Es hora de la solidaridad y no de la mezquindad”: Organizaciones exigen programa de reunificación de familias haitianas

Los firmantes de una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera señalan que este asunto va más allá de una acción humanitaria, pues Chile tiene compromisos y obligaciones al haber suscrito convenios internacionales en esta materia.

La mañana de este viernes, una serie de organizaciones sociales, acompañados de parlamentarios del pacto Apruebo Dignidad, entregaron en La Moneda una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera solicitando la implementación de un programa de reunificación familiar para personas de nacionalidad haitiana.

El motivo de la misiva es llamar la atención del Gobierno respecto de la grave situación que enfrenta Haití luego de una crisis política de larga data a la que se suma el terremoto del pasado 14 de agosto que dejó más de 2 mil 200 muertos hasta ahora, tragedia que se intensificó luego del paso de la tormenta tropical Grace que causó inundaciones en las zonas afectadas por el sismo.

Los firmantes de la carta hicieron hincapié en que en nuestro país hay miles de familias haitianas que estaban fragmentadas producto de la migración y que ahora ven recrudecida su situación ante la incertidumbre respecto de sus familiares que aún permanecen en Haití, muchos de los cuales son niños, niñas y adolescentes. Por eso, según explicó el académico Luis Eduardo Thayer es urgente que Chile implemente un programa de reagrupación familiar que permita que las familias haitianas reunirse en nuestro país lo antes posible.

“Dado que hay muchas familias haitianas que viven en Chile, nosotros consideramos que lo que correspondía era solicitar al Gobierno de Chile que cumpla sus compromisos internacionales en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes, es decir, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares y la Convención de Cartagena. Eso se puede hacer a través de la implementación de un programa de reagrupación, no de visas, porque eso ya existe y tienen mucha letra chica, se les pide a las personas una serie de documentos que actualmente no pueden conseguir en las instituciones del Estado Haitiano”, comentó.

La diferencia de un programa específico con las visas de reunificación que ya existen en Chile dice relación con los requisitos de cada una. Así, diversas organizaciones han denunciado la exigencia de certificados de antecedentes penales, que, dada la situación actual del Estado Haitiano son imposibles de obtener, lo que hace muy complejo a la vez postular a esa visa que, por lo demás, demora un largo tiempo en ser aprobada por los organismos competentes.

Para el integrante del Consejo Directivo de la Cátedra de Migraciones de la Universidad de Chile, las expectativas de que el Gobierno acceda a la solicitud planteada son bastante más altas que en otras oportunidades dadas las recientes declaraciones del canciller Allamand respecto de la decisión del gobierno chileno de dar refugio a los ciudadanos afganos que lo soliciten.

“Hay un escenario que eventualmente podría llevar al Gobierno a reaccionar en contra de lo que ha hecho hasta ahora, que ha implementado una política más bien en contra de las personas migrantes y no en favor de sus derechos. Si bien la expectativa no es muy alta, el panorama amerita el que se dé un giro en la política migratoria”.

Según lo que se lee en el documento y también lo explicado por el profesor Thayer en conversación con nuestro medio, es un imperativo ético del Estado chileno el otorgamiento de visas humanitarias para nacionales de Haití durante el periodo de catástrofe, que permitan la reunificación familiar y la protección especial para mujeres, niños, niñas y adolescentes. Por lo mismo, se ha pedido al Ejecutivo que suprima las restricciones de cuotas establecidas en 2018 que planteaba que solo se entregarían 10 mil 000 visas anuales, ya que los compromisos que tiene el Estado de Chile con los DDHH no deben estar limitados por cuotas.

Además, el académico de la Universidad de Chile enfatizó en que, si bien este es un asunto de humanidad y solidaridad, se trata también de obligaciones a las que nuestro país se encuentra sujeto por haber suscrito diversos tratados internacionales.

“Si Chile no hace nada, no está cumpliendo sus compromisos internacionales en materia de protección de los NNA y lo que estamos pidiendo es eso. Si hay persecución política a personas de Haití, Chile evidentemente debe cumplir el estándar internacional que marca la Convención de Cartagena y la ley de refugio que tenemos. Estamos pidiendo solidaridad y humanidad, pero también que se cumplan los compromisos internacionales vinculantes que ha asumido nuestro Estado”.

El documento también hace un llamado al Gobierno a tomar acciones a la brevedad. “Es la hora de la solidaridad y no de la mezquindad. Voluntad y respeto de los compromisos internacionales es lo que se requiere para enfrentar la crisis que hoy atraviesan las familias del hermano pueblo de Haití”, expresaron en el texto.

De acuerdo con los datos entregados por las organizaciones sociales pro migrantes, el gobierno ha gastado en los últimos tres años más de $1.500 millones de pesos en pasajes destinados a la expulsión de personas, pero ha recaudado 10 veces más, en torno a $15.000 millones, solo en multas por faltas administrativas a personas migrantes y en torno a los $90.000 millones de pesos desde 2018 por concepto de visas, tasas y permisos de permanencia.