La población que enfrenta inseguridad alimentaria aguda en Latinoamérica y el Caribe se redujo durante 2023, reveló el informe anual de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) en colaboración con la FAO y otras agencias de la ONU.
En total, la población latinoamericana y caribeña inmersa en crisis alimentarias se situó en 2023 en el 26.5%, un porcentaje ligeramente inferior al de 2022, cuando fue del 27.3%.
Sin embargo, el número de personas aumentó hasta los 19.7 millones debido a la inclusión en la lista de los residentes en Colombia y los migrantes y refugiados de Perú.
Colombia ingresó por primera vez al índice, ya que el reporte advierte que su población presenta “uno de los niveles más altos de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad laboral” de la región, pese a ser “un país de ingresos medios o altos, con una alta capacidad gubernamental para apoyar a su población”.
En total 1.3 millones de personas o el 3% de la población residente de Colombia se enfrentó a graves niveles de inseguridad alimentaria aguda, sobre todo en las zonas rurales “debido a los bajos ingresos y la alta vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos externos”.
El caso Haití y la situación en Centroamérica
No obstante, Haití continúa siendo el país más afectado por este fenómeno y el único de la región inmerso en una crisis alimentaria prolongada que en 2023 afectó a 4.9 millones de personas, el 49% de la población total, y experimentó un aumento de 166 mil personas con respecto a 2022.
El informe considera que los principales motivos para que continúe esta situación en el país caribeño son “la persistente inseguridad y la violencia de las pandillas, junto con los altos precios de los alimentos, la mala actividad económica y la reducción de la producción agrícola debido a las condiciones climáticas extremas”.
Los países en los que más de un millón de personas sufren una grave crisis alimentaria en la región son Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y República Dominicana.
Sin embargo, la situación mejoró en países como Honduras, Guatemala o El Salvador, que experimentaron una “disminución moderada” en el número de personas que se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria, a pesar de las pérdidas localizadas de cultivos.
Los efectos de la crisis migratoria
El informe analiza de forma independiente a las poblaciones migrantes de Ecuador y Perú, que entre las dos suman más de un millón de personas afectadas por este fenómeno, y señala las dificultades de acceso a un empleo estable y las condiciones extremas climáticas de fenómenos como El Niño como principales motivos.
De esta forma, la GNAFC indica que Latinoamérica afronta una “importante crisis de desplazamiento” y cifra en 12 millones las personas que se han visto obligadas a emigrar “por la fuerza” en la región.
En 2023, América Latina vivió una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de miles de migrantes que en su camino hacia la frontera de Estados Unidos se enfrentan a la extorsión, robos y violaciones, con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a su destino, paralizados además por un aumento de las restricciones.
De una forma más superficial, el documento menciona la situación en otros países como Bolivia, Venezuela, y las poblaciones residentes en Perú y Ecuador, y coincide en que las condiciones meteorológicas extremas derivadas de fenómenos como El Niño incidieron en un leve empeoramiento de la situación.
Perspectiva mundial
En una mirada mundial, el informe concluye que los 10 países más afectados en 2023 se encuentran principalmente en África y Medio Oriente.
Estos son Palestina (Franja de Gaza), que tiene un índice del 100%, seguido por Sudán del Sur (63%), Yemen (56%), Siria (55%), Haití (49%), Afganistán (46%), República Centroafricana (44%), Sudán (42%), Somalia (39%) y Líbano (38%).
A su vez, los 10 países con el mayor número de personas expuestas a altos niveles de inseguridad alimentaria son la República Democrática del Congo (25.8 millones de personas), Nigeria (24.9 millones), Sudán (20.3 millones), Afganistán (19.9 millones), Etiopía (19.7 millones), Yemen (18 millones), Siria (12.9 millones), Bangladesh (11.9 millones), Pakistán (11.8 millones) y Myanmar (10.7 millones).