Advierten sobre la necesidad de establecer nuevos pactos fiscales y sociales en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe requiere nuevos pactos sociales y fiscales para construir sistemas de protección social universales, inclusivos, resilientes y sostenibles que permitan enfrentar la pandemia de COVID-19 y el contexto generalizado de desastres en la región.

En ello coincidieron representantes en la inauguración de la Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe coorganizada de forma virtual por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto al Gobierno de Antigua y Barbuda.

La cita regional fue inaugurada por Dean Jonas, Ministro de Transformación Social, Desarrollo de Recursos Humanos y Economía Azul de Antigua y Barbuda; Javier May, Secretario de Bienestar de México; Luis Felipe López-Calva, Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD; y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien posteriormente presentó el documento Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe.

“La Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe nos presenta una oportunidad única para reflexionar honesta y críticamente y evaluar los progresos alcanzados en nuestros países y en la región en materia de protección social. No debemos dar por sentada esta oportunidad”, dijo el ministro Dean Jonas de Antigua y Barbuda.

El funcionario llamó a ser “proactivos e innovadores” para alcanzar una recuperación transformadora en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Durante su intervención, el ministro no solo alertó sobre la alta vulnerabilidad de los países del Caribe a los efectos del cambio climático, en un contexto de alto endeudamiento, sino también sobre el aumento generalizado de la inflación, con gran impacto en las poblaciones más desfavorecidas, advirtió.

Para enfrentar estos desafíos, se requiere fomentar un comercio estratégico entre los países de la región y transformar los sistemas de protección social para avanzar hacia sociedades más inclusivas e igualitarias, remarcó.

El Secretario de Bienestar Javier May también destacó la labor realizada por la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social desde la Tercera Reunión realizada en 2019 en Ciudad de México, ocasión en la que se aprobó la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo (ARSDI).

El actual contexto de crisis, dijo, obliga a proponer nuevas políticas públicas de protección social, que incluyan métodos ágiles de reconstrucción de territorios y que estén centrados en la vida de las personas.

A su juicio, los países de la región deben revisar la ARSDI dado que “los nudos críticos del desarrollo social no son estáticos y tenemos la responsabilidad histórica de atender las causas de la pobreza, las emergencias sociales, la violencia, la marginación, el racismo y la injusticia”.

Un ejemplo del compromiso de su país con la cooperación regional para enfrentar estos retos es la creación de un fondo para la respuesta integral a desastres, formalizado el pasado 18 de septiembre durante la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cuya Presidencia pro tempore es ejercida por el Gobierno de México, explicó May, quien entregó la Presidencia de la Conferencia Regional al Ministro Dean Jonas de Antigua y Barbuda.

“En estos tiempos de elevada incertidumbre, la gobernanza efectiva es clave para el manejo de los riesgos. Esto requiere un nuevo contrato social que pueda manejar colectivamente los riesgos y con sistemas de protección sostenibles y universales para una economía más resiliente y equitativa, y que fomente la productividad”,
Luis Felipe López-Calva,
Subsecretario General Adjunto de la ONU y Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD.

“La pandemia se ha convertido en un desastre multidimensional”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. Iniciada como una emergencia sanitaria, rápidamente se transformó en la peor crisis económica de los últimos 100 años, con severos impactos sobre mujeres; niñas, niños, adolescentes y jóvenes; y poblaciones indígenas y afrodescendientes. Pero este no es el único motivo de alarma en la región, aclaró Bárcena.

“También lo son los desastres de origen geológico e hidrometeorológico y los efectos del cambio climático”, enfatizó.

La Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social se realiza en un contexto general de desastres, alertó la alta funcionaria internacional y mencionó las sequías que están teniendo consecuencias graves en el Corredor Seco Centroamericano, en la cuenca del Paraná o en el Cono Sur y la devastadora temporada de huracanes que ha azotado al Caribe, así como los continuos terremotos y erupciones volcánicas.

“Esta es una ocasión ideal para amplificar la voz del Caribe y sus especificidades, retos y lecciones aprendidas, situando a la subregión en el centro del desarrollo social de la región”, resaltó la máxima representante de la CEPAL.

“La pandemia se ha convertido en un desastre multidimensional. También lo son los desastres de origen geológico e hidrometeorológico y los efectos del cambio climático”,
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Según Bárcena, el COVID-19 puso en primera línea la importancia de desarrollar sistemas de protección social universales, inclusivos, resilientes y sostenibles, para lograr una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Para ello, reiteró, deben llevarse adelante nuevos pactos sociales y fiscales.

Los pactos sociales deben estar orientados a promover la cultura de la igualdad y dar legitimidad a reformas estructurales y políticas transformadoras con enfoque de derechos, para alcanzar así una sociedad del cuidado, con cohesión y participación, como parte permanente de la cultura democrática, planteó.

Los contratos fiscales deben financiar una inversión social con sostenibilidad financiera, con políticas tributarias progresivas que permitan aumentar la recaudación proveniente de quienes concentran la mayor riqueza, apuntó.

“Es preciso que la región persista en los esfuerzos hacia una institucionalidad social robusta, la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social, la integración regional y la cooperación internacional”, concluyó Bárcena.

La Cuarta Reunión de la Conferencia Regional tendrá cuatro paneles que tratarán temas como desastres y protección social en el Caribe; propuestas para una reconstrucción transformadora, con resiliencia e inclusión; y oportunidades y desafíos institucionales hacia un sistema de protección social universal, integral, sostenible y resiliente.