Nueva corte penal de la UNASUR castigaría la delincuencia transnacional

Bogotá, 26 de agosto de 2014.- Delitos como la trata de personas, el narcotráfico y el tráfico de armas e, incluso, delitos conexos como el lavado de activos serían juzgados por la Corte Penal de UNASUR, en cuya creación trabajan los 11 países que hoy integran esa comunidad de naciones.

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, explicó que la idea es que ese tribunal regional, “con el apoyo de los países de la zona, investigue, juzgue y castigue a quienes cometan ciertos crímenes transnacionales que afectan a la región”.

Montealegre explicó que ese tipo de delitos no se cometen en un solo país y que hay detectadas poderosas organizaciones criminales con presencia en todo el continente. “La criminalidad de hoy traspasa fronteras, lo cual requiere que, para luchar contra ella, se cambie de perspectiva y se establezcan nuevos mecanismos de cooperación que permitan perseguir la delincuencia transnacional”, dijo a EL TIEMPO.

La creación de la Corte ya ha sido consultada con los países miembros de UNASUR, y en una reciente reunión de Montealegre y el fiscal general de Ecuador, Galo Alfredo Chiriboga Zambrano en Medellín, se acordó promover un encuentro de los jefes de los organismos de investigación de la zona para empezar a concretar aspectos como la financiación del tribunal.

Por ahora se programó la instalación de una mesa técnica, que antes de dos meses tendrá que entregar un borrador de cómo funcionaría la corte y que sería presentado antes de terminar el año al pleno de UNASUR. La idea es que entre a regir el próximo año.

El fiscal de Ecuador afirmó que la idea es que no solo la fiscalía de cada país apoye la corte de UNASUR, sino que se busca “que los aparatos de policía e inteligencia de cada nación entreguen información sobre los casos concretos que la corte empiece a abrir una vez entre en vigencia”.

Chiriboga Zambrano añadió que la corte no aumentaría la burocracia en la región y tampoco generaría grandes costos para los países porque los mismos investigadores y uniformados que hoy investigan delitos transnacionales en cada país serían asignados a los casos que asumiría el tribunal.

Preparan cumbre

El fiscal Montealegre sostuvo que la corte ya cuenta con el apoyo del expresidente Ernesto Samper, nuevo secretario general de UNASUR, y que se trabaja en puntos logísticos para su creación. “Operaría bajo un sistema penal acusatorio, con una fiscalía, y contaría con varios jueces permanentes de primera y segunda instancia. La investigación se haría por medio de los cuerpos de policía locales de los Estados partes”, señaló el jefe del ente acusador.

La corte no juzgaría delitos de lesa humanidad ni violación de derechos humanos, y, según Montealegre, no afectaría la soberanía de los Estados.

“Solo tendría jurisdicción sobre conductas transnacionales. Es decir: actos delictivos planeados y ejecutados en más de un Estado y que, justo por ello, las autoridades nacionales implicadas consideren que su investigación y juzgamiento requiere una investigación en varias jurisdicciones”, informó.

El tribunal penal de UNASUR no funcionaría en forma subsidiaria, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actúa cuando la justicia interna del país no lo hace, sino que se activaría en cualquier momento ante la petición del fiscal o el procurador de cada país. Con esa solicitud se pondría a trabajar a las autoridades de todas las naciones miembros de UNASUR que, como parte de sus compromisos, tendrían que ayudar en la búsqueda de pruebas contra esas organizaciones transnacionales.

Montealegre sostuvo que esa corte no afecta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque no busca sancionar a los Estados, sino a las personas vinculadas a delitos. “Esta corte va a ser fundamental para prevenir la criminalidad y garantizar el desmantelamiento de las redes que generan violencia en la región”, sostuvo.