En las Américas, hay 73.5 millones de migrantes internacionales1 y 22.1 millones de personas desplazadas forzosamente, con necesidades de protección internacional, o en necesidad de asistencia humanitaria. De ellas, se estima que el 46% - casi 10 millones- son mujeres, adolescentes y niñas2.

“Los motores de la movilidad humana y del desplazamiento forzado están definidos por las vulnerabilidades preexistentes, las desigualdades, y los roles tradicionales de género. En particular, las mujeres y niñas se ven afectadas por oportunidades laborales limitadas, por los efectos del cambio climático; por una mayor exposición a la violencia basada en  género en contextos de crimen organizado, cuando esta es una táctica para el ejercicio del control territorial por parte de grupos criminales organizados; y por la necesidad de protegerse a sí mismas y a sus familias, exponiendo a las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a un continuum de violencias en el origen, en el tránsito y en las comunidades de destino”, advirtió María Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

Tan solo durante el 2023 en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica se reportan 1094 personas migrantes que han perdido la vida, de las cuales el 14% corresponde a mujeres y el 41% a casos sin identificar3.

Durante el tránsito y en las comunidades de acogida, las mujeres, adolescentes y niñas utilizan rutas frecuentemente inseguras en donde sus derechos se ven condicionados por la falta de servicios básicos como salud, salud sexual y reproductiva, educación y cuidado. Las rutas de desplazamiento desoladas o altamente militarizadas y la falta de presencia institucional hacen a las mujeres, adolescentes y niñas más vulnerables a la trata de personas con fines de explotación sexual, a la violencia y a la desaparición forzada.

Según una encuesta regional de mujeres en situación de movilidad4, el 62% manifestó sentirse insegura o muy insegura durante el viaje y una de cada tres señaló sentirse insegura en el lugar de destino.

“En situaciones de desplazamiento forzado y movilidad humana, el riesgo de sufrir violencia de género aumenta significativamente, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. La falta de presencia institucional en las rutas de desplazamiento aumenta este riesgo, exponiéndolas a amenazas como la violencia sexual, violencia física y desaparición forzada. Un enfoque de prevención y respuesta integral es clave para proteger sus derechos y seguridad en estas situaciones críticas”, sostuvo el Director Regional de ACNUR para las Américas, José Samaniego.

“En América Latina y el Caribe, una de cada cuatro personas en movilidad es un niño o una niña, la proporción más alta en el mundo. Ellos han dejado sus hogares, sus escuelas y, a veces, sus familias para enfrentar una ruta llena de peligros”, afirmó Garry Conille, Director Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. “Aún más vulnerables son las adolescentes refugiadas y migrantes, que ahora son más de 900.000 en toda la región. Cada día ellas sufren más violencia sexual,  trata de personas con fines de explotación laboral, matrimonio forzado y uniones tempranas”, agregó Conille.

Reducir las vulnerabilidades y riesgos que enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas en todas las fases de desplazamiento y a lo largo de las rutas de la movilidad humana, garantizar su protección, así como potencializar sus capacidades y su liderazgo en la respuesta requiere la acción mancomunada de Estados, actores de respuesta humanitaria y las organizaciones de la sociedad civil.

En el marco de los 16 días de activismo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres),  el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), – exhortan a los países de la región a incrementar de forma significativa y sostenida los presupuestos públicos para la protección integral de las niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad.

En el ámbito de abordar la movilidad humana de manera integral, proponen adoptar un enfoque centrado en los derechos humanos, con especial atención a la perspectiva de género, edad y diversidades. Además, se busca promover el establecimiento de procedimientos de determinación de condición de refugiado/a, considerando las necesidades de protección internacional, con un enfoque de género y aplicando el interés superior de la niña, niño y adolescente.

Con el objetivo de minimizar los factores de exclusión y expulsión, se plantea mejorar la inversión a través de la generación de oportunidades económicas, estrategias de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Asimismo, se aboga por abordar las fuentes de violencia que afectan a mujeres, adolescentes y niñas en contextos de discriminación, violencia y conflictividad no tradicional.
En el ámbito de la prestación de servicios públicos, se propone consolidar servicios de calidad centrados en las necesidades de las personas. Esto incluye un enfoque de género, generacional e interseccional para asegurar el acceso y disfrute de derechos fundamentales como la seguridad, educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, salud mental, servicios de cuidado y acceso a la justicia.

Otro punto clave es garantizar el acceso a la documentación necesaria sobre identidad, ciudadanía y situación regular para las personas en situación de movilidad humana. Por último, se aboga por fortalecer las comunidades de acogida temporal y de destino, fomentando la articulación con organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones de mujeres, adolescentes y feministas. Se destaca la importancia de facilitar mecanismos de participación y liderazgo efectivo de mujeres y adolescentes en situación de movilidad humana en los procesos de diseño, implementación y evaluación de las intervenciones. 

“Es indispensable el trabajo coordinado de la cooperación internacional y los Estados para que los servicios que salvan vidas sean más accesibles, especialmente de salud sexual y reproductiva, los psicosociales y de protección¨, dijo Susana Sottoli, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). “Debemos poner a las niñas y las mujeres en el centro de las políticas y las intervenciones relacionadas con la movilidad humana para asegurar que ellas estén a salvo y puedan hacer realidad sus proyectos de vida.” 

El financiamiento de programas multisectoriales de violencia basada en género es una condición necesaria pero no suficiente para hacerle frente a este fenómeno. Debemos avanzar hacia la creación de vías seguras, ordenadas y regulares para la migración y otros mecanismos de protección que mitiguen el riesgo de VBG y aborden de manera sistemática las desigualdades de género.  Tenemos que seguir avanzando hacia mecanismos regionales que reconozcan y respeten los derechos de las personas refugiadas y migrantes, atendiendo de forma específica las vulnerabilidades que enfrentan las niñas, las adolescentes y las mujeres en toda su diversidad en este proceso, y que promuevan la protección con un enfoque interseccional, intercultural, intergeneracional y de género.