La migración venezolana, un reto para la solidaridad latinoamericana

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La migración venezolana, un reto para la solidaridad latinoamericana

Ecuador, 27 de marzo, (ElTelégrafo).-La migración es el síntoma de complejas situaciones estructurales expresadas en desigualdad e injusticias económicas, sociales, culturales, violencia política, violaciones a los derechos humanos, conflictos armados, desastres naturales o la aplicación de megaproyectos que obligan a las personas a desplazarse forzadamente de sus lugares de origen, con la finalidad de buscar seguridad, paz y el sueño de vivir con dignidad.

En ese contexto, los últimos años en la región hemos sido testigos de la continua migración venezolana; que de acuerdo al Acnur, llegó en enero de 2018 a cerca de 134.000 solicitantes de asilo y 351.000 personas en búsqueda de otras opciones migratorias en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Panamá, Uruguay, EE.UU., Canadá y otros países.

El Acnur y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han solicitado la atención de los países vecinos, tanto para aquellas personas que requieren protección internacional, cuanto para quienes necesitan algún estatus migratorio.

El Gobierno colombiano dio el primer paso este 21 de marzo al emitir el Decreto No. 542, por el cual el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República dispuso que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres diseñara y administrara un Registro Administrativo de Migrantes venezolanos, que servirá para la formulación de la política integral de atención humanitaria; lo que siendo un paso importante, es insuficiente mientras no incluya la regularización, atención humanitaria y garantía de derechos.

Nadie en la región puede desconocer la situación de miles de venezolanos; quienes por la naturaleza mixta de su flujo migratorio requieren particulares medidas de protección, que incluyen la asistencia humanitaria, la caracterización del fenómeno para definir políticas específicas; y, la regularización temporal o permanente con el estatuto jurídico que corresponda; en búsqueda de garantizar derechos y la convivencia con las comunidades receptoras; la mayoría de las cuales han vivido éxodos migratorios y sabrán responder desde la acogida y la solidaridad.