Si bien Colombia ha dado un paso importantísimo con el Estatuto de Protección Temporal, en la práctica hay muchas fallas, y a nivel regional, pareciera que está mejor que otros países de la región, no obstante, el país se ha rehusado a aplicar la Declaración de Cartagena, por lo que aún existen muchas dificultades”, expresa.
El permiso colombiano reconoce el ingreso irregular y brinda la posibilidad de acceder al documento sin necesidad de pasaporte. “Hay personas que no tienen un pasaporte, no porque las autoridades no se los den o porque tenga un costo elevado. Si no que hay personas que tienen temor de enfrentar a las autoridades migratorias”, relata Laura Dib.
Tanto Laura Dib como Victoria Capriles recomiendan a los venezolanos informarse adecuadamente antes de tomar decisiones sobre salir de Venezuela de forma irregular. Esto incluye, documentarse acerca del trayecto, el país de acogida y los retos a los que se van a enfrentar, como el clima o la delincuencia. Dib agrega que las poblaciones más vulnerables son las mujeres y los niños, por lo que hay que evaluar los riesgos.
Si la gente tiene ese conocimiento de los riesgos a los que se va a enfrentar, es menos probable que caiga en redes de trata o en estas mafias que buscan la explotación de las personas. Deben informarse a quiénes acudir luego de llegar al país de origen. Puede ser con las organizaciones de cooperación internacional, con puntos de atención en el tránsito fronterizo o el país de acogida, para que puedan llegar directamente seguros. Buscar aliados y a dónde acudir para hacer el tránsito mucho más seguro”,explica la abogada.
Victoria Capriles, por su parte, señala que los migrantes pueden acudir antes, durante su viaje o a su llegada al país a las oficinas regionales de Acnur o a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a los migrantes, como las clínicas de migrantes, por ejemplo.
Entre ellas, la Clínica Jurídica de Migrantes de la ULA, en Bogotá (Colombia), que se encarga de llevar casos sobre migración irregular, y en México está la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, así como la Fundación para la justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Organismos internacionales prevén que la cifra de migrantes venezolanos supere los siete millones al cierre de año. Las juristas prevén también una tendencia de mayores restricciones en su regularización en la región para los venezolanos que solo buscan vivir mejor lejos de Venezuela, por lo que continuará siendo una situación a la que se debe prestar atención si se le busca brindar respuestas a esta población vulnerable.