Abogado con experiencia en el sector marítimo y exministro de varias carteras, asume este lunes la más alta magistratura del país con el empeño de restablecer el Estado republicano en Panamá como fórmula de Gobierno y de promover el acatamiento de las normas internacionales.

“Estoy empeñado en recuperar el prestigio de la Nación a fin de que Panamá vuelva a ser un Estado respetado en la comunidad internacional, que se maneja con seriedad, donde los compromisos públicos y privados se cumplan a cabalidad, donde las decisiones judiciales sean el resultado de criterios jurídicos ilustrados y razonados, como debe ocurrir en todo Estado republicano”, dijo Mulino en una actividad de la Sociedad Bolivariana de Panamá.

El Derecho Internacional “será el principio rector de nuestra política exterior. Y a él nos ceñiremos para asegurar que el Estado panameño sea respetado y valorado en la comunidad internacional y que la República de Panamá recupere el prestigio y posicionamiento que corresponden, en el concierto de las naciones”.

Como establecen, según resaltó Mulino, “las orientaciones que emanan de la brillante y legendaria carrera del Libertador Simón Bolívar, gran artífice de la libertad americana y eminente creador de repúblicas”.

El nuevo jefe de Estado panameño, que se define como pro empresa privada y también promete devolver al país el auge económico y frenar la migración irregular por el Darién, la selva fronteriza con Colombia por la que cruzan cientos de personas a diario rumbo a Norteamérica, llega al poder tras un proceso electoral complicado.

Mulino, de 65 años, será investido en un evento en la capital panameña tras su victoria en los comicios del pasado 5 de mayo, en los que obtuvo el 34,23 % de los votos.

Su candidatura fue ratificada ‘in extremis’ por el Supremo tras la inhabilitación por una condena en firme por corrupción del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), de quien era su compañero de fórmula a la Vicepresidencia. De hecho, no tendrá vicepresidente, al quedar vacante esta candidatura.

Martinelli permanece asilado en la embajada de Nicaragua desde el pasado 7 de febrero.

Mulino ha dicho públicamente que al llegar al poder “ayudaría” a Martinelli “como corresponde de acuerdo a la ley”, después de que el actual Gobierno le negara un salvoconducto para viajar a Nicaragua.

Trayectoria profesional y encarcelamiento

Mulino (1959, Panamá), abogado y exministro de varias carteras, a quien llaman “Stalin Mulino” por su parecido físico con el dictador soviético, se destacó como el favorito en las encuestas entre los ocho aspirantes presidenciales.

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (1982) por la Universidad Santa María La Antigua (USMA), en 1983 obtuvo una maestría en Derecho Marítimo por la estadounidense Tulane University (Nueva Orleans).

Su experiencia abarca al sector marítimo internacional, donde ha representado a empresas navieras, armadores y bancos en Europa y Asia desde 1989.

Está en posesión de varias condecoraciones panameñas, así como de Argentina, Colombia y Perú, y por otro lado, además, es aficionado a los caballos de paso andaluces y peruanos que cría en su finca.

Formó parte de la Cruzada Civilista Nacional, en la que jugó un papel clave en la oposición al régimen de Manuel Antonio Noriega (1934-2017), quien fue depuesto y capturado por la tropas de EE.UU. en la invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989.

Mulino ha liderado varios partidos políticos, y ha ocupado cargos en diversos gremios empresariales.

En 1990 se incorporó como viceministro de Relaciones Exteriores al Gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), que se instaló tras la invasión de EE.UU., pasando a ser titular de esta cartera al suceder a Julio Linares.

En abril de 1994 fue el primer canciller panameño que visitó Rusia, tras noventa años de relaciones. Luego, entre 1994 y 1996 fue magistrado suplente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema.

Está casado con Maricel Cohen desde 1985 y tiene cuatro hijos y otros tantos nietos.

En julio de 2009, Martinelli lo nombró ministro de Gobierno (Interior) y Justicia, pero en abril de 2010 pasó a ser titular de Seguridad Pública, teniendo una accidentada gestión por la represión en julio de 2010 de protestas de trabajadores bananeros en la región de Bocas del Toro (Caribe).

Al inicio de la Administración de Juan Carlos Varela (2014-2019) fue acusado de corrupción relacionada con la empresa italiana Finmeccanica por supuestamente recibir comisiones por la compra de 19 radares, caso por el que fue encarcelado preventivamente siete meses hasta abril de 2016. Esta causa fue anulada en agosto de 2017.