Senado de EEUU proyecta $673,5 millones para el Triángulo del Norte

Tegucigalpa, 13 de julio de 2015.- El Senado de Estados Unidos ha rescatado la plana a la administración de Barack Obama en el tema centroamericano por el momento.

El comité de adjudicaciones de la Cámara Alta reveló que asignará $673.5 millones para la ejecución del plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, cuyo objetivo último es atacar las causas de las migraciones de menores indocumentados sin compañía hacia Estados Unidos.

Con esa asignación, el Senado duplicó la cantidad que la Cámara Baja -o Casa de Representantes- había asignado para toda Centroamérica el pasado 3 de junio: $296.5 millones. Ese dinero, además, estaba asignado específicamente a la Iniciativa para la Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI, en inglés), un programa creado por la administración Obama a partir del Plan Mérida, en 2010, y cuyo objetivo principal es la interdicción de narcóticos.

La propuesta del Senado, además de asignar más dinero y acercarse con ello a los mil millones de dólares que la Casa Blanca había pedido a inicios de año para los tres países del norte centroamericano, cambia el enfoque restrictivo a la seguridad que el proyecto de la Cámara Baja tenía. Ahora es uno en el que la promoción del desarrollo, el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia en las instituciones públicas ocupan lugares primordiales.

Más de la mitad de los fondos asignados por el Senado, casi $350 millones, están destinados a “asistencia para el desarrollo” de los países del Triángulo Norte y Nicaragua. Otros $139 millones están asignados a un “fondo de apoyo económico”. Y hay $155 millones para CARSI.

El Senado condiciona el desembolso del 75 % de los fondos a que comités senatoriales específicos verifiquen una lista de 10 condicionantes que van desde “la creación de fuerzas policiales profesionales y transparentes”, “regular el rol de los ejércitos en la seguridad interna” o “perseguir y castigar a miembros de las fuerzas de seguridad que violen los derechos humanos”, hasta “procurar reformas fiscales, fortalecer aduanas” y “proteger y promover la democracia en cooperación con las cortes interamericanas de derechos humanos y las comisiones internacionales contra la impunidad cuando sea apropiado”.

El proyecto de ley establece que a más tardar 120 días después de la aprobación de los fondos, y en periodos similares hasta el 30 de septiembre de 2017, el secretario de Estado deberá someter informes periódicos al Congreso sobre los avances hechos por El Salvador, Guatemala y Honduras respecto a las condicionantes establecidas. Si los congresistas no quedan a gusto, los fondos pueden ser suspendidos.

“Si el secretario de Estado no puede determinar que ha habido suficiente progreso para alcanzar los objetivos e indicadores establecidos, el secretario deberá suspender el financiamiento a los programas…”, dice el documento del comité senatorial, del que LA PRENSA GRÁFICA tiene una copia.

Fondos aún no están aprobados

Ya el jueves por la noche, a pocas horas de que el comité senatorial hiciera público parte de su proyecto de operaciones internacionales en su página web, en los pasillos del Congreso estadounidense había reacciones optimistas respecto al giro que la Cámara Alta le había dado al tema centroamericano.

“Esta cantidad se acerca mucho más a lo que hemos planteado con este plan”, dijo Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental y una de las principales gestoras de fondos para la Alianza para la Prosperidad en Washington, durante una cena ofrecida por el tanque de pensamiento Diálogo Interamericano en la que también estuvieron el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, y seis congresistas de la Cámara Baja.

Había, sí, un tono más optimista que el que siguió en junio al proyecto de $296 millones de la Cámara Baja. “(No aprobar más fondos para Centroamérica) sería un desastre”, dijo en aquella ocasión Jacobson.

Pero también hubo prudencia: los fondos aún no están aprobados y Washington se apresta a entrar a una precampaña presidencial, lo cual previsiblemente pondrá presión sobre cada centavo que el congreso pretenda aprobar.

“Queremos ayudar a Centroamérica… Entendemos que son nuestros socios, pero tenemos que justificar cada dólar y tenemos que estar seguros de que podemos decir que ese dinero será bien gastado…”, dijo Nita Lowey, representante por Nueva York y miembro del comité de adjudicaciones de la Cámara Baja.

Fuentes legislativas vaticinaban el jueves que, en general, la lucha por la aprobación será difícil debido a los tiempos políticos en Estados Unidos, pero explicaban que el aval podía seguir varios caminos: un voto en el pleno del Senado, una conferencia bicameral para poner en común las versiones de ambas cámaras, o incluso la desagregación de algunos componentes de la propuesta para Centroamérica en otros proyectos de ley tras negociaciones quid-pro-quo entre legisladores o entre el Congreso y la Casa Blanca.