Protección de la Amazonía en acuerdo UE-MERCOSUR

46.000 kilómetros cuadrados de Amazonía protegida fueron abiertos a la minería por decreto ejecutivo del presidente de Brasil. La presión nacional e internacional llevó a la Justicia a suspender el decreto. No obstante, políticos y organizaciones ambientalistas no las tienen todas consigo. 

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"Estamos muy preocupados por la apertura de estos territorios a la minería. Aunque fue un alivio ver que hubo una suspensión por parte de la Justicia, no estamos seguros de que poco después sea levantada. Tenemos ejemplos en el pasado", dice a DW Molly Scott Cato, eurodiputada británica de la bancada ecologista en el Parlamento Europeo. Junto con otros diputados de su grupo político dirigió a la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malström, una carta llamando la atención sobre esta situación. 

Aparte de que en su subsuelo hay oro, cobre, manganeso y tántalo, "en la Reserva Renca hay indígenas aislados que no tienen ningún contacto con la sociedad nacional. Por ejemplos del pasado, sabemos que cuando, sin su voluntad, se abre el contacto, las enfermedades pueden acabar hasta con el 90% de la población. En esa zona viven también -en territorios demarcados-  los aparai, los wayapi y los wayana. Éstos no han sido consultados", agrega Watson. 

Su organización envió, esta semana, una carta al presidente Michel Temer, exhortándolo a respetar la convención 169 de la Organización Mundial del Trabajo -firmada por Brasil- que prevé informar y consultar previamente a las poblaciones locales cuando se trata de proyectos que van a afectarlos.

Versión oficial

Según información del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, esta reserva -creada en 1984 para bloquear la explotación del cobre y minerales asociados que existen en la región- sólo puede ser explotada cuando haya un interés nacional.

"La extinción de Renca (Reserva Nacional do Cobre e Associados) permitiría que la región se beneficie del desarrollo de la actividad minera… El objetivo de la medida es atraer nuevas inversiones con generación de riqueza para el país y empleo y rentas para la sociedad respetando los preceptos de sustentabilidad",  se afirma en un comunicado del ministerio.

¿Sólo palabras?

"Aunque hubiese voluntad política de hacerlo sustentablemente, tenemos malos ejemplos al sur del Marañón y de Amapá. Sabemos que el impacto de una mina es enorme. No es sólo la mina y la deforestación. Es que implica que a través de las carreteras grandes y la ferrovía que transporta la bauxita y el hierro, llegan terratenientes, colonos, agricultores y madereros que aprovechan la infraestructura. Podría significar el fin de toda una zona que hasta ahora ha estado relativamente preservada", teme Watson.

Por su parte, Scott Cato tampoco confía mucho en que la explotación minera se vaya a llevar a cabo de manera sustentable. "Varios casos demuestran que no será así; la explotación minera en el Amazonas no sólo acabaría con plantas y animales sino con pueblos originarios. Sabemos de la larga historia de defensores de la Amazonía que han sido brutalmente asesinados", denuncia la eurodiputada. Así las cosas, no es difícil imaginar lo que significaría -en el marco de un acuerdo de libre comercio- una mayor presencia de empresas europeas en la región. 

Instrumentos internacionales

Y sí, existe la convención 169 de la OIT que protege territorios indígenas. También la Convención de la ONU para la protección de la biodiversidad. También existen acuerdos comerciales multilaterales (GATT) que prevén negar la entrada al mercado a productos cuya elaboración o extracción pongan en peligro la vida y la salud de seres y del planeta.

Por otro lado, desde el lado europeo, hay directivas de expreso apoyo a la supervivencia de los pueblos indígenas; también regulaciones para no permitir que materias primas que provengan de zonas de conflicto entren en el mercado europeo. Sin olvidar que para los objetivos del Acuerdo de París -para reducir los efectos del cambio climático- la protección de zonas como la Amazonía es primordial. "En este caso, la UE tiene que tomar salvaguardas", agrega.

¿Entonces? ¿Por qué un acuerdo que intensifique el intercambio entre Brasil y la UE podría empeorar la situación y poner más en riesgo la frágil región amazónica? "No es que no exista legislación; el problema es su cumplimiento", dice Watson, recordando el proyecto Carajás (UE-Brasil) de explotación de hierro, cuyo impacto ha sido desastroso para el medioambiente y la población.

Para Scott Cato, la negociación del acuerdo (próxima ronda a comienzos de octubre) es una excelente oportunidad para apretar tuercas y presionar por transparencia. "No debemos firmar un acuerdo que no contenga restricciones verdaderamente serias", subraya la eurodiputada. Y, como medida disuasiva, concluye Scott Cato: "Debemos dejar claro que no vamos a aceptar productos extraídos de estas zonas tan sensibles de importancia global". 

Autora: Mirra Banchón (VT)