Financiamiento Agenda 2030: desafíos para movilización de recursos

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Prólogo de Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, plantea grandes desafíos en materia de movilización de recursos, así como cambios en el financiamiento, la organización y la asignación de estos.

Si bien la implementación de esta Agenda acaba de empezar, resulta ya evidente que los montos necesarios para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y preservar los bienes públicos mundiales exceden ampliamente la capacidad de financiamiento de los flujos de desarrollo tradicionales.

En el caso de América Latina y el Caribe, donde 28 de los 33 países que conforman la región son considerados de renta media sobre la base de su nivel de ingreso per cápita, el financiamiento público es insuficiente para cumplir dicha tarea y tendrá que ser complementado con flujos privados; de hecho, estos constituyen el grueso del financiamiento externo de la región.

Los países de América Latina y el Caribe afrontan, por tanto, el reto de combinar recursos privados y públicos y buscar fuentes innovadoras que les brinden el impulso necesario para maximizar el impacto del financiamiento para la Agenda 2030.

En conjunto con la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo aprobada en julio de 2015 en Etiopía, en la que se estableció el marco global del financiamiento para el desarrollo hacia 2030, y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, aprobado en diciembre de ese mismo año, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye la guía que durante los próximos tres quinquenios debe orientar los esfuerzos de todos los actores por avanzar hacia un desarrollo sostenible centrado en la igualdad.

Con el fin de coordinar esfuerzos, intercambiar experiencias y buenas prácticas y facilitar la discusión sobre las metas comunes, en mayo de 2016 los países de la región aprobaron la creación del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la Agenda 2030, sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y medios de implementación, así como de la Agenda de Acción de Addis Abeba. Entre el 26 y el 28 de abril de 2017 el Foro celebrará en Ciudad de México su Primera Reunión, en la que se dedicará una sesión especial a los medios de implementación de la Agenda 2030.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que coordina y acompaña los trabajos del Foro en calidad de Secretaría Técnica, busca contribuir con este documento a los debates que se desarrollen durante ese encuentro que organiza en conjunto con el Gobierno de México.

En este trabajo se constata que el panorama del financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe ha cambiado de forma significativa en los últimos años debido a la caída de los flujos procedentes de las fuentes tradicionales, especialmente en el caso de la asistencia oficial para el desarrollo, y a la emergencia de nuevos actores, instrumentos y mecanismos, como los fondos climáticos y los bonos verdes.

Esto lleva a la necesidad de una arquitectura regional de financiamiento para el desarrollo coherente que vaya acompañada de políticas específicas. Por otro lado, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible se requerirá una sólida movilización de recursos internos.

La región afronta varios desafíos en este ámbito, como los bajos niveles de tributación, con una razón media de impuestos sobre producto interno bruto (PIB) del 22,8% en 2015 (11,4 puntos porcentuales menos que el promedio del 34,3% del PIB observado en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)), y la débil recaudación mediante tributos directos, especialmente en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

A ello se suma la elevada evasión fiscal, que, según estimaciones de la CEPAL, en 2015 supuso alrededor de 340.000 millones de dólares (un 6,7% del PIB regional).

En los 15 puntos que aborda este documento se repasan la evolución de los flujos oficiales y privados; los cambios que se han producido en el panorama de los flujos financieros externos y la creciente importancia de las fuentes y actores privados; los instrumentos y mecanismos innovadores para el financiamiento del desarrollo social y productivo, y la propuesta de la CEPAL para el alivio de la deuda de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe.

En este informe se plantea la necesidad de que los sistemas tributarios se transformen en el pilar del financiamiento para el desarrollo sostenible y de que las instituciones fiscales den prioridad a la inversión y a la vez protejan el gasto social, a fin de estimular el crecimiento y mejorar la distribución del ingreso. Además, se advierte sobre la nula progresividad de los sistemas tributarios y la erosión que provoca en las bases impositivas la proliferación de incentivos tributarios.

Asimismo, se subraya el imperativo de que se reduzcan sustancialmente los flujos financieros ilícitos y de que los países enfrenten la evasión derivada de las operaciones internacionales de empresas multinacionales y de individuos de patrimonio elevado.

En este contexto, se llama a redoblar los esfuerzos de cooperación tributaria a nivel mundial y regional, lo que contribuirá también a evitar la competencia fiscal nociva entre Estados.

Confiamos en que estos datos, propuestas y reflexiones puedan arrojar luz sobre las discusiones que abordemos en los próximos años, juntos o por separado, para afrontar uno de los principales desafíos que nos impone esta Agenda universal, holística y civilizatoria: el de contar con recursos suficientes para ponerla en marcha y avanzar con paso firme hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos proponen construir un mundo más justo, próspero y sostenible para el año 2030.