El Senado argentino aprobó iniciativas giradas por el Poder Ejecutivo por 70.000 millones de pesos argentinos (casi US$ 800 millones) que buscan impulsar la reactivación económica y que incluyen el Consenso Fiscal firmado entre el Gobierno nacional y las provincias y una serie de incentivos tributarios para el sector de la construcción.
En ambas votaciones, los senadores del Frente de Todos apoyaron las propuestas, mientras que los legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio se pronunciaron en forma dividida.
Consenso Fiscal
En primer término, los senadores respaldaron y giraron a la Cámara de Diputados el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70.000 millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
El entendimiento aprobado por 49 votos afirmativos y 15 negativos fue firmado el 4 de diciembre último en un acto que se realizó en la Casa Rosada por todos los gobernadores, con excepción de los de San Luis y La Pampa y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pese a no firmar el acuerdo, San Luis y La Pampa brindaron su apoyo a la iniciativa parlamentaria debido a que tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal.
En tanto, la Ciudad de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables, se abstuvo de hacerlo.
Incentivos a la construcción
En el segundo de los proyectos, impulsado por el Poder Ejecutivo para reactivar las obras en el sector privado, se exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% del monto invertido.
Además, se determina que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único impuesto (con alícuota creciente en el tiempo) y se les otorgará un "blanqueo fiscal" respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos, además de una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas.
En este punto, el interbloque conducido por Luis Naidenoff votó en disidencia, aunque apoyó el resto de los artículos, por lo que la iniciativa del Gobierno terminó siendo aprobada por unanimidad.
De acuerdo con el proyecto, las personas que declaren sus capitales antes de los 60 días de promulgada la ley pagarán un impuesto del 5%, mientras las que lo hagan después de esa fecha, y hasta los 90 días, pagarán un único tributo del 10%, y las que realicen su declaración desde ese día y hasta 120 días abonarán 20%.
Como miembro informante de parte del Frente de Todos, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, ponderó el Consenso Fiscal al señalar que se trata de una "armonización con las provincias en cumplimiento de normas básicas".
En su discurso, Caserio cuestionó al bando político del ex mandatario, Mauricio Macri, de sostener que todos los acuerdos de consenso fiscal firmados durante su gestión no se correspondían con los datos de la realidad y reprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la fuga de capitales que, según opinó, ocurrió durante ese período.
"Lamentablemente la realidad demostró que la mayoría de estos consensos no pudieron dar resultados" y que "nunca embocaron con ninguna variable", sostuvo el senador del peronismo por Córdoba, al tiempo que remarcó la falta de investigación de capitales llevados al exterior durante el macrismo.
En representación de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, declaró que "está claro que con esta presión tributaria no se puede y con este Estado tampoco" y consideró que Argentina debe aspirar a tener "un Estado riguroso y sobrio con norte y moral en las decisiones" ya que "actualmente tenemos un Estado rapiñado, desguasado y tironeado por las facciones de poder de turno".
"Vamos a dar piedra libre con este Consenso Fiscal para volver a subir impuestos como ingresos brutos sin decir cómo y para qué vamos a gastar", expresó Lousteau.
Por último, respecto al proyecto que busca incentivos para la construcción, Lousteau cuestionó "el blanqueo para aquellos que se apropiaron del Estado no pagando los impuestos" y advirtió que la actividad de la construcción tiene "una parte en negro importante".