Está cada vez más planteada la agenda de cooperación financiera regional

Buenos Aires, 7 de julio de 2014.- Las sucesivas decisiones de las cortes de Estados Unidos sobre las demandas de los llamados "holdouts" de la deuda soberana argentina han preocupado a muchos en el mundo político y financiero. Incluso instituciones como el Tesoro de EE UU, el Fondo Monetario Internacional, JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon y la American Bankers Association demostraron malestar con la dudosa interpretación de la cláusula pari passu por los magistrados americanos –base para el posible bloqueo del pago a los acreedores– que han cooperado con la reestructuración de la deuda.

Hoy, la posibilidad de que el 1,6% de los acreedores (holdouts en litigio) socaven un enorme programa de reestructuración de deuda asusta a los que se preocupan con la estabilidad financiera mundial.

Ojalá el problema sea resuelto y las decisiones en favor de los fondos buitre no amenacen los términos de los swaps de deudas de 2005 y 2010. Cualquiera que sea el resultado de las negociaciones, el caso plantea dos cuestiones que deben ser discutidas: (a) la ausencia de un mecanismo de regulación global para la reestructuración de la deuda soberana; y (b) la ausencia de mecanismos más eficaces para la protección financiera regional.

Sobre el primer punto, cabe destacar la propuesta de 2002 del FMI para la creación de un mecanismo de reestructuración de las deudas soberanas (SDRM).

El mecanismo asegura a los Estados miembro un proceso más claro y bien definido para la reestructuración de sus deudas. Su inspiración son los procesos de bancarrota de las empresas, y su vigencia debrá favorecer la resolución de los principales problemas existentes en un default: el excesivo poder de los holdouts minoritarios, la equidad entre los principales acreedores y la obtención de financiamiento durante la reestructuración.

La discusión sobre el mecanismo fue abandonada debido a la oposición de Estados Unidos, que aboga por una propuesta de sustitución de contratos por instrumentos con cláusula de acción colectiva (CAC).

El descontento con las decisiones de las cortes de Estados Unidos debería reabrir los debates sobre el mecanismo propuesto por el FMI, que es más completo que el simple uso de las CACs.

Del lado regional, las limitaciones de los instrumentos de cooperación financiera deben ser discutidos. Aunque haya algunas iniciativas importantes para la financiación de proyectos de desarrollo (CAF, FONPLATA, FOCEM, y el futuro Banco del Sur) y del comercio de bienes y servicios (CCR y SML), hay considerable escasez de mecanismos de financiamiento de la balanza de pagos.

La única institución de eso tipo en la región es el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), que incluye sólo siete países (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela) y cuenta con recursos limitados.

La alternativa a la ausencia de mecanismos regionales institucionalizados es la cooperación financiera bilateral. Pero esa variable es muy inestable porque depende de los ciclos políticos y macroeconómicos nacionales.

En el contexto de creciente turbulencia internacional con el inicio de la reversión del quantitative easing de los Estados Unidos, la creación de un fondo de reserva regional con la participación de Brasil (que tiene reservas de U$S 370 mil millones) sería fundamental.

Este tipo de arreglo ha proliferado en los últimos años en otras regiones, y el mismo Brasil está participando en las negociaciones para la formación del más grande de ellos: el Fondo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con reservas compartidas de U$S 100 mil millones.

Una posibilidad para aumentar la protección financiera regional en el corto plazo sería la extensión de las ventajas del Fondo BRICS para terceros, bajo la provisión de garantías por al menos uno de sus miembros.

Con eso, Brasil podría extender la protección del Fondo para el Mercosul, reforzando el bloque.

Eso no sólo sería importante para Brasil y el MERCOSUR sino también para los otros miembros del BRICS, considerando que el mecanismo puede incrementar la flexibilidad económica externa y la legitimidad internacional de todos.

Ya es tiempo de empezar a crear fortalezas financieras regionales y globales, articulando la región con otros socios estratégicos.