Bajó del barco en Lajas Blancas, uno de los primeros municipios panameños tras cruzar el Tapón del Darién, fronterizo con Colombia. Iba con su hijo de ocho meses y su marido. Pensaba que, tras cruzar la peligrosa selva, la pesadilla había terminado. Pero no. Un hombre con pasamontañas la asaltó a ella y a su familia y, además de robarles el dinero y los documentos, la violó frente a ellos.

Un examen médico de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) confirmó los hechos.

Es el testimonio de una mujer haitiana de 26 años de octubre de 2021. Una historia que sigue vigente hoy día, ya que es una realidad a la que muchas migrantes aún se tienen que enfrentar si deciden cruzar la agreste selva del Darién.

Además de estar sometidas a trata de blancas, prostitución y abusos sexuales de todo tipo por parte de organizaciones criminales durante el trayecto por la selva, también están sometidas a la violencia sexual por parte de las mismas autoridades panameñas, según indica un reciente informe de Naciones Unidas.

La organización aseguró haber recibido reportes de abusos sexuales en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM), a cargo de los funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá.

"En las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) de Panamá las personas migrantes que llegan a través del Darién se encontrarían supuestamente privadas de libertad, en condiciones deplorables e insalubres, y expuestas a situaciones de abuso por parte de las autoridades que gestionan estos centros", apunta el informe.

Y es que, además de los abusos sexuales, las migrantes también estarían expuestas a privación de libertad y a condiciones "deplorables". Un trato que, de ser constatado, sería un atentado directo de las autoridades panameñas contra los DD. HH de los migrantes.

Acusaciones que, por otra parte, el Gobierno de Panamá ha negado de plano por el momento. 

"El Gobierno nacional rechaza de la manera más enérgica los señalamientos que tratan de desvirtuar la labor humanitaria que las entidades panameñas, con la colaboración de los organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, realizan a favor de la atención de las personas migrantes que ingresan por la frontera colombo-panameña", argumentó el Ministerio de Seguridad Pública en un comunicado difundido el lunes. 

El ministerio basó su respuesta en la ausencia de denuncias contra las autoridades panameñas, algo que, según indican los expertos, no prueba que estos vejámenes no se hayan llevado a cabo. En el documento las autoridades también aseguraron que, de probarse los abusos, "el Gobierno llevará a cabo las investigaciones pertinentes hasta las últimas consecuencias".

Una pesadilla que sigue después de cruzar la selva

"Es como vivir el infierno en la tierra". Así definen muchos la experiencia de cruzar la selva del Darién. Un viaje en el que decenas pagan un precio muy alto, en muchas ocasiones incluso su propia vida, para conseguir llegar a Estados Unidos.

Pero, si consiguen cruzarla, muchos siguen sin estar a salvo. Cuando llegan a Panamá, las autoridades fronterizas trasladan a los migrantes a las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM). Las instalaciones de estos centros son deficientes, según señaló Naciones Unidas, muchos no tienen agua potable y "su alimentación sería limitada, a veces debido a la acción supuestamente deliberada de las autoridades a cargo de las ERM".

Según relata Naciones Unidas, las autoridades panameñas organizan, junto a una empresa privada, el transporte de los migrantes desde los ERM hasta la frontera con Costa Rica. El precio del trayecto es de 40 dólares y muchos no lo pueden pagar. Algo que, según las acusaciones, algunos funcionarios aprovechan para abusar de mujeres.

"Según estas denuncias, el personal del SNM y del SENAFRONT habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente que carecen de dinero para afrontar los costes del transporte, con la promesa de permitirles subir a los autobuses coordinados por las autoridades panameñas para que puedan así continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica", se lee en el documento.

Y es que las migrantes no tienen muchas opciones más allá de subirse a ese autobús. Durante la travesía por la selva, a muchos les roban todas sus pertenencias, incluyendo documentos de identificación y dinero.

Además, la relatoría de la ONU asegura que a los migrantes no se les permite salir de los centros. Un panorama en el que, además de ser privadas de libertad -algo que de ser probado sería una violación de DD. HH.-, la única vía para seguir el trayecto es subirse al autobús. 

"De especial preocupación resultan las alegaciones sobre violencia hacia las personas migrantes alojadas en las ERM, incluidas las alegaciones sobre violencia sexual", asegura la relatoría de la ONU.

Este tema causó revuelo inmediato en Panamá, y el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, no tardó en pronunciarse el sábado después de la primicia del periódico 'El País' y la agencia de noticias EFE.

"Esto se va responder, porque Panamá trabajó estos temas desde el año 2020 con el Ministerio Público que está en los campamentos de recepción, y no hay ninguna denuncia formal por violación en contra de funcionarios de ambas instituciones", dijo Pino a la cadena panameña 'TVN Noticias'.

Pero es que, como señala el propio documento de la ONU, poner una denuncia es muy complicado. 

"Los informes recibidos también mencionan que las personas migrantes que solicitan información en las ERM sobre la Defensoría del Pueblo para interponer una denuncia habrían sido supuestamente objeto de abuso físico y verbal por parte de los agentes del SNM y del SENAFRONT", sostiene Naciones Unidas. 

Esto, junto al hecho de que poner una denuncia implica pasar más días en el centro e incluso verte sometida a que te separen de tus familiares e incluso interpongan castigos, disuade a las víctimas de denunciar.

La situación de los migrantes en general y de las mujeres migrantes en particular es muy preocupante en esta ruta. Ellas están sometidas a la violencia criminal por el hecho de ser migrantes y también de ser mujeres. Una doble carga que podría triplicarse de probarse esta violencia por parte de las autoridades panameñas.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) apunta que, solo en 2022, recibieron a 39.507 migrantes para consultas médicas y de enfermería y registraron al menos 2. 600 consultas de psicología clínica, el 70% de las cuales fueron personas que llegaron a consulta tras sucesos relacionados con violencia.

En 2021 se registraron más de 300 casos de abuso sexual contra mujeres; y entre enero y junio de 2022, más de 140 casos durante la travesía.

"La prevalencia de la violencia de género contra las mujeres migrantes, en particular las afrodescendientes, sobre todo las de origen haitiano, que se encuentran en tránsito por el territorio del Estado parte en el Tapón del Darién, en forma de desapariciones, violaciones, intimidación y amenazas por parte de agentes armados no estatales, y los obstáculos que encuentran las supervivientes para acceder a la justicia y los recursos, la atención psicosocial y sanitaria y la reparación es una realidad", apunta el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

La desprotección total en esa selva es una realidad para muchas. Los sistemas de reparación y Justicia prácticamente son inaccesibles. Es una crisis humanitaria que, una vez más, se ha convertido en una crisis de género.