“Crear sistemas de pensiones no contributivos y fortalecer los ya existentes en los países de la región puede aportar decididamente al objetivo civilizatorio de erradicar la pobreza en la vejez, así como a reducir significativamente las desigualdades y garantizar niveles de ingresos protegidos en esta etapa de la vida”, señala el libro “Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe: avanzar en solidaridad con sostenibilidad” lanzado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De acuerdo con la publicación, los sistemas de pensiones no contributivos (SPNC) han incrementado considerablemente su cobertura en América Latina y el Caribe: pasaron de cubrir solo el 3,4% de la población de 65 años y más en 2000, es decir, poco más de un millón de personas, a cubrir el 31% de esta población en 2022, casi 20 millones de personas. En 2022, solo cinco países de la región carecían de este tipo de sistemas.

Este aumento en cobertura, según la investigación, se logró con un incremento acotado del gasto público, que pasó de 0,15% del producto interno bruto (PIB) en 2000 a 0,42% del PIB en 2021.

Entre 2000 y 2022, la participación de los pensionados no contributivos en el total de pensionados de 65 años y más en América Latina y el Caribe pasó de 6,6% a 41,8%.

La pensión no contributiva por vejez se entiende como esa suma de dinero que pueden cobrar mensualmente las personas mayores de 70 años que no tienen otros recursos económicos.

El libro aborda siete estudios de casos de países con distintos niveles de cobertura y desarrollo en sus SPNC: En Bolivia, Chile y México se observan sistemas de pensiones no contributivos con vocación universal; Argentina y Perú muestran coberturas media-bajas, mientras que República Dominicana cuenta con un SPNC de cobertura baja. En el caso de Honduras, el libro habla de escenarios que permitirían su creación.

Menciona que “la expansión de los SPNC debe comprenderse en el marco del fortalecimiento de los sistemas de protección social en la región”, orientados, en gran medida, a erradicar la pobreza y disminuir las enormes desigualdades (incluyendo la desigualdad de género) presentes en la América Latina y el Caribe.

También señala que los SPNC han influido decisivamente los déficits en los sistemas de pensiones contributivos, la elevada informalidad laboral que caracteriza a la región y el acelerado envejecimiento poblacional.

El estudio recalca que los SPNC se han transformado en una estrategia prioritaria para la erradicación de la pobreza extrema y de la pobreza en la vejez, ya que entre 2001 y 2022, la pobreza de las personas mayores de 65 años se logró reducir a casi la mitad, al pasar de 29% a 15%.

De hecho, asegura que hubo más éxito en reducir la pobreza en la vejez que la pobreza en general, a pesar del proceso de envejecimiento de la población. También destaca las contribuciones que los SPNC han hecho a la reducción de las desigualdades de género mediante la inclusión de las mujeres mayores en los sistemas de pensiones, entre otros aportes.

Entre los desafío para avanzar en los SPNC para la erradicación de la pobreza en la vejez es la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones no contributivos, a raíz del acelerado envejecimiento de la población de la región. Por ejemplo, la investigación alerta que América Latina y el Caribe envejecerá a los mismos niveles de Europa, pero en la mitad del tiempo.

Si el gasto en los SPNC se aumenta anualmente entre 0,07% y 0,1% del PIB en los próximos 10 años, se alcanzaría el nivel de gasto equivalente para erradicar la pobreza en la vejez en 2035, aun en un escenario de cobertura y valor creciente, asegura la Cepal, quien reconoce que esto impone un desafío técnico, institucional, financiero y de economía política.

En este sentido, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, indicó que “el fortalecimiento de los sistemas de pensiones no contributivos y su mejor articulación con los sistemas contributivos puede ayudar a mejorar la confianza pública en las instituciones, el Estado de Bienestar y los pactos sociales”, siendo la base de un nuevo pacto social-fiscal que permita avanzar en solidaridad con sostenibilidad.