Los líderes iberoamericanos conocerán esta semana en la Cumbre de Ecuador las dificultades de digitalización de la región, donde aún el 30 % de la población carece de internet de calidad, y cómo se implementan, simultáneamente, los derechos digitales en protección de datos, comercio electrónico o inteligencia artificial (IA).
"La transformación digital no puede, ni debe, profundizar las desigualdades; debe ser una herramienta de inclusión y cohesión social", dice el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, en un informe sobre los avances de la aplicación de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales (CIPDED), aprobada en la anterior Cumbre Iberoamericana (Santo Domingo, 2023).
La cooperación iberoamericana, agrega Allamand, emerge "como un puente para compartir buenas prácticas, recursos técnicos y experiencias exitosas que permiten cerrar brechas y asegurar un desarrollo inclusivo y sostenible para toda la región".
En el último año, se ha avanzado en el desarrollo de esa carta sobre cuestiones como gobierno digital, brecha de género, protección de datos, inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.
"La digitalización en Iberoamérica avanza, pero a distintas velocidades entre países, sectores y grupos sociales", según reconoce a EFE el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Alejandro Kawabata.
Los países iberoamericanos se han comprometido a reforzar las competencias digitales de los ciudadanos, promover una administración pública digital más sencilla e impulsar la transformación digital de las economías para un desarrollo sostenible e inclusivo.
Además está la necesidad una conectividad universal estable, segura y asequible con la implicación de actores públicos y privados, dice Kawabata.
Sin embargo, los Gobiernos han reconocido que en la región persisten "profundas brechas digitales" entre países y dentro de ellos.
"Existe una brecha de conectividad -describe Kawabata- que se manifiesta principalmente en los países de América Latina, que poseen una geografía compleja y dinámicas de mercado que hacen más costoso el despliegue y mantenimiento de infraestructura de acceso a internet".
Esta carencia excluye a una parte considerable de la sociedad de la digitalización y amplía las desigualdades en la educación, la salud y el empleo, "afectando con mayor intensidad a las poblaciones rurales, a los pueblos originarios y a las mujeres".
Y esa "brecha educativa" impacta en la capacidad de los países para aprovechar la transformación digital.
Además, estas brechas están atravesadas por otras de enorme trascendencia como las de edad, género, lengua y situación socioeconómica. Como establece la CIPDED, deben resolverse, entre otras cosas, mediante la asistencia y cooperación internacionales y el fortalecimiento de los entornos normativos.