Mujeres migrantes, presas en el limbo de la política migratoria de México y EU

"No puedo regresar a Honduras, tengo miedo de estar en México y no me permiten pedir asilo en Estados Unidos. Me siento perdida", dice uno de los testimonios recopilados por el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi). Se trata de Mariana, una joven hondureña que huyó de su país en 2019 porque su esposo le pegaba y estaba involucrado en una pandilla.

Al llegar a la frontera entre México y Estados Unidos para solicitar asilo, la regresaron bajo el protocolo 'Quédate en México', impuesto durante la administración del republicano Donald Trump (2017-2021). Junto con sus hijos, logró llegar a Monterrey, donde vivía en la calle. En esa ciudad, fue víctima de violación, quedó embarazada y su bebé nació en octubre de 2020.

En esos años, las políticas migratorias de México y Estados Unidos se endurecieron y esto afectó de manera importante a las mujeres, advierten organizaciones civiles. Tan solo en 2021, Estados Unidos hizo casi 2 millones de expulsiones, mientras que en México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tuvo un incremento histórico a 131,448 solicitudes de asilo, de las cuales el 41% fue de mujeres y el 24% de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el informe Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021 , del Imumi y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés), las mujeres solicitantes de protección enfrentan desafíos y peligros en territorio mexicano en la espera de respuesta a sus solicitudes. Incluso, muchas veces encaran condiciones precarias que las dejan en la incertidumbre.

"El estar atrapada o en la frontera sur o en la frontera norte y no saber cuándo va a salir el documento migratorio, cuándo podrá tener una cita, la sensación que captamos a través de las entrevistas, además de lo que les ha ocurrido en cuanto a violencia y falta de acceso a derechos, es la incertidumbre, es decir, cuando una política te deja en estado de ambigüedad y no saber qué va a pasar", dice Gretchen Kuhner, directora del Imumi.

Las organizaciones señalan que, bajo presión de la administración del demócrata Joe Biden (2021-2025), el gobierno de México endureció su política migratoria para disuadir a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, lo que empeoró la situación de las mujeres atrapadas en la región, tanto en la frontera norte como en la sur.

En Tapachula, Chiapas, por ejemplo, mujeres solicitantes de asilo y sus familias esperan meses para que se resuelvan sus casos de asilo viviendo en albergues o cuartos rentados a las orillas de la ciudad, o bien, acampando en el parque central con acceso limitado a sanitarios y regaderas. Además, son víctimas de violencia, justo el problema del que muchas veces huyen de sus países.

El documento del Imumi y la WRC relata el caso de Jessica, una mujer hondureña que permanecía en una estación migratoria de la Ciudad de México, quien narró cómo a ella y a una amiga las detuvieron elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de ser expulsadas de Estados Unidos. Tras la detención, los uniformados abusaron sexualmente de ellas.

"Estuvieron detenidas en una estación migratoria en Ciudad Juárez durante dos meses antes de que las trasladaran a la Ciudad de México. Las mujeres fueron deportadas sin la oportunidad de presentar una denuncia contra los elementos de la Guardia Nacional", señala el informe.

Las mujeres solicitantes de protección internacional esperan en condiciones precarias. Debido a la limitada capacidad de los albergues, muchas terminan durmiendo en las calles y a expensas de agresiones, como pasó con Mariana.

Así sucedió también con Elena, una mujer proveniente de Honduras, quien trató de alojarse en albergues después de ser expulsada de Estados Unidos; sin embargo, la rechazaron y se vio obligada a quedarse en condiciones precarias, según contó al personal de la WRC. Después, ella y su familia trataron de solicitar asilo en Estados Unidos, pero fueron expulsados por la Patrulla Fronteriza a las calles de Tijuana, Baja California, donde un perro rabioso atacó y mató a su hijo de solo 20 meses.

Para Gretchen Kuhner, los gobiernos han creado esta incertidumbre como un mecanismo disuasor. "Es omisión a propósito, es para crear condiciones tan malas, tan precarias, tan peligrosas, que sirve como disuasión", afirma.

Jeremy MacGillivray, jefe adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones en México, explica que un migrante suele estar en constante incertidumbre y riesgo al no contar con una situación migratoria regular.

"Para una persona migrante, es clave que pueda tener documentación necesaria para poder estar en una situación migratoria regular, pueda trabajar, pueda acceder a servicios, y no esté en riesgo de ser aprehendida por autoridades o verse víctima de redes de tratantes, de traficantes. La documentación es clave", sostiene.

De acuerdo con las organizaciones, en la administración de Biden, las políticas restrictivas de la era Trump siguen vigentes, lo que agrava la situación de las mujeres obligadas a esperar del lado mexicano la oportunidad de buscar asilo.

A esto se suma que desde diciembre de 2021 se anunció —por orden de una corte— la reinstalación y expansión del protocolo 'Quédate en México'; además, se extendió la orden ejecutiva de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Título 42, que de forma inmediata expulsa a las personas en la frontera con México, en ocasiones repetidamente, enviándolas a situaciones de peligro tanto en territorio mexicano como en sus países de origen.

En 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 307,679 migrantes que transitaban de manera irregular por tierras mexicanas. Se trata de la cifra más alta en los últimos 21 años, encima de la registrada en 2005, durante el gobierno del panista Vicente Fox (2000-2006), cuando fueron 240,000 los detenidos.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), el 80% de los detenidos correspondía a ciudadanos procedentes de países de Centroamérica.

Las deportaciones en 2021 fueron en razón de uno de cada tres detenidos. Durante todo el año pasado, el INM regresó a sus países de origen a 120,448 extranjeros.

Expertos prevén que los flujos migratorios no se detendrán en 2022, pues la violencia, la crisis económica a causa de la pandemia de COVID-19 y los fenómenos naturales han obligado a miles de personas a dejar sus comunidades de origen.

"Los flujos van a seguir creciendo en todos los sentidos, es decir, de los flujos de migración hacia Estados Unidos, de inmigración de otros países, del retorno de Estados Unidos a México y de tránsito. Se espera que los flujos este 2022 sigan creciendo", afirma el especialista José Israel Ibarra, doctor en Estudios de Migración y consultor en Continente Móvil.