El presidente del Supremo, David Neuberger, dijo que por una mayoría de 8 a 3, los jueces concluyeron que el Gobierno de Theresa May no puede activar el artículo sin permiso de los parlamentarios.

Según el dictamen, el Gobierno no puede ejercer ningún poder si ello supone modificar las leyes del Reino Unido, a menos que "esté autorizado para hacerlo por parte del Parlamento".

Agregó que los defensores de la primacía del legislativo arguyeron que, como resultado de la salida de la UE, se modificarán los derechos legales disfrutados por los residentes en el Reino Unido.

Theresa May: "No cambia nada"

La primera ministra británica, Theresa May, dijo tras darse a conocer el fallo que mantiene sus planes de activar el "brexit" antes de finales de marzo, a pesar del dictamen del Tribunal Supremo que le obliga a consultar con el Parlamento antes de hacerlo.

En un comunicado, un portavoz gubernamental señaló que el Ejecutivo de la primera ministra, la conservadora Theresa May, "respeta" la decisión de la corte y anunció que en breve expondrá ante la Cámara de los Comunes los pasos a seguir.

"El pueblo británico votó por salir de la UE, y el Gobierno cumplirá con este veredicto, activando el artículo 50, como estaba planeado, para finales de marzo. El dictamen de hoy no cambia nada", afirmó la fuente.

No habrá consulta a organismos autónomos

En su dictamen, el tribunal también estableció, de forma unánime por los once jueces del Supremo, que el Gobierno no tiene que consultar a los organismos legislativos autonómicos - Escocia, Irlanda del Norte y Gales- antes de activar el "brexit".

Los estatutos de autonomía fueron establecidos en su día cuando el Reino Unido era miembro del bloque europeo, explicó la corte en este sentido.

"Las relaciones con la UE son competencia del Gobierno del Reino Unido", dijo Neuberger al leer el dictamen.

Fallo anterior a favor de empresaria Ginna Miller

El Tribunal Superior había fallado en noviembre en favor de la empresaria Ginna Miller, quien, en representación de un grupo de ciudadanos, acudió ante la Justicia para defender que May no podía comunicar a Bruselas que activaba el artículo 50 sin una votación previa de la Cámara de los Comunes del Parlamento.

Los abogados de Miller argumentaron que la salida de la UE supondrá que los británicos perderán las ventajas adquiridas con la entrada del país en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1972.

Esos letrados insistieron en que solo el Parlamento de Westminster puede retirar esos derechos.

Sin embargo, el Gobierno había defendido que puede poner en marcha el artículo porque el Reino Unido es constitucionalmente "dualista", ya que el poder es ejercido por el Parlamento y por los ministros.

El Ejecutivo de May sostuvo que el referéndum del 23 de junio de 2016, en el que un 51,9% frente a un 48,1% de los británicos votó por dejar la UE, le da el mandato suficiente para negociar el "brexit" sin una votación previa de la Cámara de los Comunes.

La primera ministra había insistido en que invocaría el artículo 50 antes de finales de marzo, por lo que el Reino Unido estaría fuera del bloque europeo en la primavera de 2019.