El Presidente Gabriel Boric, aseguró este lunes que el Acuerdo de Escazú, que incluye la protección de los defensores medioambientales, supone una oportunidad para robustecer las democracias en la región y pidió por ello que se apruebe el plan de acción conjunto en la inauguración de la tercera Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo de Escazú, que se celebra en Santiago hasta el próximo miércoles.
En un discurso en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dependiente de la ONU, el mandatario recalcó que ante la emergencia climática “tenemos que defender a quienes defienden la vida y proteger a quienes defienden nuestra tierra (porque) es tremendamente importante”.
“Escazú en una oportunidad que permite robustecer nuestras democracias, amenazadas en diferentes frentes”, afirmó Boric antes de subrayar la necesidad de aprobar ese plan de acción, que establecerá medidas para la protección de defensores de la biósfera y otras disposiciones que se someterán a votación durante estás jornadas.
“Somos parte de un mismo ecosistema (…) esa noción que somos parte humanidad y naturaleza es parte de lo que inspira este encuentro”, agregó antes de destacar que este encuentro internacional es por si mismo una “prueba tangible de los beneficios del multilateralismo”.
Chile se sumó al Acuerdo de Escazú en mayo de 2022, siendo una de las primeras medidas impulsadas por el Gobierno de Boric en el Congreso.
Como muestra de compromiso del Gobierno, a la apertura de esta COP3 asistieron este lunes también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
Reconocido a nivel global como un tratado inédito que consolida la democracia ambiental, el Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y vigente desde abril de 2021, solo ha sido ratificado por 15 Estados de los 24 países de América Latina y el Caribe que lo firmaron originalmente, de un total de 33 en la región.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el único del mundo que contiene disposiciones específicas sobre la protección de activistas.
Pese a que Latinoamérica contribuye solo con un 9 % de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática.
Latinoamérica es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad. El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas.