Comercio electrónico, brechas, retos y oportunidades

Según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad), las facturaciones mercantiles por vía digital pasaron de 16 billones de dólares (millones de millones) anuales en 2013 a 22,1 billones en 2015.

Del monto total en ese último año, el 90 por ciento correspondió a operaciones entre compañías y el 10 por ciento restante a las relaciones empresa-consumidor.

Cálculos de la Unctad indican que Estados Unidos genera el mayor mercado electrónico -con ventas superiores a los siete billones de dólares en 2015-, seguido por Japón (2,5 billones) y China (dos billones).

A continuación se ubicaron Corea del Sur con 1,2 billones de dólares, Alemania (un billón), Reino Unido (845 mil millones), Francia (661 mil millones), Canadá (470 mil millones), España (242 mil millones) y Australia (216 mil millones).

Para el secretario general de la Untacd, Mukhisa Kituyi, es 'el momento adecuado' para evitar que los problemas del comercio tradicional bajo las condiciones de la globalización, se repitan en el ámbito electrónico.

'Se asumió que los mercados abiertos pueden funcionar libremente y después ya se solucionarían los problemas, y no se prestó ninguna atención a aquellos que quedaron atrás', argumentó.

'Tenemos que ver cómo podemos evitar celebrar el éxito de los campeones (del comercio electrónico) e ignorar a la vez a los que se ha dejado atrás', subrayó Kituyi.

Actualmente el consumo representa el 60 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global; sin embargo, igual proporción de consumidores todavía está fuera de línea; es decir, sin acceso a las ventajas electrónicas, señaló la representante de Unctad Teresa Moreira, en una reciente convención internacional convocada por el Ministerio del Comercio Interior en Cuba.

De acuerdo con la Comisión de la Banda Ancha de las Naciones Unidas, alrededor de cinco mil millones de personas en el planeta carecen de acceso a la banda ancha móvil, por tanto, el camino hacia los servicios y aplicaciones digitales está bloqueado para una gran parte de la humanidad.

Tanto la banda ancha como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según reafirmó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

'Las TIC sostienen logros fundamentales y servicios modernos en muchos sectores, y los gobiernos y la industria deben trabajar cada vez más de conjunto para crear las condiciones indispensables que faciliten el crecimiento de la banda ancha en pro del desarrollo sostenible', señaló el secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI), Houlin Zhao.

Al decir de la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, 'debemos asegurarnos de que la revolución digital es una revolución para los derechos humanos y que la promoción de avances tecnológicos es una promoción de avances para el desarrollo'.

En el más reciente foro internacional convocado por la UTI y otras agencias de la ONU, el gobierno de Cuba exhortó a eliminar los obstáculos para el acceso de los países del Tercer Mundo a las nuevas tecnologías, por lo cual debe prestarse especial atención a las insuficiencias en la infraestructura.

Paradójicamente, la extensión de las TIC en el mundo 'ha contribuido al incremento de la brecha socioeconómica y cultural entre ricos y pobres; poseedores y desposeídos, y explotadores y explotados', dijo el jefe de la delegación cubana al evento, el viceministro de Comunicaciones Wilfredo González.

Al referirse al tema en La Habana, Moreira consideró que las disparidades resultan cada vez más claras: el 93 por ciento de los japoneses utiliza internet, mientras la proporción en Indonesia es apenas de 22 por ciento; en tanto, las velocidades de banda ancha son 30 veces más lentas en África y el móvil es cinco veces más lento en comparación con los mercados desarrollados, ilustró.

Tampoco pueden desconocerse los obstáculos cognitivos, entre ellos los bajos niveles de alfabetización informática, así como de comprensión y conocimiento del comercio electrónico entre los consumidores y en el ámbito de pequeñas y medianas empresas.

Todo ello, subrayó la especialista, acarrea una serie de consecuencias para las políticas nacionales que persiguen el bienestar de la ciudadanía y acentúan la necesidad de contar con una defensa efectiva de los derechos de los consumidores. La protección de los consumidores, recordó, aborda las disparidades que se encuentran en la relación consumidor-proveedor, ello incluye el poder de cooperación, la capacidad económica, el conocimiento sobre los productos y servicios y sobre los derechos y las obligaciones en el mercado, entre otros recursos.

En opinión de la representante de la Unctad, 'la intervención del estado para el bienestar de los consumidores puede justificarse tanto en razón a la eficiencia económica como en razón a los derechos individuales'.

El mercado moderno, observó, no es un simple proceso de relaciones económicas privadas entre proveedores y consumidores, se caracteriza por cierto grado de participación del estado mediante la formulación y aplicación de leyes de protección al consumidor, que tratan tanto de los derechos privados como de las obligaciones legales de garantizar un mercado ordenado y seguro.

La desigualdad en el poder de negociación existe en la mayoría de las áreas de consumo, y en particular en productos complejos como las prestaciones de servicios financieros; por ello, las políticas de protección al consumidor resultan más que pertinentes, acotó.

'Todo lo relacionado con los consumidores, apreció, incide en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, fijados por la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas, en noviembre de 2015, y que guían a todos los actores internacionales en pos del desarrollo sostenible e inclusivo.' 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución sobre protección al consumidor del 22 de diciembre de 2015, reiteró que un sólido marco legal y reglamentario para la protección del consumidor, que abarque mecanismos efectivos de solución de controversias y de compensación, responde a un importante interés público y contribuye al dinamismo económico y al bienestar de la población.

Para la Unctad, las actuales directrices son un conjunto valioso de principios para establecer las principales características que deben tener las leyes de protección del consumidor, las instituciones encargadas de aplicarlas y los sistemas de compensación a fin de que sean eficaces.

Tales indicaciones exigen que los consumidores digitales disfruten de un nivel de protección no inferior al existente en otras formas de comercio, distinguió Moreira.

En torno al tema, apuntó, las dos principales preocupaciones en la Unión Europea son el mal uso de los datos personales y la inseguridad de los pagos en línea; un sentir que resulta común en el resto el mundo.

Investigaciones de la Unctad confirman, además, la creciente inquietud internacional por la delincuencia cibernética, lo cual afecta la voluntad de compradores y vendedores para realizar transacciones en línea.

Por ejemplo, en 2012, las pérdidas de ingresos para los prestatarios como consecuencia del fraude en línea se estimaron en tres mil 500 millones de dólares, y en 2013, por pirateo informático, quedaron desprotegidos 152 millones de nombres, identidades de clientes, contraseñas cifradas, números de tarjetas de débito o crédito y otros datos relacionados con pedidos de clientes.

Tales prácticas incluyen delitos no económicos, entre ellos la distribución de virus en las redes informáticas y el robo de información confidencial de las empresas mediante métodos como el phishing.

A juicio de Unctad, los ciberdelincuentes aprovechan cada vez más las economías en desarrollo y en transición, pues en esos países los regímenes de cumplimiento de la normativa suelen ser laxos, lo cual acentúa la necesidad de aprobar leyes pertinentes.

Además, garantizar la compatibilidad internacional de las legislaciones sobre transacciones electrónicas, continúa siendo un difícil reto, estimó la agencia.

Distintos informes de la Unctad corroboraron que el incremento de las actividades fraudulentas en línea agudizan los temores de los gobiernos por la erosión de las bases impositivas y la fijación de los precios de transferencia.

Como la plataforma intergubernamental global más inclusiva, la actuación de la ONU resulta crucial en aras de fortalecer la protección al consumidor del siglo XXI y para hacer frente a los retos impuestos por la economía digital, sintetizó Moreira.

Escrito por María Julia Mayoral, periodista de la Redacción Económica de Prensa Latina.