La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aseguró este martes que para enfrentar la pandemia de COVID-19 es necesario un liderazgo basado en la información clara, la evidencia y el principio de proteger a los más vulnerables.
Michelle Bachelet destacó que la “desinformación nociva” se ha de contrarrestar con información creíble y exacta que provenga de fuentes autorizadas “y promover la alfabetización en los medios de comunicación social”.
Como ejemplo de “enfoque abierto y comunicativo” resaltó la tarea de no dejar a nadie atrás emprendida en Corea del Sur donde “el Gobierno reconoció desde el principio la necesidad de adoptar políticas de amplio alcance que llegaron a los más vulnerables de la sociedad coreana, como las personas de edad, las personas sin hogar, la comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales y los migrantes indocumentados”.
Por el contrario, se mostró preocupada por “las manifestaciones que niegan la realidad del contagio del virus, y la creciente polarización sobre cuestiones fundamentales” en Belarús, el Brasil, Burundi, Nicaragua, Tanzania y los Estados Unidos, entre otras naciones.
Por ello, dijo que la pandemia “pide urgentemente un liderazgo que se base en la claridad, las pruebas y los principios para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad y para hacer frente a las profundas desigualdades que están acelerando la incidencia y el impacto de la pandemia”.
Los ODS, en peligro
En su repaso anual ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de estos en el mundo, Bachelet explicó cómo el COVID-19 los ha puesto en riesgo junto con toda la agenda de desarrollo sostenible.
“Sin una acción rápida y decisiva a nivel nacional e internacional, la pandemia pondrá fin a las esperanzas de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030”, aseguró.
Esta situación afectará especialmente a los países más pobres donde el alto número de muertes y problemas médicos, la pérdida de empleos, el aumento de los precios de la comida, las interrupciones en el calendario escolar y la agudización de la pobreza pueden conducir a decenas de millones de personas a la pobreza extrema deshaciendo “una década o incluso más” de avances en materia de desarrollo
La Alta Comisionada instó a todos los líderes mundiales a comprender la importancia vital de este momento y a adoptar medidas inmediatas en favor “de la labor de las instituciones multilaterales que se esfuerzan por ayudar a los países y los pueblos en esta crisis”.
Balance tras seis meses de COVID-19
Al cumplirse medio año de la detección de los primeros casos de la enfermedad, Bachelet indicó que la epidemia supone una amenaza para la paz y el desarrollo y que demanda un mayor número de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre otros.
Por ello, destacó que la aparición de la pandemia debería suponer un estímulo para adoptar políticas basadas en los derechos humanos que promuevan la salud pública, la confianza del público en las direcciones oficiales y una mayor capacidad de recuperación social y económica.
Efectos de la COVID-19 en minorías raciales y poblaciones indígenas
A continuación, la Alta Comisionada explicó que las minorías raciales y étnicas y los pueblos indígenas tienen más probabilidades de morir de coronavirus y que son el grupo poblacional más afectado a nivel socioeconómico.
“Esto es particularmente cierto en el caso de los afrodescendientes, que -en todas las zonas de la diáspora afrodescendiente- siguen enfrentándose a una educación desigual, servicios y acceso a la atención de la salud inadecuados, y a formas interrelacionadas de discriminación estructural que los sitúan en primera línea en los denominados empleos "esenciales" que profundizan su vulnerabilidad”.
En este apartado, resaltó los planes de respuesta para proteger la salud de las poblaciones indígenas en Australia y Costa Rica, “mientras que Panamá está ejecutando un proyecto a largo plazo para mejorar los servicios básicos y la infraestructura, incluida la atención de la salud, en sus 12 territorios indígenas”.
Mujeres, niñas y personas mayores
Bachelet también denunció que la COVID-19 agrava la exclusión y la discriminación que sufren las mujeres y las niñas resumiendo su situación en tres aspectos: la falta de protección social debida a su alta representación en el empleo informal, la doble carga que supone el cuidado de niños y ancianos y su permanente exclusión de la toma de decisiones.
A esta serie de circunstancias se le ha de añadir un aumento de la violencia de género durante los últimos meses.
Recordó que las personas mayores son el grupo poblacional con mayores tasas de mortalidad y las “espantosas” tasas de contagio y muertes en los centros residenciales que sugieren “profundas deficiencias” en los enfoques adoptados por las autoridades nacionales sobre estos establecimientos sanitarios.
Los efectos de la COVID-19 en los menores
Mencionando datos de UNICEF, la Alta Comisionada destacó que, de no adoptarse medidas urgentes para proteger a las familias de las consecuencias económicas de la pandemia, “el número de niños que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza podría aumentar en un 15% en 2020, hasta alcanzar los 672 millones” y que el Programa Mundial de Alimentos “estima que el número de niños pequeños que sufren de malnutrición aguda podría aumentar en 10 millones este año”.
“La interrupción de las escuelas y los programas de capacitación aumenta el riesgo de que los niños más pobres se queden rezagados y aumenta la exposición de los menores a la amenaza de la violencia doméstica, el trabajo infantil, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. También vemos indicios de un aumento de la explotación sexual de los niños en línea”, explicó.
La libertad de expresión
Otra de las consecuencias de la expansión de la pandemia es su instrumentalización que se usa para restringir el derecho de las personas a hablar, manifestar sus opiniones y participar en la toma de decisiones que afectan a sus vidas.
En particular, “tomó nota” de los informes sobre amenazas e intimidaciones contra informadores y activistas en Rusia, China, Kosovo, Nicaragua y otros países con el aparente objetivo de desalentar las críticas a las respuestas de las autoridades a la COVID-19.
“La respuesta de El Salvador a la pandemia dio lugar a numerosas denuncias de aplicación excesiva y arbitraria de medidas, así como a declaraciones que socavan la autoridad y la independencia de las instituciones del país, haciendo caso omiso de los fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de las normativas aprobada por la Asamblea Legislativa”.
La tregua en los países en conflicto o necesitados de ayuda humanitaria
Con relación a los países con conflictos armados, Bachelet manifestó que la COVID-19 “profundiza las amenazas locales y regionales para la paz” y apoyó el llamamiento del Secretario General en favor de un cese al fuego de alcance mundial que permita una acción eficaz contra la pandemia.
Tras explicar las urgencias humanitarias en Yemen, Siria, el Sahel y Sudán del Sur reflexionó sobre la delicada situación en uno de los países de América Latina y el Caribe.
“Haití, donde casi el 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, es un claro ejemplo de países en los que, tras años de crisis, es probable que las repercusiones socioeconómicas de COVID-19 sean devastadoras, lo que alimenta aún más los agravios sociales, la delincuencia y los disturbios”, destacó.
Políticas de Recuperación
Finalmente, y ante esta delicada situación humanitaria, destacó la necesidad de implementar políticas que miren hacia el futuro reforzando las protecciones de los derechos humanos y que sirvan para prevenir futuras crisis
Por ello, destacó la necesidad de crear “una nueva economía que sea ambientalmente sostenible, equitativa y justa, e instó a todos los países a garantizar que las ayudas fiscales y los estímulos económicos para empresas se guíen mediante los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
“La pandemia y sus repercusiones deben abordarse mediante una labor coordinada y mundial, incluso en lo que respecta a una vacuna, que debe considerarse un bien público mundial. La riqueza, el género o la situación migratoria de una persona no deben determinar el acceso a una vacuna que pueda salvar vidas individuales y el futuro de las economías y las sociedades. Toda falta de cooperación internacional y todo esfuerzo que dé prioridad al beneficio privado o a la ganancia política por encima de la salud pública extenderá los ciclos repetidos de infección y obstaculizará la recuperación económica”, explicó.