Dos nuevos estudios publicados hoy por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) muestran que, cuando se les da la oportunidad de hacerlo, las personas desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe pueden contribuir significativamente a las economías de los países donde viven.

Las personas refugiadas y migrantes llenan vacíos trascendentales en los mercados laborales locales e impulsan la demanda de bienes y servicios, lo que puede aumentar los ingresos fiscales y elevar el Producto Interno Bruto (PIB) de los países de acogida. Sin embargo, estas personas a menudo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

Esta población, que en su mayoría está en edad productiva, tiene altos niveles de educación y está ocupada; además, con frecuencia está sobrecualificada para los trabajos que desempeña y a menudo trabaja de manera informal, lo que limita sus ingresos y exacerba la inseguridad alimentaria.

Los estudios, que se titulan “Venezolanos en Chile, Colombia, Ecuador y Perú: una oportunidad para el desarrollo” (Banco Mundial y ACNUR) e “Integración socioeconómica de las poblaciones desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe” (BID, OCDE y ACNUR), se realizaron con el objetivo de responder a las necesidades de las personas desplazadas por la fuerza desde un marco de cooperación interagencial; asimismo, resaltan cómo, a través de políticas específicas, se puede facilitar el acceso de las personas refugiadas y migrantes al mercado laboral formal y a servicios básicos – como la educación y la salud – para que puedan contribuir de manera más significativa a los países de acogida.

“Los movimientos de población pueden beneficiar a comunidades y países de acogida si se aplican las políticas adecuadas”, afirma Carolina Mejía Mantilla, autora del estudio realizado por el Banco Mundial y ACNUR. “Para que estos beneficios se materialicen, son esenciales políticas específicas que promuevan la inclusión económica de las personas en situación de movilidad humana en los mercados laborales, que les proporcionen acceso a los servicios básicos y que fomenten su inclusión social”, añade.

Según estos estudios, se estima que el PIB de los principales países de acogida de América Latina y el Caribe aumentará, en promedio, de 0,10 a 0,25 puntos porcentuales al año, entre 2017 y 2030. “El éxodo venezolano parece haber tenido un efecto positivo en el crecimiento económico de la región, gracias a la mayor disponibilidad de mano de obra y al impulso de la demanda”, informa el estudio del Banco Mundial y de ACNUR.

Cada vez más personas se están desplazando en las Américas debido a que persisten situaciones de violencia, inseguridad, desigualdad y violaciones de los derechos humanos. A mediados de 2023, según datos de ACNUR, había 22,1 millones de personas desplazadas en las Américas; asimismo, en América Latina y el Caribe se recibió aproximadamente un tercio de todas las solicitudes de asilo individuales presentadas a nivel mundial tan solo ese año.

El estudio del BID, la OCDE y ACNUR, que abarca a las poblaciones desplazadas por la fuerza en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú, revela que los jóvenes desplazados tienen más dificultades para continuar con sus estudios y conseguir empleo que los jóvenes nacidos en el país; también revela que la niñez desplazada asiste menos a la escuela y la abandona con más frecuencia que la niñez nacional, lo que repercute en la integración generacional. Además, el estudio indica que la tasa de empleo de las mujeres es inferior a las de los hombres, tanto en el caso de la población local como desplazada.

Producto de la cooperación interagencial, los estudios muestran cómo las instituciones financieras internacionales y los agentes de desarrollo tienen la capacidad, los conocimientos técnicos y los recursos necesarios para generar cambios positivos en los servicios públicos y las perspectivas de empleo en los países que acogen a las poblaciones desplazadas por la fuerza. Estas publicaciones representan un paso fundamental para fomentar soluciones y garantizar la plena inclusión socioeconómica de estas poblaciones en los países de acogida.

Los estudios también ponen de relieve cómo la xenofobia y la discriminación pueden repercutir negativamente en la inclusión socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes, así como mermar su capacidad de contribuir a las comunidades de acogida.

El estudio del Banco Mundial y ACNUR, por ejemplo, revela que la mayoría de las personas venezolanas desea permanecer en sus países de acogida. A pesar de ello, su participación en la comunidad se limita principalmente a actividades religiosas, aun compartiendo el mismo idioma y manteniendo lazos culturales comunes. En los cuatro países de acogida objeto del estudio, entre el 26% y el 40% de las personas venezolanas denunciaron episodios de discriminación, especialmente entre las mujeres y los jóvenes.

Lo mismo se refleja en el estudio del BID, la OCDE y ACNUR, según el cual, en Chile, Colombia y Perú, aproximadamente el 30% de las personas desplazadas declaró haber sufrido discriminación por su origen. El estudio del Banco Mundial y ACNUR recomienda que las políticas públicas promuevan la cohesión social, prevengan la exclusión y minimicen el impacto sobre las poblaciones locales.

Aunque estos estudios constituyen la fuente más completa disponible para comparar la situación de las personas refugiadas y migrantes con la de la población local, es imprescindible una inclusión más sistemática de las personas refugiadas y migrantes en los ejercicios oficiales de recopilación de datos para elaborar políticas públicas más específicas y efectivas.