Organizaciones denuncian modelo de cooperación internacional en Latinoamérica

Ciudad de Guatemala, 15 de julio de 2015 (EFE).- Varias organizaciones guatemaltecas e internacionales denunciaron la canalización de los fondos para ayuda al desarrollo "a través de terceros" e identificaron a la Cooperación Financiera Internacional (IFC) como el principal impulsor de este modelo.

Las denuncias lanzadas en una rueda de prensa de estas organizaciones, entre ellas Oxfam, se basan en las conclusiones del estudio "El Sufrimiento Ajeno: El coste humano de los préstamos de la Corporación Financiera Internacional mediante intermediarios financieros".

El estudio identifica las debilidades del modelo de préstamos mediante intermediarios financieros señalando, particularmente, violaciones a los derechos humanos y haciendo énfasis en la necesidad de un "replanteamiento profundo".

De acuerdo a estas cifras, la IFC otorgó en el año 2008 préstamos por un valor de 20 millones de dólares y capital por un valor de 10 millones de dólares a la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI).

Esta institución financiera, continúa, "financia pequeños y medianos proyectos de infraestructura" en América Latina.

Un caso concreto que estas organizaciones denuncian es el de la empresa Hidro Santa Cruz, a la que le concedieron sendos préstamos de 8,2 y 2,5 millones dólares para una financiación "intermedia" aparentemente destinada al cultivo de café y cardamomo.

Con esos fondos, esta firma, filial de la empresa española Hidralia, adquirió 10 hectáreas de terreno en una localidad del departamento de Huehuetenango, en Guatemala, concretamente en Santa Cruz Barillas, siempre según la versión de los denunciantes.

Las entidades denuncian que en realidad la empresa se estaba preparando para construir una presa hidroeléctrica llamada Cambalam, a pesar de que la consulta comunitaria que realizaron el 23 de junio de 2007 en ese lugar rechazaba el proyecto.

Por toda esta situación, las organizaciones aseguran que en la zona se produjo un incremento de la conflictividad y expresan su preocupación por la "persecución penal" que sufren algunos de los opositores y que, a su juicio, se demuestra con la privación de libertad que padecen 10 líderes comunitarios.

Las comunidades guatemaltecas afectadas por esta situación se encuentran "en proceso" de presentar una queja formal ante la CAO, instancia del Banco Mundial (BM), cuya función es acercarse a los afectados por proyectos extractivos financiados por el BM para que investigue los hechos sucedidos.

Las organizaciones que este martes ofrecieron una conferencia de prensa en Guatemala, integrantes de la campaña "Defender la vida es un derecho: Somos defensoras y defensores", instan a las entidades nacionales e internacionales a ejercer como "garantes" judiciales y respetar la presunción de inocencia de las personas que defienden el medioambiente.

Además, aseguran que este hecho no es único en Guatemala, sino que se da en toda América Latina, y que los ejemplos se extienden por el mundo, como el del Banco Ficohsa en Honduras o el del Fondo de Infraestructura de la India, en ese país asiático.