“El mundo se encuentra en una encrucijada existencial que involucra una pandemia, una profunda recesión económica, un cambio climático devastador, una desigualdad extrema y un levantamiento contra las políticas racistas. Recorriendo todos esos desafíos subyace la larga negligencia de la lucha contra la extrema pobreza de muchos gobiernos, economistas y defensores de los derechos humanos”, asegura un informe de un experto de la ONU presentado al Consejo de Derechos Humanos.
Philip Alston, hasta hace una semanas relator* especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, señala que frente a esa negligencia muchos líderes mundiales, economistas y expertos han promovido con entusiasmo un mensaje de autocomplacencia, proclamando que el avance contra la pobreza es uno de los mayores logros humanos de nuestro tiempo.
El mundo mide erróneamente el avance en la eliminación de la pobreza haciendo referencia a un nivel de subsistencia miserable en lugar de a un nivel de vida incluso mínimamente adecuado.
Sin embargo, "la realidad es que miles de millones de personas se enfrentan a pocas oportunidades, innumerables indignidades, hambre innecesaria y muertes que podrían evitarse", concluye este profesor, titular de la cátedra John Norton Pomeroy de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.
Una línea del Banco Mundial demasiado baja
La desconexión entre la realidad y el discurso se basa en que el Banco Mundial ha establecido una línea de umbral de la pobreza demasiado baja.
Alston explica que “casi todas esos mensajes de satisfacción (por los avances contra la pobreza) dependen de una forma u otra de la línea internacional de pobreza establecida por el Banco Mundial”, que permite afirmar que el número de personas que viven en la pobreza extrema cayó de 1895 millones en 1990 a 736 millones en 2015, aproximadamente del 36 al 10% de la población mundial.
“Esa caída se debe en gran medida al aumento de ingresos en un solo país, China. Y oscurece la pobreza entre las mujeres y los que quedan excluidos de encuestas oficiales, como los trabajadores migrantes y los refugiados”, revela Alston.
La actual línea internacional de extrema pobreza del Banco Mundial se estable en un ingreso de 1,90 dólares estadounidenses diarios por persona y se obtuvo de un promedio de líneas de pobreza nacionales adoptadas por algunos de los países más pobres del mundo, principalmente en África subsahariana.
Esta línea del Banco Mundial “está explícitamente diseñada para reflejar un nivel de vida asombrosamente bajo, muy por debajo de cualquier concepción razonable de una vida digna”, declara el experto.
Según la medida, uno puede "escapar" de la pobreza sin tener un ingreso cercano al requerido para lograr un nivel de vida adecuado, incluido el acceso a la atención médica y la educación.
“Se trata de un estándar que nada tiene que ver con el establecido por el derecho de los derechos humanos y plasmado en la Carta de las Naciones Unidas”, subraya el relator.
Alston señala que “al centrarse decididamente en la línea de pobreza defectuosa del Banco Mundial, la comunidad internacional mide erróneamente el progreso en la eliminación de la pobreza haciendo referencia a un nivel de subsistencia miserable en lugar de a un nivel de vida incluso mínimamente adecuado. Esto a su vez facilita las afirmaciones muy exageradas sobre la inminente erradicación de la pobreza extrema y minimiza el estado de empobrecimiento en el que aún subsisten miles de millones de personas”.
“El resultado es una victoria pírrica, un sentimiento indebido de inmensa satisfacción y una complacencia peligrosa. Usando medidas más realistas, el grado de pobreza global es mucho mayor y las tendencias extremadamente desalentadoras”, dijo Alston.
“Incluso antes de la pandemia, 3400 millones de personas, casi la mitad del mundo, vivían con menos de 5,50 dólares por día. Ese número apenas ha disminuido desde 1990".
En la actualidad, la principal medida de privación global no monetaria, el Índice de Pobreza Multidimensional, que abarca 101 países en desarrollo, arroja una tasa de pobreza del 23%.
Pero, según el catedrático, ni incluso con esa línea de pobreza tan baja se va a conseguir el objetivo número 1 de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU que establecía el fin la pobreza en todas sus formas en todo el mundo para el 2030.
El COVID-19, una pandemia de pobreza
La pandemia mundial del coronavirus ha llevado a más de 250 millones de personas al borde de la inanición y empujará a 176 millones por debajo de esa línea de pobreza, frustrando así la Agenda.
El relator señala que hay que llamarse a engaño porque el pésimo historial de la comunidad internacional en lo que respecta a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el desprecio por la vida humana precede en gran medida a esta pandemia. Y denuncia que esa lucha se centra en las promesas de un el crecimiento económico que no se cumplen.
"En demasiados casos, los beneficios prometidos del crecimiento no se materializan o no se comparten", dice el informe. "La economía mundial se ha duplicado desde el final de la Guerra Fría, y sin embargo la mitad del mundo vive con menos de 5,50 dólares al día, principalmente porque los beneficios del crecimiento han ido en gran medida a los más ricos".
Por ese motivo, el mundo necesita nuevas estrategias, una auténtica movilización, potenciación y responsabilidad "para evitar el sonambulismo hacia el fracaso asegurado mientras se producen interminables informes insípidos".
Acabar con la pobreza es una decisión política
También aseguró que la pobreza mundial continua a gran escala es incompatible con el derecho humano a un nivel de vida adecuado y el derecho a la vida junto con el derecho a vivir con dignidad.
“El hecho de no tomar las medidas necesarias para eliminarla es una elección política que, además, deja firmemente instauradas prácticas discriminatorias basadas en género, estatus, raza y religión, diseñadas para privilegiar a ciertos grupos sobre otros”.
Al presentar el informe, el sucesor de Alston, Oliver De Schutter dijo que la justicia fiscal es clave para garantizar que los gobiernos dispongan del dinero necesario para la protección social tras señalar que en 2015, las multinacionales trasladaron aproximadamente el 40% de sus beneficios a paraísos fiscales, mientras que los tipos del impuesto de sociedades a nivel mundial han caído de una media del 40,38% en 1980 al 24,18% en 2019.
De Schutter también pidió que se estableciera un fondo de protección social para ayudar a los países a dar a los más pobres garantías básicas de seguridad social.
"El crecimiento por sí solo, sin una redistribución mucho más robusta de la riqueza, no conseguiría combatir eficazmente la pobreza", agregó el nuevo relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos.
Sobre la base de las tasas de crecimiento histórico, se necesitarían 200 años para erradicar la pobreza por debajo de la línea de los cinco dólares diarios y se requeriría un aumento del producto interior bruto mundial de 173 veces.
"Esto es una perspectiva totalmente irreal, sobre todo porque no tiene en cuenta la degradación ambiental asociada al crecimiento económico, ni los efectos del cambio climático en la propia pobreza", explicó De Schutter.
El experto mostró su satisfacción por el informe de su colega porque “ilustra que la pobreza no es sólo una cuestión de bajos ingresos. Es una cuestión de exclusión, de abuso institucional y social, y de discriminación. Es el precio que pagamos por las sociedades que excluyen a las personas cuyas contribuciones no son reconocidas. Erradicar la pobreza significa construir sociedades inclusivas que pasen de un enfoque caritativo a un enfoque de empoderamiento basado en los derechos".
*Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.