El Senado chileno aprobó este miércoles una reforma del Código de Aguas elaborado durante la dictadura de Augusto Pinochet, con el objetivo de reemplazar la legislación que privatizó en gran medida el uso por una que prioriza el consumo humano y el medio ambiente.

El proyecto de ley, que languideció por una década en el Congreso, ha logrado grandes avances en lo que va de 2021, coronado por una votación unánime en el Senado a fines del mes pasado.

El código reformado aprobado en horas de la noche requiere que las nuevas concesiones de agua sean temporales, y no indefinidas, como en la ley original. También prohíbe los derechos de agua sobre glaciares, protege el agua en territorios indígenas y permite al gobierno establecer reservas en áreas ambientalmente sensibles.

El proyecto de ley, que ahora regresa a la Cámara de Diputados para votaciones finales, también requiere que todos aquellos con derechos se registren y revelen su uso actual o se arriesgan a perderlos.

La senadora socialista Isabel Allende dijo en el debate que la objeción de los legisladores no es eliminar derechos, sino ponerlos bajo el microscopio y una nueva regulación fuerte que da prioridad el consumo humano.

"Los futuros (derechos) no serán indefinidos, a perpetuidad, no serán heredables, vendibles, etc. Tampoco permitirán especulación que muchos han hecho con esos derechos de aprovechamiento", dijo la legisladora.

Chile, mayor productor mundial de cobre, se ha visto afectado por una sequía severa durante casi una década, lo que ha obligado a las mineras en expansión a redoblar sus esfuerzos para reducir el uso de agua y construir plantas desalinizadoras.

Las deficiencias, combinadas con la reducción de las nevadas y el retroceso de glaciares, también han llevado a las granjas y viñedos del país a repensar sus fuentes de riego.

La sequía prolongada y la creciente presión de los chilenos por cambios luego de las protestas masivas en 2019 han obligado a los legisladores a apurar proyectos retrasados durante mucho tiempo.

Pero es probable que la última palabra provenga de la asamblea que actualmente redacta una nueva Constitución. Muchos de los delegados de la convención han pedido que el agua sea consagrada en la nueva Carta Magna como un derecho humano.