Este año será determinante para la gestión migratoria en Colombia. El gobierno Petro tendrá la oportunidad de robustecer su postura y su plan de acción. Los nuevos alcaldes y gobernadores trazarán su hoja de ruta para seguir integrando socioeconómicamente a la población refugiada y migrante de Venezuela.
Migración Colombia estima que de las 2.875.743 personas de origen venezolano que viven en el país, 503.682 están en situación migratoria irregular. Si bien esto puede parecer una buena noticia por el alto índice de regularización en el país, es importante recordar que, debido a los tiempos legales del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), esas 500.000 personas no tienen una vía clara para resolver su estatus legal.
Importa, además, porque no hay ningún elemento económico o político que indique que los flujos de entrada a Colombia desde Venezuela vayan a detenerse; por eso, el número de personas en irregularidad migratoria seguirá aumentando. A ello se suma la expectativa alrededor de la postura del gobierno nacional respecto a la manera de incluir a las personas migrantes que ingresaron al país después del 31 de diciembre de 2021 (que es el plazo establecido inicialmente por el Etpv) y los comentarios finales al nuevo plan de regularización que entraría en vigencia.
Las noticias de los migrantes cruzando por el Darién, así como el desborde de Necoclí, toman relevancia en la opinión pública en momentos coyunturales. Sin embargo, la situación se ha vuelto paisaje. Esto tiene que ver con un desgaste natural del tema y con una relativa estabilización de los flujos migratorios en la zona.
Aunque este flujo era visto desde una perspectiva doméstica, los gobiernos regionales han empezado a adoptar medidas para abordar el tema. Se sabe, por ejemplo, que en noviembre del 2023 Petro discutió el tema con algunos homólogos, aunque sin mayores claridades sobre el resultado de las conversaciones. Se suma que el cambio de mando en EE.UU. podría tener efectos directamente en estos flujos.
Si bien la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes y las autoridades locales han hecho un esfuerzo importante para atender la coyuntura de manera organizada, aún no es evidente que el ecosistema haya trascendido del enfoque de asistencia humanitaria. Se cree que la única intervención pertinente en el territorio es la primaria.
En esta región hay variables económicas y de orden público que invitan a trabajar en enfoques de diagnóstico e intervención del espacio público en municipios como Acandí y Necoclí, para mitigar los riesgos de protección a los que se enfrentan las personas migrantes, en especial las mujeres y niñas.
Este tipo de proyectos tienen eficacia probada en países de la región y son, además, una buena estrategia para involucrar a las comunidades y hacer más seguro el espacio público en territorios con alta concentración de comunidades en condiciones de vulnerabilidad.
La gestión migratoria no es un asunto solo del resorte nacional. Los gobiernos locales tienen la mayor responsabilidad en la integración socioeconómica de esta población. Si bien hay propuestas interesantes en algunos territorios, como lo destacamos en este análisis sobre los programas de gobierno de las alcaldías de municipios clave para la gestión migratoria, la incorporación de acciones en pro de este objetivo debe priorizarse en los planes de desarrollo local.
Las entregas de los Permisos de Protección Temporal (PPT) que faltan, la articulación entre las secretarías de desarrollo económico y social, la gestión social y la promoción de empleo migrante, son algunas de las acciones más urgentes.
Es importante también destacar el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a la población migrante en diversas regiones. Estas pueden contribuir significativamente a desarrollar políticas públicas sensibles al contexto migrante, por lo que será necesario reforzar y visibilizar estas redes colaborativas.
La integración socioeconómica de la población migrante es una apuesta que tiene un retorno positivo para la economía colombiana. Con mayor integración aumentaría este retorno, a través del aumento en el recaudo de impuestos directos e indirectos.
En un escenario de estabilización, Colombia está lista para capitalizar la integración de la población migrante y las iniciativas, aún incipientes pero interesantes, que reconcilien las agendas sociales. Proyectos de crecimiento económico enfocados en la gestión de territorios en donde confluyen distintas poblaciones son la puerta de entrada para aumentar los efectos positivos para el país.
A estas oportunidades de crecimiento se suma la urgencia de involucrar al sector empresarial en los procesos de inclusión laboral y generación de oportunidades económicas para los migrantes.
Según una encuesta realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la KAS, en los últimos dos años, el 36% del sector empresarial ha contratado personas migrantes. Esto representa un avance significativo, aunque aún hay un trecho por recorrer, y parte de ese recorrido está vinculado precisamente a la puesta en marcha de soluciones para la regularización jurídica y la optimización del capital humano que representan los migrantes. Sin embargo, aún muchos de ellos no pueden ejercer sus profesiones y su contribución, en materia fiscal, no siempre es reconocida claramente.
Hay un último tema que no hay que perder de vista: las elecciones presidenciales en Venezuela. Innegablemente, lo que ocurra al otro lado de la frontera tendrá repercusiones directas en el contexto migratorio en Colombia.
La integración socioeconómica de la población migrante venezolana requiere esfuerzos coordinados entre el gobierno nacional, las autoridades locales, el sector privado y otros actores estratégicos. Darle un manejo efectivo de los retos aquí mencionados no solo beneficiaría a los migrantes, sino que estimularía la agenda de inclusión del gobierno e impulsaría el crecimiento económico.