El gobierno federal consiguió formalizar compromisos con Estados Unidos para proteger los derechos de trabajadoras y trabajadores mexicanos en aquel país, así como ampliar el número de visas laborales para nuestra población, sostiene Marath Bolaños López, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Finalmente, se está entendiendo que la migración no es un problema, sino un fenómeno a atender en aras de generar una mejor relación económica”, dice en entrevista. Y ese fenómeno también es laboral.

“Por primera vez en la historia de México y Estados Unidos”, recalca, “se habla de manera abierta de construir mecanismos de movilidad laboral regulada y ordenada”, porque es una necesidad mundial y regional.

La X Cumbre de Líderes de América del Norte de enero, de la que México fue sede, terminó con una condena al asalto de bolsonaristas al Congreso de Brasil, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con acuerdos en materia de seguridad para el combate al tráfico de fentanilo y de diálogo con dueños de mineras canadienses.

Y, por supuesto, con resoluciones en uno de los grandes temas: migración. Pero, como lo señala Marath Bolaños, esta vez el gobierno mexicano y el estadounidense lo abordaron también desde el enfoque laboral. “Es bastante oportuno que se haya planteado como un tema primordial en la agenda entre nuestras naciones”, señala.

En los acuerdos, “la Secretaría de Trabajo tuvo un papel importante. Pudimos plantear varias cuestiones importantes” y lograr, entre otros puntos, la firma de un memorándum de entendimiento “que formaliza lo que ya por la vía de los hechos habíamos avanzado”, sostiene.

Con dicho documento, la movilidad laboral tendrá un mayor respaldo y seguridad en los flujos migratorios, detalla. El memorándum se firmó en seguimiento a la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, de junio de 2022.

En octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció que otorgará 66,000 visas adicionales H-2B para trabajos no agrícolas en el año fiscal 2023.

Esto, que beneficiará a los trabajadores y las trabajadoras mexicanas, “se logró por la intermediación del gobierno mexicano”, apunta Marath Bolaños. En otras ocasiones se había intentado, pero Estados Unidos no lo había aceptado, explica.

“El aumento ayudará a resolver la necesidad de trabajadores temporales y reducir la migración irregular”, señaló el DHS al anunciar el incremento de visas.

Esta política migratoria de trabajo temporal lleva varias décadas y ha beneficiado a las economías y a millones de personas en ambos países. No obstante, la fuerza laboral ha tenido una condición vulnerable por las reglas con que opera el programa y por el desaire con el que los gobiernos estadounidenses habían respondido a las demandas de violaciones a derechos humanos.

Recientemente, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos modificó las reglas para las visas de empleo temporal agrícola H-2A para disminuir esa situación. Y el DHS ha ofrecido que, si las personas trabajadoras migrantes denuncian estos casos, podrán permanecer en el país por dos años.

Para la STPS, la firma de este plan de acción es un apoyo para las tareas de defensa de los trabajadores y las trabajadoras mexicanas en Estados Unidos, comenta al funcionario federal. Bajo ese acuerdo podrán crear mecanismos “para atender denuncias y quejas, actuar en casos de malos tratos por parte de empleadores”.

En suma, este documento será una “plataforma de movilidad laboral que ayude al Servicio Nacional de Empleo (SNE) a acercar las vacantes y apoyar los procesos de reclutamiento con mayor certidumbre, con aval de ambos países”, señala Marath Bolaños.

También habrá “mayor acompañamiento de ambos gobiernos. En particular de nosotros, de la Secretaría de Trabajo desde el SNE”, asegura.

La administración del presidente López Obrador creó en 2019 la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, integrada por ocho secretarías de Estado —entre ellas la STPS— y ocho dependencias y organismos más.

“Nuestra responsabilidad es acercar las oportunidades de empleo a la población migrante y solicitante de refugio”. Marath Bolaños dice que la STPS les atiende a través del SNE y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF).

Sin embargo, para que puedan ser beneficiadas, las personas deben ya contar con la condición de refugio que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM).

En el marco de la Cumbre, la STPS le presentó a Estados Unidos algunos de los resultados de JCF y lo siguió impulsando como una política pública que atienda las causas de la migración forzada. “Hay un reconocimiento muy amplio del gobierno estadounidense de este programa, que genera oportunidades de trabajo en los lugares que son lugares expulsores de migrantes”, ya sea en México o en Centroamérica, detalló.

Jóvenes Construyendo el Futuro se está implementado en Honduras y El Salvador de la mano de la SRE y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexic). En Guatemala próximamente se pondrá en marcha y se ha hablado de la posibilidad de operarlo en Estados Unidos, de acuerdo con el funcionario.