Degradación ambiental amenaza al empleo en América Latina

América Latina y el Caribe, una de las regiones más ricas en biodiversidad en el planeta, enfrenta un escenario de degradación ambiental que afecta la productividad de sectores fundamentales para la economía, los ingresos fiscales y el empleo, destaca una nueva publicación de la OIT.

“El trabajo de alrededor de 64 millones de personas (19 % de los empleos en la región) se basa directa o indirectamente en la biodiversidad y los bienes naturales, con el sector agropecuario y las industrias afines a la cabeza”, indicó el estudio de la oficina regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

También tienen peso la pesca y la acuicultura, el turismo, la producción de pulpa y pasta de papel, según el informe “Transición justa y empleo verde en el marco de la protección de la biodiversidad en América Latina y el Caribe”, preparado por la especialista argentina Laura Maffei.

La región contiene casi 15 % de las tierras continentales del planeta, y nueve por ciento de la población mundial, principalmente en áreas urbanas. En sus 10 000 kilómetros de norte a sur, 33 países contienen características y realidades diversas.

Alberga la quinta parte de la superficie mundial de bosques, 60 % de la vida terrestre del planeta, y a varios de los países más biodiversos del mundo, además de 31 % de los recursos de agua dulce de la tierra, aunque con una distribución muy desigual y áreas que sufren un estrés hídrico severo.

Como posee la cuarta parte de las tierras de mediano a alto potencial agrícola del planeta, algunos de sus países se cuentan entre los principales productores y exportadores mundiales de alimentos.

Precisamente el modo dominante de producción agropecuaria y otras actividades extractivas con gran peso, como la minería, constituyen un importante impulsor de la pérdida de biodiversidad y la degradación de sus ecosistemas, tanto terrestres como marinos, y el cambio climático agrava ese panorama.

De ese modo, la fragmentación de hábitats, la invasión de áreas silvestres, el cambio de uso del suelo, la extracción de bienes naturales a tasas insostenibles y los modelos energéticos y de producción contaminantes, “han producido y continúan produciendo profundos desequilibrios en el funcionamiento de la naturaleza”, se indicó.

“Considerando la fragilidad de los sistemas de protección social y la gran incidencia del trabajo informal en la mayoría de los sectores mencionados, es previsible que esto termine generando importantes efectos negativos sobre el empleo y un aumento de la pobreza, la informalidad y la desigualdad”, sostiene el estudio.

Frente a ese escenario, “el desafío de lograr un desarrollo sostenible con crecimiento inclusivo y mayor prosperidad requerirá de transformaciones importantes, que deberían estar fundamentadas en el concepto de transición justa”, sostuvo Maffei.

“Transición justa es asegurar que en el camino hacia sociedades más sostenibles no quede nadie atrás”. Esa transformación “puede también ser una fuente de nuevos puestos de trabajo decentes y que sean más respetuosos con la naturaleza, lo que la OIT conceptúa como empleos verdes”, agrega el texto.

Por ejemplo, en el sector agropecuario, en 2019 la informalidad afectaba a 85,7 % e los trabajadores, más de 30 puntos porcentuales por encima de los sectores industrial y de servicios y 20 % sobre el empleo rural no agrícola.

Dados esos niveles de informalidad y precariedad, se hace necesario fortalecer los sistemas de protección social para apoyar a los trabajadores y productores del sector, un desafío que aumenta con la covid, por los ingresos fiscales severamente afectados y en algunos casos el crecimiento de la deuda pública.

También se destaca la necesidad de sostener la agricultura familiar, que por ejemplo en Honduras es responsable de 76 % de los alimentos que se producen en el país y genera trabajo e ingresos a 37 % de la fuerza laboral, y en Ecuador provee entre 50 y 70 % de los alimentos y ocupa entre 20 y 30 % de la superficie agropecuaria.

En el sector pesquero, 2,4 millones de personas faenan en la pesca y 400 000 en la acuicultura en la región. Dos de cada tres laboran de manera artesanal. La participación de mujeres es de 30 % en la pesca, y de 10 % en la acuicultura.

El informe recoge que “a menudo, se asigna a las mujeres las funciones más inestables o puestos mal remunerados o no remunerados que requieren menos cualificaciones y que están infravalorados o no se valoran en absoluto”.-

Los trabajadores de la pesca están particularmente expuestos a sufrir condiciones laborales precarias, desde la informalidad laboral hasta situaciones severas de explotación laboral, trabajo forzoso, e, incluso, el abandono en países extranjeros.

Estas situaciones obedecen a factores como la sobrepesca, la pesca ilegal, la alta participación de migrantes, los tiempos prolongados en alta mar, o la pobre aplicación de controles por lo que el informe recomienda, en primer lugar, que ordene la pesca y se ponga fin a la actividad pesquera ilegal.

El informe concluye recomendando mejorar la inclusión laboral de las personas y comunidades cuyo trabajo y medios de vida dependen de los sectores clave para la protección de la biodiversidad.

Igualmente, fortalecer las capacidades de todos los actores del mundo del trabajo para mejorar sus contribuciones la toma de decisiones, tanto en materia ambiental como laboral.

Además, se debe incluir la dimensión ambiental en los procesos de diálogo social “para identificar tempranamente posibles impactos sobre el mundo laboral, ya sea de los cambios ambientales proyectados o de las medidas para hacerle frente”.