El Gobierno de Uruguay decretó el miércoles (23.08.2023) el fin de la emergencia hídrica en la capital y sus alrededores, declarada hace dos meses para asegurar el suministro de agua potable en medio de una prolongada sequía.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que se tomó la decisión ante la recuperación de parte del caudal de los cursos de agua y los embalses que abastecen el área metropolitana de Montevideo, donde residen unos 1,8 millones de habitantes, más de la mitad de la población del país.

"Hoy podemos ver con cierta tranquilidad la calidad del agua, que es muy buena, y ver los días que tenemos por delante con un muy buen abastecimiento de agua", declaró a periodistas.

En los últimos meses, el peor déficit hídrico desde el comienzo de los registros -hace 74 años- puso en jaque el bombeo de agua potable a Montevideo y localidades de los vecinos departamentos de Canelones y San José.

Ante la falta de lluvias, la empresa estatal Obras Sanitarias del Estado (OSE) resolvió a fines de abril de 2023 mezclar la escasa agua dulce con flujos del Río de la Plata, salobres por provenir del estuario. Las personas residentes de la capital y sus alrededores, acostumbradas a tener agua del grifo de buena calidad, recurrieron en masa al agua embotellada para beber y cocinar.

Según los datos oficiales, el embalse de Paso Severino -el principal reservorio de agua dulce para la zona- llegó el 5 de julio a su mínimo histórico, con apenas 1,1 millones de metros cúbicos de un total de 67 millones de capacidad. Y hubo días, en los últimos meses, en que los valores de sodio y cloruro superaron incluso los máximos autorizados excepcionalmente, de 440mg/l y 720mg/l, respectivamente.

También, eran más altos los niveles de trihalometanos, compuestos químicos que se forman cuando el agua se desinfecta con cloro y que pueden ser dañinos si se consumen durante décadas. El Gobierno afirmó que el agua del grifo era segura, pero recomendó a las embarazadas y a las personas enfermas que no la bebieran.

Fuertes aguaceros en la región aliviaron la situación. Según el último balance oficial, al 22 de agosto, Paso Severino contaba con más del 50% de su capacidad y los valores de sodio y de cloruro estaban muy por debajo de los niveles permitidos.

El decreto del 19 de junio que declaró la emergencia hídrica posibilitó financiar dos litros de agua mineral por día a más de 500.000 personas consideradas vulnerables, así como exonerar de impuestos al agua embotellada que -según cifras oficiales- alcanzó una rebaja del 25% en su precio de venta al público. Además, facilitó la construcción de una nueva presa y tuberías para el trasvase de agua de un río a otro, obras que se pusieron en marcha el 10 de agosto.

Lacalle Pou estimó un gasto de "cerca de 70 millones de dólares" para paliar la crisis y anunció la pronta puesta en marcha del Proyecto Arazatí.

OSE anunció el miércoles la adjudicación de esta obra a un consorcio de empresas nacionales e internacionales. El proyecto prevé construir una planta de toma y potabilización de agua del Río de la Plata a la altura de la playa Arazatí, unos 100 km al oeste de Montevideo.

Esto permitirá dotar al sistema metropolitano de una nueva fuente de abastecimiento de agua, aseguró la entidad en un comunicado. Actualmente, la única fuente para suministrar agua a Montevideo y alrededores es la cuenca del río Santa Lucía. La iniciativa es cuestionada por el sindicato de OSE y la oposición, por considerarla una privatización del recurso.