La política fiscal debe jugar un papel central a la hora de mitigar la crisis social y económica creada por la pandemia y proporcionar el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar a Latinoamérica hacia un desarrollo sostenible e inclusivo en un mundo post COVID-19, asegura la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en su Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020.
América Latina debe acelerar la transición hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos.
La pandemia, dice el informe, ha expuesto deficiencias en los sistemas de protección social, tanto en el mercado laboral como en los sistemas de seguridad social, y en la limitada provisión crucial de bienes y servicios públicos de alta calidad.
Por lo tanto, América Latina debe acelerar la transición hacia Estados de bienestar social que garanticen mejores condiciones de vida para todos y provean de fundamentos sólidos para el desarrollo sostenible mediante la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de los sistemas de protección social – incluyendo la adopción de un ingreso básico universal-, y que proporcionen sistemas de educación y salud de calidad, y sistemas de pensiones de calidad, enfatiza el informe.
En este sentido, la política fiscal deberá contribuir al logro de estas metas a través de un sistema de tributación progresiva y eficiente, y de un gasto público efectivo y equitativo que dé prioridad a atender las necesidades de las sociedades de la región.
El papel de la política fiscal
El informe analiza la respuesta fiscal de los países de la región frente a la crisis humana y económica provocada por la enfermedad del coronavirus y destaca la rapidez con que los países han reaccionado ante la crisis mediante la adopción de paquetes de medidas fiscales que representan, en promedio, un 3,2% del producto interno bruto (PIB) de los países de América Latina.
Estos paquetes contemplan medidas de gasto público, alivio tributario y apoyo de liquidez respaldado por los gobiernos de la región.
No obstante, el informe señala que el manejo de la política fiscal en la actualidad se complica por un entorno macroeconómico poco favorable y altamente incierto.
“A los aumentos del endeudamiento público observados durante la última década, se suma el hecho de que, debido a la pandemia, los países enfrentan caídas en la recaudación tributaria como consecuencia de la contracción en la actividad económica y menores precios de los productos básicos, mientras que las necesidades de gasto aumentan rápidamente para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia”, observan los expertos de la Comisión.
En ese contexto, “es importante remarcar que una de las principales barreras para una mayor movilización de recursos internos en la región es el elevado nivel de evasión fiscal”, indica el informe.
Según las últimas notificaciones de la Comisión Económica de la ONU el incumplimiento tributario se ubicó en 325.000 millones de dólares en 2018, equivalente al 6,1% del producto interior bruto.
Nuevos impuestos o modificación de los actuales
La evasión del impuesto sobre la renta corporativa en la región es especialmente aguda. Los sistemas tributarios en algunos países generan menos de 50% de los ingresos por concepto de este impuesto que en teoría deberían generar, lo que resulta en brechas tributarias de entre 0,7% del PIB y 5,3% del PIB.
Frente a este desafío, los países de la región se encuentran desarrollando una serie de acciones e innovaciones para acotar los espacios de la evasión y así impulsar la movilización de recursos internos para financiar los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, agrega el informe.
“No obstante, estas medidas deben reforzarse para generar el financiamiento interno que permita abordar los retos del mediano plazo provocados por la pandemia”, añaden.
“Si el aumento de los gastos va acompañado por nuevos impuestos o modificaciones de las tasas actuales, podrían incrementarse los ingresos recaudados. En cambio, si se recurre al endeudamiento, el cambio en el nivel de gasto no conlleva una variación en los ingresos recaudados a corto plazo.
El impacto del COVID-19 en múltiples aspectos económicos y sociales hace que la acción del Estado a través de la política fiscal, en general, y de los programas de gasto público, en particular, cobren una mayor relevancia, recalca la publicación.
Entre 2000 y 2018, el crecimiento del gasto público en América Latina se debió a mayores erogaciones destinadas a financiar políticas sociales. En particular, el gasto en salud, educación y protección social pasaron de representar 1,5%, 2,9% y 3,2% del PIB en 2000, a representar el 2,3%, el 3,9% y el 4,0% del PIB en 2018, respectivamente.
Sin embargo, como lo muestran los efectos sociales derivados de la pandemia, estos niveles de gasto son insuficientes para atender las demandas sociales que enfrenten los países de la región y proveer bienes y servicios públicos de calidad.
Adicionalmente, el informe establece que la política de consolidación fiscal en los últimos años ha acortado el crecimiento del gasto social y ha provocado una contracción de los gastos de capital, particularmente los relacionados con la inversión en transporte.
Según la Comisión, en la medida en que la región supere la contingencia sanitaria, se abrirá una oportunidad para reconstruir una mejor realidad para los países de la región, con sociedades más inclusivas e igualitarias.